Desconcierto entre los militares al alterar el Gobierno la cadena de mando en Valencia
Malestar en algunos mandos al ver que el Jemad y su Mando de Operaciones quedan al margen en la gestión de la crisis
El general jefe de la UME, Javier Marcos, en su comparecencia de este lunes en la Moncloa. | Foto: EFE
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de imponer la presencia del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, en la crisis por la tragedia de Valencia en vez del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, y su Mando de Operaciones (MOPs) ha provocado desconcierto tanto en el departamento de este último como en la cúpula de los tres ejércitos, según fuentes castrenses consultadas por THE OBJECTIVE.
«No es la manera de hacer frente a una crisis. No tiene lógica y chirría bastante», advierte a este medio un antiguo alto mando del Ejército tras ver cómo el jefe de la UME era colocado tanto en el comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA como en uno de los cinco grupos de respuesta inmediata creados de urgencia el pasado sábado por el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, para gestionar la lucha contra los devastadores efectos de la riada de hace una semana.
Se da la circunstancia de que ahora el general Marcos está solicitando ayuda a las direcciones de los ejércitos -en especial el de Tierra- de los que es subordinado en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, aunque la UME es un órgano teóricamente independiente de los tres ejércitos al estar supeditado al control de Defensa. Si bien las citadas fuentes coinciden en que esta unidad, formada por 3.000 efectivos, es «la punta de lanza» ante cualquier inundación, incendio forestal o nevada que se produzca en el territorio nacional, también hacen hincapié en que una vez que se han sumado militares de otras unidades le corresponde al Estado Mayor de la Defensa, y concretamente al MOPs dirigido en la actualidad por el general José Antonio Agüero, asumir el mando de la misión.
Sin embargo, esto último no ha sucedido por decisión del Gobierno, a pesar de que el despliegue militar implica ya a más de 7.800 efectivos, de los cuales unos 5.000 forman parte de Tierra. Y eso que Mazón tomó la palabra a Sánchez cuando este último le dijo que pidiese cuantos recursos estimase necesarios para hacer frente a la tragedia.
El barón autonómico del PP solicitó la presencia en Valencia de cinco ministros y del almirante López Calderón para que el jefe de los ejércitos se pusiese al frente del dispositivo autonómico de seguridad. Pero Moncloa se negó en redondo en ese punto. «Respecto a la coordinación de las Fuerzas Armadas desplegadas en la Comunidad Valenciana en un supuesto de emergencia como el que vivimos en este momento, recordamos que el máximo responsable es el general jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos», replicaron fuentes del Gobierno citadas por Efe.
Un novedoso escenario del que discrepan algunas fuentes militares. «El comandante del Mando de Operaciones es el responsable y encargado de coordinar todas las tareas de las Fuerzas Armadas, tanto en el exterior como en cualquier otro tipo de misión. Y el MOPs depende del Jemad», subraya un general en la reserva bajo condición de anonimato y «sorprendido» ante la evidencia de que Margarita Robles ha apartado al máximo responsable militar y al general Agüero en el mayor despliegue castrense desde la operación Balmis contra el coronavirus en 2020.
Hay otras fuentes castrenses que justifican echar mano de la UME para este cometido. «No han querido mezclar mandos operativos para operaciones en el exterior con el operativo interno de Valencia. Para eso ya está la UME», esgrimen en el entorno de la ministra, al tiempo que inciden en que Robles aún cuenta con el cartucho del Jemad -y por ende de su equipo del MOPs- si Mazón decidiese solicitar a Sánchez la aprobación del estado de alarma o la declaración de emergencia nacional en la zona afectada por el mortífero temporal.
Esta sensación de que el Ejecutivo no ha querido emplear a fondo todos los resortes militares a su alcance se sustenta, además, en dos leyes que se han pasado por alto en esta crisis de Valencia. La ley del Sistema Nacional de Protección Civil, aprobada en 2015, define en su artículo 28 las emergencias de interés nacional. En concreto, las que requieran la aplicación de las leyes de alarma, excepción y sitio, las que afecten a varias comunidades autónomas y las que, por sus dimensiones, requieren una dirección nacional.
Así, el artículo 29 determina que declarar esta emergencia corresponde al ministro del Interior por iniciativa propia o a petición de las regiones o delegados del Gobierno. Es más, el artículo 30 subraya que el titular de ese ministerio asume «la dirección, coordinación y gestión» de todos los recursos estatales y que podrá requerir la colaboración de cualquier Administración pública. Y por si no queda claro, el artículo 34 especifica las competencias de dicho ministro en una situación así. Y entre ellas, disponer la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y solicitar la colaboración de las Fuerzas Armadas.
También está la ley orgánica de Defensa Nacional, aprobada en 2005 con el socialista José Bono de ministro, y en cuyo artículo 6 se indica que corresponde al presidente del Gobierno «la dirección de la política de defensa y la determinación de sus objetivos, la gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa y la dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza». Y en ese punto se hace hincapié en que el jefe del Ejecutivo «ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas, así como disponer su empleo».
La comparecencia del jefe de la UME
Ajeno a todo ello, el jefe de la UME compareció este lunes en Moncloa junto a la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, tras la reunión del comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA. «Estamos en cada puerta, en cada calle, y en la que no estemos hoy, estaremos mañana. No nos dejamos a nadie atrás», prometió ante los medios de comunicación.
Además, el general Marcos explicó el protocolo que siguió el día que comenzó la riada: «El día en el que se desencadenó la emergencia, la UME ya venía siguiendo la situación meteorológica. Yo tengo dos herramientas legales: la alerta temprana y el despliegue adelantado. Cuando vi lo que se podía venir encima, empleé esas herramientas legales de manera que al batallón número 3 de la base Jaime I en Bétera, Valencia, le ordené inmediatamente que todos los soldados fueran a sus puestos, aproximadamente 500 militares» que pudieron entrar en la zona de Utiel y Requena.
También ordenó el despliegue adelantado para que cuando llegase esa autorización legal, estuviesen «en condiciones de entrar en la zona de emergencia inmediatamente», precisó el jefe de la UME. La Generalitat valenciana dio la luz verde «en minutos» y tras su orden de salir a la zona de emergencia, solo hubo una demora de 15 minutos. Pero ese dispositivo inicial fue insuficiente ante la magnitud de la tragedia en la zona anegada por la crecida en el barranco del Poyo.
