Sumar y Podemos piden a la UE que investigue las infiltraciones policiales en España
Irene Montero y otros 20 diputados envían una carta al comisario de Justicia que vincula estas prácticas a las «torturas»
La eurodiputada de Irene Montero
Irene Montero asume las tesis del independentismo en Bruselas. La eurodiputada de Podemos ha suscrito una carta dirigida al comisario de Justicia, Michael McGrath, para que se investiguen en España las infiltraciones policiales en movimientos sociales e independentistas que se han conocido en los últimos tiempos a través de la prensa. La misiva apunta directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien «admitió» -prosigue la carta- que «los nueve agentes expuestos pertenecían a la categoría de ‘agentes de inteligencia’». Una categoría, añade la carta, «que no está regulada en el ordenamiento jurídico español». Montero firma la carta que también suscriben otros 25 eurodiputados, entre ellos los representantes de Sumar, Jaume Asens y Estrella Galán.
También el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, y la eurodiputada de ERC, Diana Riba, enviaron el miércoles 12 de marzo la carta que desvela en exclusiva THE OBJECTIVE al comisario de Justicia: «Instamos a la Comisión Europea a que establezca mecanismos de supervisión estrictos, tanto a nivel nacional como de la UE, para garantizar la supervisión judicial, especialmente cuando estén en juego los derechos fundamentales». «Resulta profundamente preocupante que los casos identificados se hayan dirigido contra miembros de la sociedad civil y hayan sido clasificados como delincuencia organizada, criminalizando así las actividades asociativas legítimas. Esta clasificación injustificada plantea importantes preocupaciones sobre la supervisión judicial de las fuerzas y cuerpos de seguridad en España, un asunto que ha sido criticado previamente», prosigue la misiva.
En su petición a la Comisión Europea, los eurodiputados reportan los nueve casos conocidos hasta ahora, todos ellos con Marlaska de ministro. El primero se dio a conocer en 2023. Entonces, el grupo parlamentario de ERC en el Congreso, conjuntamente con EH Bildu, Junts per Catalunya, la CUP, BNG y PDeCAT, registró una solicitud de comparecencia del titular de Interior sobre «el agente del Estado infiltrado en el movimiento popular e independentista de Barcelona durante tres años».
Nueve casos de espionaje
El ministro Marlaska siempre ha cerrado filas con sus agentes. En una intervención en el Senado aseguró que existían «bulos» contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando le preguntaron por el agente infiltrado, defendió el «buen nombre» de los policías: «Se persiguen hechos».
Como informó este periódico, la exposición pública de estos policías encubiertos abrió un debate sobre la necesidad de regular su trabajo para dotar de seguridad a sus actuaciones y a ellos mismos. En particular, después de que Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, afirmara en la Comisión de Interior en el Congreso que la misión de los nueve infiltrados conocidos y del resto que sigue cumpliendo su trabajo es «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». Dijo también de que actuaban como «agente de inteligencia» por la necesidad de captar información.
Prácticas «sexoafectivas»
Los eurodiputados sostienen en su carta que se dieron casos similares en el Reino Unido y Alemania. Y denuncian el uso de prácticas «sexoafectivas» por parte de los agentes infiltrados. «Estas prácticas han violado derechos fundamentales, incluidos la privacidad, la integridad sexual y la libertad de asociación». En la misiva también se hacen eco del documental Infiltrats (Infiltrados), emitido por TV3, y de las declaraciones de la portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, María del Prado Escoda, quien afirma que «los límites siempre están dentro de los derechos fundamentales. Cualquier acción que vulnere los derechos fundamentales debe ser limitada y estar sujeta al control judicial. E incluso cuando exista control judicial, dichas acciones deben ser proporcionadas».
La carta relaciona directamente las infiltraciones policiales con asuntos como la «tortura y malos tratos». «Se ha presentado ante la Justicia española un informe que destaca el daño psicológico y emocional infligido a las personas afectadas por la infiltración policial, como prueba de la gravedad de estas operaciones».
No es la primera vez que Podemos ha intentado elevar el asunto de las infiltraciones policiales en España en el orden del día de la política comunitaria. En el pasado mes de enero, la eurodiputada Isa Serra presentó una pregunta ante la Comisión Europea sobre el asunto. «Las infiltraciones de la policía en movimientos sociales y en las vidas de algunos activistas vulneran la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, además de constituir delitos contra la inviolabilidad del domicilio y revelación de secretos. Por eso pedimos a la Comisión que haga cumplir la ley en el Estado español», sostuvo el partido morado entonces.
La carta ha sido suscrita por diputados del grupo de la izquierda europea The Left, como Irene Montero y Estrella Galán, y también por representantes del grupo de los Verdes europeos, como Jaume Asens. Además de Montero, también Isa Serra, la segunda eurodiputada del partido morado, apoya la iniciativa. También los tres eurodiputados elegidos en la lista de Sumar se han apuntado a la misiva enviada al comisario de Justicia.
