El PP fuerza al PSOE a votar más medidas para reforzar a las víctimas de acoso sexual

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado dos proposiciones no de ley —a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE— para reforzar las medidas de protección para las víctimas de acoso sexual. El objetivo es que se debatan en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, así como en la Comisión de Igualdad. Estas iniciativas se ponen en marcha tras los recientes casos de acoso como el del exdirigente socialista Francisco Salazar y la denuncia sobre una presunta violación contra el exjefe del DAO, José Ángel González.

La primera de las iniciativas parlamentarias se refiere al refuerzo del acompañamiento integral y de la protección efectiva de todas las personas implicadas en procedimientos por acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, para su debate en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

En su exposición de motivos, recuerdan que el Real Decreto 247/2024 aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, en cumplimiento de la obligación prevista en la Ley Orgánica 3/2007 de negociar un protocolo de actuación en las Administraciones públicas. Sin embargo, «la experiencia en España muestra que los protocolos, en ocasiones, resultan insuficientes en su despliegue real con déficits de concreción operativa, carencias en prevención y lagunas respecto de la protección práctica de testigos y colaboradores y del seguimiento del sistema, lo que impacta en la confianza y en la eficacia», señalan los populares.

Además, recuerdan, «casos recientes de gran repercusión mediática, como el caso Salazar, han reactivado la discusión pública sobre si los mecanismos de denuncia existentes generan confianza suficiente y sobre si las personas afectadas perciben garantías reales al activar los procedimientos».

Por ello, «respetando el marco del RD 247/2024, resulta procedente reforzar su implantación efectiva, asegurar recursos, homogeneidad y un acompañamiento integral a las víctimas, a testigos e incluso a personas afectadas por denuncias infundadas, preservando siempre la protección de las víctimas de acoso y la buena fe».

El PP quiere que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a «impulsar el despliegue y ejecución de las medidas del Pacto de Estado renovado relativas al acompañamiento integral tras la denuncia (incluida la asignación de profesional de referencia y el seguimiento), con cronograma, responsables, objetivos anuales y criterios mínimos de continuidad asistencial». Así como aprobar, «en el plazo de 6 meses y en colaboración con los actores institucionales competentes, un protocolo específico de ‘momento crítico’ para los supuestos en los que la víctima manifieste dudas sobre sostener la denuncia o valore acogerse a la dispensa del deber de declarar, garantizando: información clara y comprensible sobre el itinerario procesal y los recursos disponibles». Otra medida sería la «actualización de la valoración del riesgo y coordinación inmediata con recursos de protección» y el «acceso prioritario a apoyo psicosocial especializado antes de la toma de decisión».

Además, proponen «establecer estándares mínimos comunes evaluables, sin perjuicio de las competencias autonómicas, para el acompañamiento postdenuncia, incluyendo al menos: tiempos máximos de primera cita de apoyo psicosocial, continuidad del seguimiento durante el procedimiento y pautas de derivación y coordinación entre recursos». Igualmente, quieren «reforzar la coordinación operativa y la trazabilidad del itinerario de la víctima entre órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios asistenciales, de modo que el acompañamiento no dependa de contactos puntuales, sino de un circuito estable y verificable.; así como «integrar en el informe anual de seguimiento del Pacto (medida 451) un apartado específico sobre acompañamiento postdenuncia y prevención de la revictimización, con indicadores homogéneos y desglose territorial, incluyendo al menos: cobertura de profesional de referencia, tiempos de acceso y continuidad del apoyo psicosocial, coordinación con la valoración del riesgo y evolución de los supuestos de dispensa».

Acompañamiento integral

La segunda iniciativa es otra proposición no de ley relativa al refuerzo del acompañamiento integral y de la protección efectiva de todas las personas implicadas en procedimientos por acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, para su debate en la Comisión de Igualdad. Como sucede en la anterior proposición, pretenden que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en primer lugar, «garantizar la implantación efectiva y homogénea del acompañamiento integral a la víctima previsto en el Protocolo del RD 247/2024, asegurando la disponibilidad real y temprana de apoyo psicológico y psicosocial (derivaciones, circuitos y tiempos máximos de atención), con criterios mínimos comunes en toda la AGE, y reforzando simultáneamente las medidas de protección: confidencialidad, prevención de la victimización secundaria, prohibición de represalias y adopción ágil de medidas organizativas/cautelares que eviten que sea la víctima quien sufra perjuicios laborales (incluida la separación respecto de la presunta persona acosadora cuando proceda)».

El Grupo Parlamentario Popular pretende «desarrollar y aplicar medidas específicas de protección y apoyo a testigos, informantes y personas colaboradoras (orientación, apoyo psicosocial cuando proceda y garantías antirrepresalia operativas), reforzando la prohibición de represalias ya prevista en el Protocolo»; e «impulsar, como complemento de las medidas disciplinarias que procedan, programas específicos de intervención y corrección de conductas (formación y/o intervención psicoeducativa) orientados a la no repetición, especialmente en contextos de abuso de poder o culturas organizativas permisivas».

Igualmente, propone «reforzar la difusión y la formación especializada prevista en el protocolo (también la dirigida a personal directivo y mandos intermedios), estableciendo una planificación común para toda la AGE con objetivos verificables, indicadores de cumplimiento y una periodicidad mínima obligatoria, a fin de garantizar un despliegue efectivo y no meramente formal». Finalmente, «establecer pautas y medidas de restitución para supuestos de denuncias manifiestamente falsas o infundadas, con el objetivo de prevenir daños irreparables (reputacionales y laborales) y reforzar la credibilidad del sistema».