Ollero: «El PP solo me llamó una vez y fue para decirme que no presidiría el Constitucional»

La justicia está en el escaparate. Siempre lo ha estado. Por eso Andrés Ollero (Sevilla, 1944), magistrado emérito del Tribunal Constitucional, decidió titular así el libro en el que repasa su evolución en los últimos 40 años. Desde el franquismo, a la democracia. Como el griego Giorgios Seferis en su poema, intenta hacer «balance». No es una tarea sencilla, pero pocas voces tan autorizadas como él para abordar la despolitización de la justicia o la renovación de sus órganos, que estos días enfrenta a los principales partidos políticos.

El Derecho corre por las venas de Ollero, que cuenta con un vasto currículo. Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y, desde diciembre, secretario general del Instituto de España, que integra a una decena de Reales Academias. Entre 1986 y 2003 fue diputado por el PP, donde llegó a ser portavoz de Justicia. Abandonó la política de forma voluntaria, pero años más tarde volvería al candelero. El Congreso lo eligió magistrado del Tribunal Constitucional en 2012 a propuesta de los populares.

Magistrado del Constitucional

Ollero asegura que, en sus nueve años de mandato, nunca recibió una llamada. «Muchos ciudadanos creen que el partido promotor nos llamaba todas las semanas. A mí solo me llamaron una vez y fue para decirme que no presidiría el Constitucional, aunque me tocaba». El PP se plegó al veto del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. «Le dijo a Soraya Sáenz de Santamaría que si el presidente era yo, Pedro Sánchez cogería esa bandera y Susana Díaz no sería secretaria del PSOE, que es lo que querían».

Una decisión política le apartaba de la meta. El puesto lo ocupó Juan José González Rivas. Ollero aborda las relaciones entre la política y la justicia en su libro. «Si por política entendemos la vinculación a los partidos, no debe haber ninguna». Pero no todos los casos son iguales. El magistrado emérito sostiene que la Constitución establece que un juez ordinario no puede militar en un partido, pero no dice lo mismo para los integrantes del tribunal de garantías. Su caso.

«Si he aportado algo al Tribunal Constitucional es mi experiencia parlamentaria. El tribunal se plantea con frecuencia problemas que tienen que ver con el funcionamiento de los parlamentos. Muchos de mis compañeros no sabían cómo funcionaban. Esa idea de pretender que los magistrados no hayan tenido nunca una relación con la política es un disparate», subraya Ollero.

Su nombramiento estuvo cargado de polémica por ese motivo. Especialmente, a raíz de un artículo de Javier Pérez Royo. El catedrático en la Universidad de Sevilla defendía que el pasado político debía ser un motivo de incompatibilidad para su designación. Ollero no regatea la controversia. Utiliza la anécdota para adelantar el título del que será su próximo libro, Votos particulares, donde publicará sus posiciones como miembro del tribunal de garantías. Nadie lo ha hecho hasta ahora.

Votos particulares

«He disentido 69 veces de la mayoría. En 33 ocasiones de los conservadores y en 36 de los progresistas». Entre otras cosas, Ollero fue ponente en la sentencia de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, que había sido su vecino de escaño durante una legislatura en el Congreso. «Yo entendí que era inconstitucional y conseguí la unanimidad. Sentí darle un disgusto a mi amigo, pero yo estaba allí para eso».

Su mandado caducó en noviembre, tras nueve años en la institución. El Gobierno ya ha anunciado que nombrará en septiembre a los dos magistrados que le pertenecen. En ese momento se producirá un cambio en el equilibrio de fuerzas a favor del bloque progresista. Destaca que los nombramientos siempre han sido igual: los grandes partidos se ponen de acuerdo en que no existan vetos cruzados e historia resuelta. Ollero cree que lo que le preocupa a Europa es la apariencia de imparcialidad.

Por eso considera que la sentencia del Constitucional sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cuya renovación chocan PP y PSOE, es la peor que ha dado nunca el tribunal de garantías. «Es una sentencia escapista». El fallo sostenía que si la elección de vocales reflejaba el juego de fuerzas en las Cámaras sería inconstitucional. «Como no es necesario que eso ocurra, puede ser constitucional», destaca un sonriente Ollero, que recibe a THE OBJECTIVE en su despacho del Instituto de España una calurosa mañana de verano.

Hace unas semanas que el Gobierno eligió a Álvaro García como nuevo Fiscal General del Estado. Ollero prefiere no opinar sobre su idoneidad. Eso sí, cree que la designación fue «discutible». Cuenta que Juan Fernando López Aguilar, diputado del PSOE y exalumno suyo, tenía muy claro que «el fiscal era el ejecutor de la política criminal del gobierno, del que debía depender». En el libro cuenta que Luis Antonio Burón Barba, primer fiscal general, envió una circular para que los fiscales priorizaran el programa del gobierno al principio de legalidad. «Me hizo gracia porque los partidos nunca llevan a cabo su programa».

Reformar la Constitución

El magistrado reconoce que las resoluciones jurídicas tienen consecuencias políticas. Entiende perfectamente que los partidos traten de aprovecharlo. Cuatro décadas después de que se aprobara la Constitución, algunos han abierto el melón de su reforma. Ollero lo considera posible, pero cree que «exige una actitud como la que hubo en la Transición». Entre los asuntos a abordar resalta la preferencia del varón en el acceso a la corona y el título relativo a las comunidades autónomas.

Si hay algo que le cabrea a Ollero es que en nuestro país no dimita nadie. En el lado opuesto destaca a Alemania, donde se marchó a estudiar en 1971. De esa época datan los primeros artículos de La Justicia en el Escaparate. Entonces aún vivía el dictador Francisco Franco. La metamorfosis que experimentaron los jueces al llegar la democracia es otro de los asuntos que aborda en el libro. «El sistema se desmontó por las bravas». Todo comenzó con la victoria electoral de Felipe González en 1982.

Tres años después, los socialistas pusieron en marcha un plan que anticipaba la jubilación de los jueces de más de 65 años. «Se echó de la carrera a cinco promociones de un tirón. La idea era depurar a una magistratura que se consideraba demasiado conservadora». Es entonces cuando cambió el modelo de elección de vocales del CGPJ y los jueces dejaron de elegir a los jueces, lo que aún hoy sigue siendo un problema.

«Faltan medios»

Ollero cree que la jubilación de los jueces se puedo evitar, ya que la llegada de la Constitución cambió el panorama. «Son personas serias y rigurosas». No obstante, reconoce que hubo algunos problemas porque algunos se empeñaron en comparar la Carta Magna con las Leyes Fundamentales del franquismo. Los problemas apenas han cambiado desde entonces: «Faltan medios». Sostiene que 7.000 recursos de amparo al año es un disparate. Especialmente, cuando el Constitucional apenas admite el 1% a trámite.

«Nuestro sistema es garantista y eso evita que el proceso sea rápido. Uno de los casos más controvertidos es el recurso que presentó el PP a la nueva ley del aborto en 2010. Una década después sigue en el limbo. Ollero fue ponente, pero no consiguió publicar una sentencia. Una asociación de abogados cristianos llegó a ponerle una querella criminal por el retraso. «Yo no tenía siete votos, sino uno. Buscaba el mayor consenso, pero no lo conseguí. La finalidad del Tribunal Constitucional no es hacer justicia, sino sentar doctrina».