Vox denuncia a la organizadora de una carrera donde se mostraron fotos de etarras
La formación le acusa de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a la dignidad de las víctimas
El presidente de Vox, Santiago Abascal. | Europa Press
Vox ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra la organizadora de la carrera denominada ‘Korrika’, celebrada el pasado 21 de marzo en diferentes municipios de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, donde se exhibieron más de 60 imágenes de miembros de ETA.
La formación que lidera Santiago Abascal ha informado en un comunicado que ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional a la entidad organizadora del acto Euskaraz Kooperatiba Sozietatea (AEK), una iniciativa en favor del euskera, por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a la dignidad de las víctimas.
La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha dirigido la denuncia contra la organizadora por exhibir fotografías de Txapote y otros miembros de la banda terrorista, y ha pedido que se interrogue a quienes resulten identificados en los vídeos, portando las imágenes y pancartas.
También ha reclamado que se oficie a los ayuntamientos donde se celebraron las carreras para que remita el expediente completo de autorización del evento, así como la solicitud de informes a las autoridades competentes de Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza para que remitan informes sobre el desarrollo del acto, con datos sobre los asistentes, medidas de seguridad adoptadas y cualquier incidente registrado.
«No hay muestras de arrepentimiento»
Vox destaca que «ninguno de ellos ha mostrado arrepentimiento por sus actos, ni tampoco ha condenado los de la banda terrorista ETA», y advierte al juzgado de que la exhibición de fotografías de asesinos de la organización ETA «en un acto que pretende ser festivo, es más allá de una muestra de apoyo y alabanza, una reivindicación y aprobación de los actos delictivos realizados por ellos».
Y añaden al juzgado que «no cabe justificación alguna, pues frente al inexistente derecho de libertad de expresión que invocan o que incluso se habrá justificado por los respectivos ayuntamientos, el derecho confrontado es la dignidad de las víctimas de terrorismo», además del «rechazo social absoluto al empleo de la muerte de otra persona en aras a motivos políticos, como es este caso».
