El PP sopesa no llevar al Constitucional el conflicto con el Congreso por la amnistía
Letrados de las Cortes ven «muy raro» que planteen el requerimiento y después «lo dejen morir»
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la portavoz popular en el Senado, Alicia García | Europa Press
El Partido Popular sopesa no llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencias con el Congreso de los Diputados por la tramitación «irregular» de la proposición de ley de amnistía del PSOE, que se vota este miércoles en el Senado, y esperar a su aprobación final en el Congreso de los Diputados. Las fuentes populares consultadas por THE OBJECTIVE creen que quizás sería más eficaz esperar a aprobar el texto definitivo, que plantear este recurso en la mitad de la tramitación. Sin embargo, fuentes de los letrados de las Cortes no entienden que planteen un requerimiento para después «dejarlo morir. Es muy raro».
A los populares se les presenta ahora un doble escenario para que la ley de la amnistía, una vez que salga aprobada definitivamente del Congreso de los Diputados a partir del 16 de mayo, llegue al Tribunal Constitucional. El reloj empezará a correr este miércoles, cuando el Pleno del Senado, con la mayoría absoluta del Grupo Popular, apruebe el requerimiento al Congreso sobre un conflicto por la tramitación que la Cámara Baja ha realizado con la iniciativa del PSOE sobre la amnistía.
El PP, en su escrito, requiere «formalmente al Congreso de los Diputados a que proceda a la retirada de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, por entender que su tramitación provoca un conflicto de atribuciones con el Senado al tratarse de una reforma constitucional encubierta«.
Una vez aprobado por el Senado, esta petición se traslada al Congreso que cuenta con un mes para pronunciarse. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, puede trasladar este requerimiento a la Mesa y que ésta se muestre a favor o en contra. La segunda opción es no decir nada y dejar que corra el plazo de un mes. En este caso, el Senado entenderá que se ha producido un silencio administrativo y tendrá que tomar una decisión. La alternativa es conformarse con la negativa de Armengol o el silencio administrativo; o, por el contrario, plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional. Todo ello tiene que hacerlo antes del 16 de mayo, que es cuando finalizan los dos meses de plazo para la tramitación de la proposición de ley de amnistía en el Senado.
El segundo escenario es esperar a que finalice la tramitación total de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. En el Senado, el PP ha anunciado un veto y la mayoría absoluta rechazará la ley que pasará al Congreso, siendo aprobada por la mayoría del PSOE y de sus socios de izquierda. Será entonces cuando el PP podría presentar el recurso ante el Constitucional.
En la sede nacional del PP todavía debaten el momento en el que presentarán el recurso, y no tienen una decisión tomada. «Con la ley de amnistía acabaremos en el Tribunal Constitucional, sin ninguna duda. Otra cosa es que lo hagamos vinculado a este conflicto competencial o que lo hagamos con la ley ya aprobada. Esto no está decidido», insisten las fuentes consultadas del Partido Popular. «Hacerlo con carácter previo puede ser que haya un pronunciamiento del Constitucional antes de que la ley se apruebe en el Congreso y eso pueda complicar otras vías judiciales, como la cuestión prejudicial que se presentaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No es igual con un pronunciamiento del Constitucional que defienda la ley, que hacerlo antes de que se pronuncie».
Esta estrategia del PP ha desconcertado a letrados de las Cortes que señalan la «incongruencia» de los populares porque «si requieren al Congreso que retire la proposición, y lo dejan morir, lo vemos rarísimo». No entienden que abran la vía del conflicto competencial pero no lleguen hasta el final, acudiendo al Constitucional.
En relación a la tramitación en el Senado, este jueves finaliza el plazo para que los grupos parlamentarios presenten su lista de comparecencias en la ponencia que analiza esta ley. Una vez aprobadas, del 16 al 30 de este mes se producirán las comparecencias, que el PP tiene ocho, tres el PSOE y una por cada grupo minoritario. El 6 de mayo se reunirá la ponencia de la ley para ver el resultado de la comparecencia y el informe sobre el veto.
