El sector progresista copará los dos puestos principales del nuevo Tribunal Constitucional
La fórmula rompería la tradicional ley no escrita con la que ambas sensibilidades se han repartido presidencia y vicepresidencia en los últimos tiempos
Los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. | Ballesteros (EFE)
La carrera por la presidencia del Tribunal Constitucional sigue abierta. La única certeza es que el nuevo mandamás será progresista: Cándido Conde-Pumpido o María Luisa Balaguer. La falta de acuerdo entre los bloques facilita que el sector progresista, que cuenta con una mayoría de siete votos contra cuatro, opte a copar la presidencia y la vicepresidencia. Los puestos se deciden este miércoles en votaciones separadas. De esa forma se rompería la tradicional ley no escrita con la que ambas sensibilidades se han repartido en los últimos tiempos los dos principales cargos del órgano.
El favorito para hacerse con la presidencia del Constitucional es Conde-Pumpido. Cuenta con el apoyo de los magistrados progresistas. Sin embargo, Balaguer rechaza tirar la toalla y apurará sus opciones. Estas pasan porque la recién estrenada María Luisa Segoviano, que no ha desvelado aún el sentido de su voto, apueste por la jurista almeriense, que contará con el patrocinio de los cuatro compañeros del denominado sector conservador.
Balaguer considera que está ante su última oportunidad de presidir el Constitucional. Los conservadores la ven como la persona más capacitada para generar acuerdos. Fijarán su posición en la reunión que mantendrán este martes, un día antes de que se celebre el Pleno para elegir al próximo presidente de la corte de garantías. Los magistrados progresistas harán lo propio con la intención de que uno de los aspirantes desista para generar así el mayor consenso posible.
El Pleno del Constitucional
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE revelan que van a proponer a Balaguer que rehuse de sus aspiraciones. La intención es llegar al cónclave con una única candidatura. Creen que comenzar esta nueva era divididos supone un mal augurio para el futuro, en el que tendrán que resolver asuntos tan polémicos como la ley Celáa, la de eutanasia, la del aborto, la de Memoria Democrática, la norma catalana que ataca el uso del español en las aulas o la ley trans, si acaba aprobándose.
El sector progresista cuenta con un as bajo la manga. Como ha sido imposible cerrar un pacto con el bloque conservador para consensuar los magistrados que van a liderar el nuevo Constitucional, tienen las manos libres para proponer a sus candidatos tanto a la presidencia como a la vicepresidencia del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes.
Sus nombres se decidirán en las dos votaciones que se producirán en el Pleno convocado a las 13.00 horas de este miércoles. Los progresistas barajan ofrecer a Balaguer su apoyo para que se convierta en vicepresidenta si esta rehúsa a sus aspiraciones para presidir el órgano, a lo que ella no parece dispuesta. Aun así, el magistrado que no consiga los votos suficientes para liderar el Constitucional se quedará con la vicepresidencia, como ya ocurrió en 1992 con Luis López Guerra.
Esa fórmula rompería la tradicional ley no escrita con la que ambas sensibilidades se han repartido en los últimos tiempos los dos principales cargos del órgano, aunque históricamente no ha sido así. Los primeros presidentes tuvieron un número dos de su misma sensibilidad. Sucedió durante los mandatos de Manuel García Pelayo, Francisco Tomás y Valiente (su vicepresidenta, Gloria Begué, llegó al Constitucional de la mano de UCD, pero con el beneplácito del PSOE), Miguel Rodríguez-Piñeiro, Álvaro Rodríguez Bereijo y Pedro Cruz Villalón.
La primera vez que se rompió ese modus operandi fue en noviembre de 2001. La presidencia quedó en manos del conservador Manuel Jiménez de Parga. Le secundó el progresista Tomás Vives Antón, fallecido este verano. María Emilia Casas y Pascual Sala también tuvieron un número dos del bloque contrario, algo que no sucedió con Francisco Pérez Cobos. El reparto se recuperó en noviembre de 2021, cuando se eligió por unanimidad al conservador Pedro González-Trevijano y como vicepresidente al progresista Juan Antonio Xiol, que también abandona el Constitucional.
En esta ocasión esa distribución parece poco probable. Ambos puestos se eligen por separado. Las votaciones son secretas y vence el que más apoyos obtenga. El primer escrutinio corresponde a la presidencia. La posibilidad del empate está descartada. La corte de garantías está conformada por 11 miembros, ya que sigue sin cubrirse la vacante del conservador Alfredo Montoya. El presidente saliente ha instado este lunes a los partidos a llegar a un acuerdo para cubrir su plaza cuanto antes.
Un acuerdo que los dos bloques que componen el tribunal no han podido concretar, aunque las fuentes consultadas no descartan que haya un acercamiento este martes. Es complicado, ya que los conservadores consideran que Conde-Pumpido está politizado y rehúsan votarle. De hecho, fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. El jurista gallego, favorito del Gobierno, incluso reprendió a sus colegas tras votar contra el primer estado de alarma decretado por Pedro Sánchez durante la pandemia. Luego se disculpó.
