Las víctimas quieren enjuiciar ahora a los jefes de ETA para evitar dar carpetazo al terrorismo

Intentan seguir dando batalla en los tribunales y han encontrado en la vía Querol una nueva esperanza. La de llevar a juicio a los jefes de ETA frente a la opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez en los acercamientos de los presos etarras al País Vasco, las cesiones de competencias a esa comunidad autónoma y los acuerdos de PSOE y Unidas Podemos con Bildu en el Congreso. 

Una estrategia judicial en la que llevan trabajando desde 2013 y que recientemente ha permitido abrir la puerta a procesar a varios jefes de la banda, como Josu Ternera o Mikel Antza, en atentados y asesinatos no prescritos. Entre otros, el del exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio de Querol, el del concejal del PP Gregorio Ordóñez o el perpetrado en la T-4 del aeropuerto de Barajas en el año 2006.

«La vía Querol es posiblemente la vía penal con más efectividad de cara a la persecución del delito y el cumplimiento de las penas por parte de los jefes de ETA. Lo que busca es implicar a la cúpula en los atentados a través de la ‘autoría mediata’ por dominio de hecho o de la organización, contemplada en el artículo 28 del código penal», explica Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, en una entrevista con THE OBJECTIVE. 

«En el sentido de que no era necesario que dieran la orden, pero sí tenían la capacidad de evitar el atentado. Por eso se habla de autoría mediata. Porque ellos tenían la capacidad de, con un chasquido, detener el atentado», añade el hijo de Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA el 9 de octubre del año 2000. 

11 jefes de ETA investigados por Querol

El pasado 17 de diciembre el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en respuesta a una querella presentada por Dignidad y Justicia, acordaba reabrir la investigación sobre el atentado que acabó con la vida de Querol, su chófer y su escolta, el 30 de octubre del 2000. Un crimen que estaba a punto de prescribir y que nunca ha sido resuelto.

En el auto de admisión a trámite de la querella, Pedraz solicitó exhaustiva información a la Guardia Civil y la Policía Nacional para investigar la posible implicación de 11 integrantes de la cúpula de ETA en asesinato de Querol con un coche bomba cargado de dinamita. Un atentado atribuido al comando Madrid, que entre los años 1999 y 2000 cometió varios ataques con un lote de explosivos que el aparato logístico de la banda almacenaba en un piso de Salamanca.

«De las sentencias de esos atentados lo que se ha visto es precisamente la continuidad del comando Madrid. Iban a Salamanca con un coche lanzadera, traían el explosivo, perpetraban el atentado y después se escondían. En algunas ocasiones iban a Francia a recibir órdenes de los jefes y volvían a atentar pasando antes por Salamanca a por los explosivos», indica Daniel Portero. 

«La vía Querol es la más completa. Es haber visto el caso perfecto porque está perfectamente hilado desde el principio hasta el final. No hay posibilidad de que la cúpula no tuviera conocimiento, desde el año 99 hasta el 2000, de los atentados que iba a cometer el comando Madrid. Desde el aparato logístico se proporcionó el explosivo. Sabemos quién lo dirigía. El que lo dirigía podía haber parado el atentado. Tenía conocimiento y eso es la autoría mediata», añade.

Piden imputar a Josu Ternera por la T-4

La rendija abierta por la vía Querol ha llevado a Dignidad y Justicia a presentar recientemente otra querella para intentar implicar a Josu Ternera y otros tres jefes de la banda en el atentado cometido en diciembre de 2006 en la terminal T4 del Aeropuerto de Barajas, que acabó con la vida de dos personas, Diego Armando Estadio y Carlos Alonso Palate, y causó lesiones al menos a 68 víctimas. 

Un atentado que puso fin a la última tregua de la banda y por el que solo han sido condenados los miembros del comando Elurra como autores materiales. Ahora se pide imputar a Josu Ternera (presunto jefe del aparato político), Airtzol Iriondo, alias Gurbitz y Barbas (supuesto jefe del aparato militar), Mikel Carrera Sarobe Ata (presunto jefe del aparato logísistico) y Ainhoa Ozaeta Kuraia (presunta responsable del aparato de tesorería). Los cuatro componían colegiadamente la ZUBA o comité ejecutivo de ETA y «ostentaban desde este el dominio de la organización al momento de los hechos», según Dignidad y Justicia.

«El atentado de la T-4 lo que pretendía era colocar muertos sobre la mesa para negociar. Y evidentemente eso lo hacía la cúpula de ETA. El pistolero no iba a negociar, negociaba el de arriba. Siempre ha sido así en ETA. Y quien estaba al frente de esa negociación es alguien que no ha cumplido un puñetero año de condena por asesinato, que es Josu Ternera», señala Potrero.

