España estrena embajada en Venezuela tras cuatro años vacía y nueve millones gastados
Exteriores inicia una mudanza gradual a la nueva legación diplomática que culminará el nuevo embajador
El embajador Ramón Santos y trabajadores de la legación guardan un minuto de silencio por las víctimas de la DANA en España en la nueva embajada. | Foto: RRSS Emb. en Venezuela
El Gobierno ha dado luz verde a la apertura de la nueva embajada en Venezuela. Un edificio cuyas obras terminaron hace cuatro años y en el que se gastaron nueve millones de euros: seis para la compra del mismo a finales de 2018 y tres para la posterior reforma, cuyas obras concluyeron en la primavera de 2020 después de tramitarse mediante un procedimiento de emergencia por razones de seguridad… y que a la postre no era tan urgente a tenor de las dilaciones.
Ubicado en Chacao, uno de los centros financieros de la capital venezolana, el inmueble cuenta con cuatro plantas de 562,7 metros cuadrados de superficie cada una, tres sótanos y una parcela de 1.875 metros cuadrados. Fue adquirido al Banco Nacional de Crédito (BCN)-Banco Universal, según se detalló en la escritura de compra-venta, adelantada por El Independiente y OkDiario y según confirmaron a este medio fuentes diplomáticas.
La mudanza a las nuevas instalaciones empezó en septiembre y está siendo gradual, según indican estas fuentes a THE OBJECTIVE, coincidiendo con el relevo del embajador ya que el diplomático Álvaro Albacete se incorpora esta semana a su nuevo puesto en sustitución de Ramón Santos. Los funcionarios de las consejerías ya se han instalado en la nueva legación diplomática, pero el consulado general sigue ubicado en otro punto de la capital venezolana por las «reticencias» de su titular, Marcos Rodríguez, a cambiar de sede.
Las obras de la nueva embajada tuvieron una desviación presupuestaria del 15% con respecto al proyecto aprobado inicialmente, pero lo sorprendente es que el edificio haya estado completamente vacío y sin poder utilizarse durante cuatro años pese a que la Oficina de Información Diplomática (OID) confirmó a este diario en noviembre de 2021 que las obras se consideraban «finalizadas por parte de la empresa constructora».
Sin embargo, los años fueron pasando y la mudanza no terminaba de hacerse. La OID subrayó hace un año que los retrasos se debían «a cuestiones administrativas relativas a permisos y autorizaciones de carácter técnico», si bien confiaba en que se resolvieran «en los primeros meses del año próximo», aunque ha habido que esperar a finales de este 2024 para su apertura. Una inauguración que se ha hecho sin pompa ni boato, en un momento muy delicado de las relaciones bilaterales tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Mientras estuvo cerrado el edificio, el departamento de José Manuel Albares siguió invirtiendo dinero en él tras la conclusión de las obras. Por ejemplo, en enero de 2023 se destinaron 149.000 euros (sin IVA) para la instalación de «medidas de seguridad electrónica» en el complejo que albergará la Cancillería, el Consulado y el resto de oficinas sectoriales. En abril del año pasado, hubo otro contrato por valor de 37.954,29 euros (sin IVA) para la reparación de las cubiertas en la cancillería y en agosto, el Gobierno aprobó una partida adicional de 11.869 euros (IVA incluido) para el «servicio de mantenimiento reactivo en el sistema de seguridad» de las nuevas instalaciones.
Las fotografías del lugar a las que tuvo acceso THE OBJECTIVE hace tres años mostraban el edificio completamente remodelado y aparentemente listo para empezar a utilizarse -ver abajo-. Testigos confirmaron a este diario que desde abril de 2021 no había obreros en la zona.
El interior del edificio también se encontraba aparentemente terminado, sin maquinaria de obra en sus salas y despachos. También se observó una pequeña parte del mobiliario de trabajo que iban a necesitar los diplomáticos y funcionarios de las distintas dependencias de la Embajada cuando se mudasen a la nueva sede, en la que está previsto dar servicio público a los casi 140.000 españoles que residen en Venezuela.
La compra del inmueble se produjo con Jesús Silva como embajador en Venezuela en diciembre de 2018. Ante la creciente inestabilidad que vivía el país sudamericano, Exteriores decidió comprar el edificio con la idea de unir en un mismo edificio, con mejores condiciones de seguridad, a todo el personal diplomático de la cancillería, el consulado general, la consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la oficina comercial y otras agregadurías. La idea y posterior ejecución de esta operación inmobiliaria partió de la entonces subsecretaria, Ángeles Moreno, que en la actualidad ostenta el cargo de embajadora en Washington tras haber sido número dos del ministerio como secretaria de Estado de Asuntos Exteriores.
