Giro en el 'caso Cuéntame': la Justicia estrecha el cerco sobre la exjefa Antifraude de Hacienda
La Audiencia Provincial ordena que peritos independientes analicen si la Oficina Nacional de Investigación del Fraude manipuló 5.200 archivos incautados en 2016
Ana Duato e Imanol Arias, protagonistas de la serie Cuéntame. | Europa Press
Varapalo a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Hacienda en el caso Nummaria. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido estrechar el cerco en la investigación abierta para dilucidar si la exjefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, Margarita García-Valdecasas, ordenó manipular y/o destruir un total de 5.266 documentos intervenidos en 2016 en el despacho Nummaria. Es el bufete de abogados que se encargaba de gestionar la contabilidad y las declaraciones fiscales de los protagonistas de la serie Cuéntame cómo pasó, Imanol Arias y Ana Duato, entre otros muchos famosos que se vieron salpicados por el estallido del caso hace ya siete años.
El dueño de Nummaria, Fernando Peña, libra una suerte de batalla entre David y Goliat en los juzgados contra Hacienda. Y acaba de anotarse un tanto a favor, pese a contar con la oposición del Ministerio Público, la Abogacía del Estado y el juez instructor. En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha admitido a trámite un recurso presentado por el dueño de Nummaria contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de ordenar que fuese la propia ONIF quien realizase un informe pericial para analizar si la exjefa de ese organismo dependiente de la Agencia Tributaria ordenó manipular los ficheros incautados.
En contra de lo que defendían la Fiscalía y la Abogacía del Estado -en representación de la AEAT-, los jueces de la Audiencia Provincial concluyen que la ONIF «no reúne las condiciones de idoneidad para la realización de la diligencia de investigación acordada por el instructor». Añaden que entre las funciones que la ley otorga a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude no hay «ninguna atribución relacionada con el ejercicio de funciones periciales». Por ello, los magistrados de la Sección Cuarta ordenan al juez instructor, Juan Carlos Peinado, que designe a otro organismo distinto para llevar a cabo la realización de la pericial solicitada por el querellante y dueño de Nummaria, Fernando Peña, para esclarecer si los archivos incautados en su despacho fueron manipulados o destruidos por la ONIF.
La exjefa Antifraude de Hacienda, investigada
La causa se lleva con sigilo desde el 23 de marzo de 2021. En esa fecha, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso este diario, el juez Juan Carlos Peinado admitió a trámite una querella contra Margarita García-Valdecasas, ex inspectora jefe de la ONIF, por presuntos delitos de falsificación de documentos públicos. La querella fue interpuesta por el presunto dueño del despacho Nummaria, Fernando Peña, al que la Audiencia Nacional atribuye un fraude fiscal de 15 millones de euros a través de un entramado de empresas pantalla y testaferros con los que presuntamente habría evadido al extranjero los beneficios que obtenía su bufete en España.
Además de Duato y Arias, pendientes de juicio en la Audiencia Nacional y para quienes Hacienda solicita 28 años de cárcel, Nummaria también se encargaba de la contabilidad de la escritora Carmen Posadas o los herederos del tenor Alfredo Kraus, entre otros. El núcleo de la querella contra García-Valdecasas es un informe pericial elaborado en 2020 por la empresa Lazarus Technology, compañía que logró rescatar el contenido del móvil de Diana Quer a pesar de que había pasado meses sumergido hasta que lo encontró la Guardia Civil.
En ese informe, encargado por el dueño de Nummaria, los peritos de Lazarus aseguran que de todos los dispositivos electrónicos intervenidos durante el registro al despacho, el 27 de abril de 2016, un total de 5.266 archivos fueron modificados o borrados ese mismo día, cuando ya estaban bajo custodia de la Agencia Tributaria en una operación contra el fraude fiscal que lideraba la propia jefa de la ONIF.
Al menos 1.925 ficheros destruidos
«Los procesos de eliminación de al menos 1.925 de esos ficheros contravienen el proceso de imparcialidad de los funcionarios, ya que este hecho implica ocultación de información existente. El proceso de eliminación de la información descontextualiza el contenido y el sentido de la misma», indicaba el informe de Lazarus incorporado a la querella interpuesta por el expropietario del despacho Nummaria. «La evidencia presenta una clara alteración en la conservación, inalterabilidad y repitibilidad», añadía la querella en la que Fernando Peña alega indefensión jurídica.
Desde la admisión a trámite de la querella, el Juzgado de Instrucción número 41 ha practicado ya varias diligencias. Entre ellas, la toma de declaración de la querellada. Designada como inspectora jefa de la ONIF por el Gobierno de Mariano Rajoy tres años y medio antes, el mismo Ejecutivo del PP cesó a García-Valdecasas en diciembre de 2016 después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrase su domicilio por un posible delito de blanqueo de capitales presuntamente cometido por su marido, Alejandro Pérez Calzada, que compartió negocios con Fernando Peña durante la década de los 90.
Además de interrogar a García-Valdecasas como querellada, el magistrado ha tomado declaración durante el último año al marido de la exdirectora de la ONIF, a un letrado de la administración de la Justicia, a Fernando Peña y a uno de los peritos de Lazarus, entre otros testigos. El pasado mes de febrero, la Fiscalía se pronunció a favor de solicitar a la ONIF «que remita un informe pericial que acredite si los ficheros aportados al proceso han sido manipulados en relación con los que han sido captados en el registro (al despacho Nummaria) y volcado» o «si por el contrario no se ha producido manipulación alguna».
Reproche al juez: «Se limita a reproducir el escrito del fiscal»
La petición del Ministerio Público fue recurrida por los abogados de Fernando Peña. Entienden que el expropietario de Nummaria sería objeto de indefensión jurídica si el informe pericial lo realiza el mismo organismo del Estado al que se está acusando de una posible manipulación de pruebas. Pedían que, ante la «necesidad de imparcialidad», sean peritos independientes y no pertenecientes a la ONIF los que corroboren o desmientan el contenido del informe elaborado por Lazarus. La Audiencia Provincial les ha dado la razón.
En su reciente auto, los magistrados de la Audiencia Provincial acceden a que sea otro organismo, y no la ONIF, quien haga el informe pericial para corroborar las conclusiones de Lazarus Technology. En el escrito, además, dan un tirón de orejas al juez instructor. Consideran que, al rechazar el recurso de Fernando Peña solicitando encargar el informe pericial a otro organismo, el juez Juan Carlos Peinado «se limitó a reproducir literalmente el escrito de impugnación del Ministerio Fiscal».
La Abogacía del Estado pidió archivar el caso
A pesar de que García-Valdecasas fue cesada en el cargo hace seis años y se jubiló tras su destitución, se da la paradoja de que la Abogacía del Estado está ejerciendo la defensa de la exjefa de la ONIF y solicitó el pasado mes de enero el archivo y sobreseimiento libre de la causa. Una petición a la que el juez y la Fiscalía se opusieron.
El caso sigue abierto y tras interrogar a querellada, denunciante y testigos, el juez Peinado solicitó al Ministerio Fiscal un informe sobre la pertinencia de solicitar un informe pericial que corroborase o descartase las conclusiones de los peritos de Lazarus contratados por el exdueño del despacho Nummaria. La pericial, de acuerdo a lo dictado por la Audiencia Provincial, la tendrá que hacer un organismo público distinto a la ONIF.