Mikel Antza, por el asesinato de Gregorio Ordóñez

El pasado 21 de diciembre el histórico jefe del aparato político de ETA Mikel Antza declaraba como imputado por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995. El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal investiga su presunta implicación del político vasco, señalado como «objetivo prioritario» por la cúpula política de ETA. 

Hace siete años, a finales de diciembre de 2015, y a punto de prescribir el crimen, su familia interpuso una denuncia por autoría mediata contra quienes formaban parte de la cúpula de la banda cuando se cometió el asesinato. La Audiencia Nacional admitió a trámite investigar a cinco dirigentes etarras: Mikel Albisu (Mikel Antza), Ignacio Gracia Arregi (Iñaki de Rentería), Julián Atxurra Egurrola (Pototo), José Javier Arizkuren Ruiz (Kantauri) y Juan Luis Aguirre Lete (Isuntza). 

Ha habido que esperar siete años para que el primero de ellos haya sido citado a declarar. «En este país, por lo general, la Justicia no persigue a los jefes de ETA que daban las órdenes de asesinar y que tienen tanta responsabilidad criminal como los propios asesinos», lamentaba este sábado Consuelo Ordóñez en el aniversario del asesinato de su hermano.

David Pla y el atentado de Palmanova

En su discurso, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunciaba «las puertas giratorias de ETA». Lo hacía en referencia al nombramiento de David Pla, «último jefe de ETA», como número tres de Sortu, partido que es la «fachada política» de la banda desde 2012.

David Pla era el jefe político de la banda cuando en julio de 2009 un coche bomba en Palmanova acababa con la vida de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, las últimas víctimas de ETA asesinadas en España. Uno de los crímenes por el que podrían llegar a sentarse en el banquillo los jefes etarras si la vía Querol acaba sentando jurisprudencia, según Dignidad y Justicia. 

«Lo más triste es que esto no se había estudiado antes. Estamos con prácticamente casi todos los casos sin resolver prescritos por la vía ordinaria, por la vía de la legislación española, y esto es tristísimo», agrega el presidente de Dignidad y Justicia, la asociación que ha conseguido que una misión del Parlamento Europeo investigue si los más de 370 asesinatos sin resolver de ETA podrían juzgarse por delitos de lesa humanidad.

La vía Querol contempla, además de la autoría mediata, la «comisión por omisión». Es decir, cuando el jefe de la organización terrorista y la ZUBA, el comité ejecutivo de ETA (integrado por los aparatos militar, logístico, político y económico), tenían la posibilidad de poner fin a un delito de terrorismo continuado durante un periodo de tiempo determinado, como en el caso de los secuestros.

Acercamiento de presos y cesiones a Bildu

En una reciente entrevista con THE OBJECTIVE, Consuelo Ordóñez criticaba la opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a los traslados de presos etarras a cárceles cercanas al País Vasco. El Ejecutivo ha culminado el fin a la política de dispersión. La mayoría de los presos ya están a 150 kilómetros o menos de su casa, como adelantó este diario.

La mitad de los acercamientos de presos etarras que ha aprobado el ministerio del Interior se produjeron en 2021. De los 184 que cumplen condena en España -sin contar otros 20 en Francia-, solo uno lo hace en régimen cerrado. El resto ya ha obtenido al menos el segundo grado.

Esto, mientras Bildu ha ido ganando peso en el Congreso de los Diputados, apoyando distintas iniciativas que PSOE y Podemos han conseguido sacar adelante gracias al apoyo de la izquierda abertzale. Una de ellas, los Presupuestos General del Estado. En plena negociación, el líder de Bildu Arnaldo Otegi mostró a las claras sus intenciones: «Tenemos a 200 presos en la cárcel, y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos». 

Las palabras de Otegi se producían solo veinte días después de que, el 1 de octubre, el Gobierno vasco asumiera la gestión de las tres cárceles ubicadas en esa comunidad autónoma. Los 84 presos de la banda que cumplen condena en ellas ya han comenzado a ser tratados «sin distinciones» con respecto al resto de internos, según el Ejecutivo vasco, y optan a la concesión del tercer grado. 

«Es la consecuencia de un final de ETA negociado. Sin duda, el hecho de que ETA no mate es lo mejor que nos ha pasado en los últimos años. Pero la tan ansiada paz ha sido a cambio de un precio, que nuestros gobernantes estuvieron dispuestos a ceder a la banda terrorista a cambio de que dejase de matar: la legalización de sus brazos políticos, la impunidad para muchos de sus asesinos y la escenificación de su ansiado final sin vencedores ni vencidos», lamentaba el sábado Consuelo Ordóñez.