Igualdad admite desconocer cuántos cambios de sexo con la 'ley trans' se han denegado
Ana Redondo no lleva la cuenta de los casos que tilda de «fraude», pese a que había afirmado lo contrario
La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c) preside la Conferencia Sectorial de Igualdad este lunes en la sede del ministerio. | EFE
El pasado mes de septiembre, Ana Redondo, ministra de Igualdad, compareció en la Comisión de Igualdad del Congreso a petición del PP para explicar «las consecuencias de los graves errores generados en la redacción» de la ley trans. En su comparecencia, la sucesora de Irene Montero defendió la norma, alegando que «en el 99% de supuestos, la normalidad y el buen uso de la ley son la tónica» y culpando a los medios de comunicación de «dudosa fiabilidad» de las noticias que informan de varones que se sirven de ella con fines que no habían concebido sus impulsoras, o que podrían constituir, en su argumentario, un «fraude de ley».
Sin embargo, la ministra no dijo la verdad. Es decir, culpó a los medios de comunicación de mentir utilizando una mentira. Así se extrae de la resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en la que el propio Ministerio de Igualdad admite que no posee datos. El gabinete de Ana Redondo derivó la respuesta al departamento de Justicia del Gobierno, que confiesa que «corresponde al encargado del Registro Civil la apreciación de la posible concurrencia de un fraude de ley, no disponiéndose en este Centro Directivo de esos datos concretos».
La ministra también deslizó que casi 6.000 personas habían usado la norma en año y medio, de marzo de 2023 a septiembre de 2024. Una cifra también inverosímil si se tiene en cuenta que sólo en 2023 5.139 personas acudieron al Registro Civil para cambiarse de sexo. De ellos, 3.160, el 61,49%, eran hombres.
La ministra compareció tras descubrirse casos de hombres maltratadores que estaban esquivando la Ley Integral de Violencia de Género gracias a la ley trans. Desde entonces, los casos se han seguido produciendo, siendo el último el de un(a) militar trans de la base aérea de Alcantarilla (Murcia) que pegó a su pareja en un bar pero, pese a que había testigos y que la mujer tiene el parte médico de las lesiones producidas, se ha librado de la denuncia por violencia de género.
La persona denunciada tiene 52 años de edad y es mujer a todos los efectos legales, pues se cambió de sexo registral en 2023, tras entrar en vigor la ley trans. Su DNI también refleja su nueva condición. Sin embargo, mantiene su nombre original y su aspecto físico sigue siendo el de un varón. Es decir, es un trans no normativo.
‘Trans no normativos’
Los trans no normativos en España están aglutinados en la asociación TNN. Esta entidad, en conversación con THE OBJECTIVE, sostuvo que «este caso demuestra que no hay igualdad en España, y que la ley sólo se defiende a las mujeres heterosexuales, no a las mujeres lesbianas». «Por cosas como esta nos consta que se está denegando el cambio de sexo registral a muchos trans no normativos», añadió la persona que preside dicha entidad, Juanjo.
Juanjo aclaró también que no existe el «fraude de ley», y que la persona denunciada en Murcia habría hecho buen uso de la norma. «Nosotras no hacemos la ley, no somos responsables de ella. Los políticos son aforados por una ley, no los pueden juzgar en un tribunal de primera instancia, sino en el Supremo. Esto es legal, es la ley. ¿La utilización del aforamiento se considera un fraude de ley?»
La ‘ley trans’
La ley trans estipula que para cambiarse de sexo en nuestro país basta con acudir al Registro Civil con un DNI, el padrón y el certificado de nacimiento. Esto, además, puede hacerlo cualquier persona mayor de 16 años y con nacionalidad española. En un plazo máximo de cuatro meses se completa la solicitud. En aras de la «despatologización», no se requieren informes médicos ni psicológicos.
La ley trans contempla que todo aquel que cometa un delito de violencia de género no puede eludir una condena si modifica su sexo registral a posteriori, pero sí si lo ha hecho antes de cometer el hecho delictivo, como es el caso. Si se trata de un ataque de una mujer (trans) a otra mujer, el caso se juzga como un delito de lesiones. La denunciante, en este caso, pierde el derecho a una defensa gratuita.
Como son varios los casos registrados de maltratadores que esquivan la Ley Integral de Violencia de Género, las víctimas han pedido «una revisión y ajuste de los artículos» de la ley trans «que permiten acciones fraudulentas y situaciones dañinas para las mujeres, menores y las víctimas de violencia machista». Pero la ministra de Igualdad, en la citada Comisión en el Congreso, sostuvo que «a nadie se le ocurriría pedir la modificación o derogación de leyes porque cada día se produzcan decenas, o centenares, de abusos», e insistió en que, en su argumentario, el «fraude» en la norma «se detecta, se denuncia y se interviene».
