Varapalo de la Audiencia Nacional a la Fiscalía por retrasos en el caso de la mafia holandesa
La Sala de lo Penal alude a las múltiples dilaciones que sufre la causa para confirmar la puesta en libertad condicional de uno de los 18 procesados
Imagen de archivo de un operativo de la Guardia Civil. | Europa Press
Varapalo a la Fiscalía en el caso que se sigue contra la mafia holandesa en la Audiencia Nacional desde 2018. Debido a las dilaciones que sufre la causa, la Sala de lo Penal ha desestimado el último recurso del Ministerio Público y ha confirmado la puesta en libertad condicional de Mohamed Lazaar. Es uno de los 18 acusados por formar parte de una organización criminal de origen holandés asentada en la Costa del Sol y dedicada al tráfico internacional de drogas. Huyó de España tras pasar en prisión preventiva quince meses y desde 2021 se encuentra encarcelado en Países Bajos.
A pesar del riesgo de fuga señalado por la Fiscalía, en un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Sección Tercera de ese tribunal considera que Lazaar ya ha cumplido en prisión preventiva el tiempo máximo contemplado por la ley. Y cree que sería improcedente mantenerlo encarcelado debido a las múltiples dilaciones que sufre el caso. Fue detenido en octubre de 2018 en Benalmádena (Málaga) en una macrooperación en la que se decomisaron al menos 4.800 kilogramos de cocaína, además de fusiles de asalto y otras armas.
Tras pasar quince meses en prisión preventiva en la cárcel de Valdemoro (Madrid), Lazaar quedó en libertad condicional en enero de 2020. Se fugó de España. Las autoridades de Países Bajos le detuvieron a finales del año siguiente, tras la emisión de una Orden Europea de Detención (OED). Allí ha permanecido encerrado durante al menos otros doce meses para ser juzgado por delitos cometidos en ese país. No será extraditado a España hasta que otro de los 17 encausados, que también se fugó a Países Bajos, sea juzgado en territorio holandés.
Dilaciones en el caso
«Las dilaciones que sufre la causa no se deben solo a esa circunstancia, sino también a otras como las dimensiones de la misma con gran número de investigados, necesidad de emitir instrumentos de auxilio judicial internacional, necesidad de traducir gran cantidad de documentos para lo que han sido precisos varios meses y la pendencia actualmente de resolverse un recurso de apelación para decidir sobre la competencia de este Tribunal en el conocimiento de la causa», indican los jueces de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara.
En el auto, fechado el 10 de febrero, los magistrados de la Sala de lo Penal aluden al artículo 504.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para defender que solo se podría prorrogar la prisión preventiva durante más de dos años si la causa sufriese «dilaciones no imputables a la Administración de Justicia». Consideran que no es el caso, y que, por tanto, Lazaar debe quedar en libertad condicional en Países Bajos. Aún no hay fecha para el juicio en España.
«Entendemos que para computar el plazo de prisión provisional en que se encuentra Mohamed Lazaar ha de tenerse en cuenta y acumularse los periodos cumplidos en España y en Países Bajos», señala la Sección Tercera en su auto. «El plazo máximo de dos años previsto en el precepto referido ya ha transcurrido, sin que proceda por ello acordarse la prórroga de prisión», añaden los jueces de la Audiencia Nacional. Una decisión contra la que no cabe recurso.
Fiscalía aludía al riesgo de fuga
La Fiscalía se opuso a la puesta en libertad condicional de Lazaar. Considera «incontestable e indiscutible» que persiste el riesgo de que vuelva a fugarse. Algo que pondría poner en riesgo la celebración del juicio contra los otros 17 presuntos miembros de la mafia holandesa, a los que se acusa de delitos de narcotráfico, depósito de armas de guerra y falsedad documental.
Sin embargo, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal entienden que el riesgo de fuga queda mitigado por la causa que se sigue en Países Bajos contra Lazaar. También por la existencia de mecanismos para garantizar que las autoridades holandesas supervisarán el cumplimiento de las medidas cautelares acordadas.
