Alay, asesor de Puigdemont, acusa al juez de prevaricar y le pide que amnistíe la «trama rusa»
Con la amnistía ya en vigor, el juez acordó abrir una nueva pieza sobre la injerencia rusa en el ‘procés’
Josep Lluís Alay, asesor del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha pedido al juez del caso Volhov que «sin más dilaciones ni maniobras de ningún tipo» aplique la amnistía y archive la pieza que ha abierto de forma «ilegal», «prevaricadora» y «desobediente» sobre las supuestas injerencias rusas en el ‘procés‘.
Así lo sostiene el abogado de Alay, Gonzalo Boye, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, en el que advierte de que cualquier solución que no sea la aplicación de la amnistía en esta causa no será más que una «interpretación arbitraria y aberrante» y que ello podría acarrear consecuencias penales para el juez Joaquín Aguirre.
Con la amnistía ya en vigor, Aguirre acordó el pasado 21 de junio abrir una nueva pieza sobre la injerencia rusa en el ‘procés’, después de que la Audiencia de Barcelona le ordenase cerrar la que tenía abierta, e implicó por los delitos de traición y malversación a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, además de a Alay, entre otros.
Alay remarca en su escrito que la decisión del juez de abrir esta nueva pieza «no solo no es ajustada a derecho» sino que es «ilegal» y «abiertamente prevaricadora y desobediente» y además «se ha gestado a partir de un uso indebido de fondos públicos para mantener una persecución política que no es compatible con las reglas de un Estado democrático y de derecho».
«Nos hallamos ante una suerte de telenovela en la que se van entrecruzando distintos relatos, incluidas ideaciones fantasiosas o ensoñaciones impropias de una investigación judicial», denuncia Boye en su escrito, en el que acusa al juez de «burlar» la orden de la Audiencia de Barcelona de frenar la investigación sobre la denominada «trama rusa», con una «maniobra» consistente en crear una «ficción procesal».
Boye recrimina al juez el «fraude procesal» y el «escaso nivel técnico-jurídico» de su resolución, su forma de proceder «arbitraria» así como su «variabilidad de criterio» y su «escaso rigor jurídico», y da por hecho que, debido a su «falta de neutralidad», pretende «inaplicar» la amnistía.
«Existe una innegable intención de incumplir la ley y la voluntad del legislador», denuncia el escrito, en que la defensa de Alay sostiene que el juez Aguirre pretende aplicar «indebidamente una excepción que no parece haber sido correctamente analizada». En este sentido remarca que los hechos vinculados a la supuesta «trama rusa» encajan en la ley de amnistía y vaticina que la «nueva insólita aventura procesal» del magistrado tendrá un «escaso o nulo recorrido».
Boye insiste que en este caso no se dan las condiciones que la ley prevé para excluir la aplicación de la amnistía en el delito de traición: que se haya producido una amenaza efectiva y real en contra de la integridad territorial o la independencia política de España y que además se haya concretado en un «uso efectivo de la fuerza».
Para la defensa de Alay, «nada de lo descrito por el juez» en el auto en que abrió la nueva pieza sobre la trama rusa cumple con los requisitos que el legislador ha previsto para que sea de aplicación «la exclusión pretendida por el magistrado instructor y sus asesores externos».
«Aunque se quiera insistir en ello, nada de lo sucedido en Cataluña estos años -al menos, nada de lo atribuido al movimiento independentista-, entra dentro de lo que podría, siquiera de lejos, estar incluido» en las excepciones para aplicar la amnistía por el delito de traición, sostiene. Y es que, según Boye, «es evidente que un uso efectivo de la fuerza no ha sucedido más allá de en una dimensión paralela a la realidad».