En agosto de 2017, el edificio principal de la actual embajada de España en Caracas había sufrido un ataque con cócteles molotov. Además, la legación española tenía varias sedes separadas en diferentes y alejados sectores de la capital venezolana, lo que dificultaba su operatividad, y las condiciones de seguridad de todas ellas se consideraron «deficientes» cuando se ejecutó la compra y remodelación del nuevo edificio.
«Se puso de manifiesto que las instalaciones de la representación de España en Caracas no disponían de los elementos imprescindibles para garantizar el normal funcionamiento de la sede diplomática en la situación de conflicto en la que se encuentra el país, ni cuenta con dependencias seguras para que presten sus funciones de protección los funcionarios y cuerpos de policía enviados desde España», explicó el Consejo de Ministros dos años después de la compra del edificio.
Precisamente, por considerarse una situación de «grave peligro», las obras de reforma del inmueble se adjudicaron a dedo mediante un procedimiento de emergencia: el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público permite a la Administración otorgar contratos «sin sujetarse a los requisitos formales establecidos» como ha ocurrido recientemente en la embajada española ante la Santa Sede, dirigida por la exministra Isabel Celaá. Una excepción legal contemplada para responder de manera inmediata a «acontecimientos catastróficos», situaciones «que supongan un grave peligro» o «que afecten a la defensa nacional».
La reforma, inicialmente presupuestada en 2,6 millones de euros, se adjudicó a la empresa Inversiones YC SA sin pedir al contratista ningún informe de solvencia económica antes de otorgarle la obra, según confirmó el propio Ministerio de Asuntos Exteriores en respuesta a una solicitud de información tramitada a través del Consejo de Transparencia. «Al tramitarse el expediente solicitado por el interesado dentro del marco del artículo 120 citado, se prescindió de los requisitos formales», indicó el departamento de Albares en su respuesta.
«La embajada, al frente de la cual se encontraba en ese momento Jesús Silva, seleccionó en el año 2019 a la empresa Inversiones YC SA por ser conocedores de su trabajo, algo que consideró imprescindible en las circunstancias existentes en ese momento», añadieron fuentes diplomáticas consultadas por este diario.
La desviación presupuestaria
La compra y la remodelación del inmueble que albergará la nueva embajada de España en Caracas no se conoció hasta finales de 2020. Concretamente el 9 de diciembre de ese año, cuando el Consejo de Ministros hizo público un acuerdo para la «ampliación de la declaración de emergencia» de las obras y un aumento del gasto de 396.564 euros con respecto al presupuesto inicial, elevando el coste total de la reforma hasta un total de 3.026.309 euros.
Además, en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros, se alargaba en al menos cuatro meses y tres semanas una obra que inicialmente iba a durar diez meses, a contar desde julio de 2019. «Durante el transcurso de las obras de emergencia, que se vienen desarrollando en medio de un clima de inseguridad agravado en los últimos meses como consecuencia de la pandemia de la covid-19, se han detectado nuevas necesidades en las mismas, por lo que el 22 de octubre de 2020, la empresa Inversiones YC SA, con la conformidad de la dirección facultativa, presentó un nuevo presupuesto», explicó el Ejecutivo en un comunicado.
En el momento en que se aprobó la ampliación presupuestaria del proyecto, el embajador Silva ya había abandonado Caracas y al frente de la embajada española se había quedado Juan Fernández Trigo, designado como encargado de negocios y que luego fue secretario de Estado para Iberoamérica a las órdenes de Albares. En la actualidad, está al frente de la embajada española en Lisboa.
En abril de 2021 el contratista dio por finalizadas las obras. El regreso de Fernández Trigo unos meses después a Madrid dejó descabezada la legación diplomática durante un tiempo, hasta que a principios de noviembre de ese año el Gobierno designó a Ramón Santos como nuevo encargado de negocios de la embajada española en Caracas. Puesto en el que luego fue ascendido a embajador en diciembre de 2022. Han tenido que pasar tres años con él al frente de la legación para que se haya producido la mudanza de la embajada, aunque todavía de forma parcial a la espera de que el consulado general se integre en ella.
