Sánchez visita el Valle de los Caídos y recurrirá las leyes de memoria de PP y Vox ante la ONU
El Gobierno también ha anunciado que las elevará ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Valle de los Caídos | Moncloa (Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este jueves el laboratorio forense en el Valle de los Caídos, que pasó a denominarse Cuelgamuros después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, para conocer de primera manos los trabajos del equipo forense que trabaja en la exhumación de 160 víctimas.
Sánchez ha acudido por sorpresa, ya que esta visita no figuraba en la agenda oficial del Gobierno, junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que recientemente ha confirmado que el 23 de abril el Consejo de Ministros aprobará varias medidas para seguir desarrollando la Ley de Memoria y continuar con los trabajos de exhumación.
Según ha indicado el Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha acudido al Valle de los Caídos para conocer de primera mano los trabajos que se están llevando a cabo por el equipo forense para la exhumación de 160 víctimas «cuyos restos han sido reclamados por sus familiares y que se encuentran en las criptas de este inmueble adscrito a Patrimonio Nacional«, señalan.
Tras recorrer la nave central de la basílica junto al ministro y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, Sánchez ha accedido al laboratorio forense y, posteriormente, a las criptas o columbarios donde se encuentran los restos. En las labores de localización e identificación participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y más de 20 investigadores especialistas en historia, arqueología y genética.
Localización de las cajas
En el laboratorio, el equipo forense les ha explicado las labores que allí se realizan, que consisten, principalmente, en la localización de las cajas rotuladas solicitadas que se encuentran en los columbarios, el estudio antropológico, odontológico y radiológico de los restos extraídos, la toma de muestras para el análisis de ADN, y la elaboración de informes, fotografías y vídeos del proceso.
Dentro de las actuaciones que contempla la Ley de Memoria Democrática, está la «resignificación» como futuro centro de interpretación memorialista del Valle y la extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz que previsiblemente conllevará la expulsión de la congregación de monjes benedictinos que actualmente residen allí.
En el interior de los columbarios, Sánchez ha podido ver ‘in situ’ los trabajos realizados, la disposición de las cajas con los restos en posición original, que se encuentran «muy deterioradas», y las nuevas cajas, dado que se aprovecha la actuación para mejorar la ubicación de los restos, según indica el Gobierno.
El pasado mes de marzo, en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Torres, señaló que, hasta ese momento, las labores de recuperación habían dado como resultado el hallazgo de la caja 198, y la exhumación de las 12 víctimas asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila). De ellas, 11 han sido identificadas genéticamente y se han podido entregar sus restos a las familias.
Leyes de Memoria de PP y Vox
El Gobierno recurrirá ante varias instituciones europeas e internacionales las iniciativas autonómicas sobre memoria, impulsadas por los gobiernos de coalición de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana; al considerar que son contrarias a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez elevará esta cuestión –«por su gravedad»– ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, ante el Parlamento Europeo y también ante el Consejo de Europa, según han indicado fuentes de Moncloa. Además, el Gobierno ya anunció esta semana que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si estas comunidades no retiran los puntos de las iniciativas que a su juicio vulneran el espíritu de la Ley de Memoria.
En Naciones Unidas, el Gobierno recurrirá a ambos relatores para que evalúen la conformidad de estas medidas «con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos», según indican las citadas fuentes. En la Eurocámara, promoverán iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento para su debate y votación por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas.
Asimismo, en el Consejo de Europa, invocarán «la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos» y además promoverán un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria de este organismo «para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox».