El presunto narcotraficante ha sido condenado a 18 meses por delitos cometidos en ese país, pero su condena aún no es firme. Se encuentra pendiente de un recurso de casación, según las autoridades de Países Bajos. En España, la Fiscalía antidrogas solicita para Lazaar once años de cárcel y una multa equivalente al cuádruple del valor de la cocaína intervenida durante la operación por la que fue detenido en 2018. El Ministerio Público cifra en 934 millones el precio de ese alijo en el mercado.
Extradición paralizada
Países Bajos acordó la extradición de Lazaar a España en febrero de 2022, pero informó que lo haría después de un juicio que estaba previsto celebrarse el pasado 9 de junio. A petición del Juzgado de Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía antidrogas, el país europeo acordó entregar a Lazaar junto a Patrick Sarantellis.
Este último es otro de los presuntos narcos holandeses detenidos en octubre de 2018 en Málaga, que también se fugó de España tras ser puesto en libertad condicional y está aún pendiente de juicio en Holanda. La nueva decisión de la Sala de lo Penal hará que Lazaar permanezca en libertad condicional hasta que se produzca el juicio a Sarantellis en Países Bajos y ambos sean entregados a las autoridades españolas.
El juicio a los 18 acusados en España por formar parte de esta organización criminal holandesa asentada en la Costa del Sol no se producirá hasta que ambos sean extraditados. Los retrasos en la causa ya hicieron que el pasado mes de octubre la Audiencia Nacional pusiera en libertad provisional a los otros siete acusados, tras cumplir cuatro años en prisión preventiva. Y no es la primera vez que la extradición de Lazaar y Sarantellis pone en riesgo la causa.
Conclusiones del fiscal
Como adelantó este diario, fuentes cercanas a los 18 acusados pedirán en las cuestiones previas del juicio la nulidad completa de las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 5 y la Fiscalía Antidroga por supuesta vulneración al derecho a un juez imparcial y a la igualdad de armas entre las partes. Esto, después de conocerse el contenido de un e-mail que, según fuentes judiciales, «se coló por error» en la segunda página de una providencia firmada por el titular de ese juzgado, Santiago Pedraz, el pasado 2 de marzo.
La Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron a Lazaar, Sarantellis y otros 14 encausados en octubre de 2018 tras intervenir en un polígono de Málaga un camión que ocultaba varias toneladas de clorhidrato de cocaína entre bananas procedentes de Costa Rica. En aquel momento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cifraron en 6.300 kilos la cantidad de cocaína incautada en el vehículo. Sin embargo, en su escrito de conclusiones preliminares el fiscal rebaja a algo menos de 4.900 kilos la droga intervenida.
Las penas de cárcel solicitadas por el Ministerio Público varían en función del papel de cada uno de los acusados en la organización. Para los presuntos cabecillas de la trama, los holandeses Marco Huijsman y Hans Verheij, el Ministerio Público reclama una pena de cárcel de 40 y 37 años, respectivamente. Se les considera los líderes de este «entramado criminal que perseguía la introducción de cocaína en España bajo la apariencia de importaciones de fruta, a través de contenedores procedentes de Costa Rica que recalaban primero en el puerto de Setúbal (Portugal), para posteriormente ser transportados a Málaga».
MDMA y anfetaminas
De acuerdo con el Ministerio Público, la cocaína no era su único negocio. Bajo apariencia de legalidad, sus empresas también se dedicaban a traer desde China precursores químicos para la fabricación en España de drogas sintéticas como MDMA y metanfetaminas.
«Una vez efectuada la importación, los acusados transportaban dichas sustancias a distintos emplazamientos de los que disponían en España para su almacenamiento y posterior fabricación de la droga (MDMA y MDA) con el fin último de proceder a su distribución y venta a terceros», señala el escrito del fiscal.
«Lo cierto es que la envergadura de su infraestructura y el porfolio de esta estructura criminal era mucho más amplio que el mercado de la cocaína, de manera que disponía también de la capacidad para operar en todo el ciclo criminal del tráfico de drogas que comprendía la fabricación, distribución y venta de drogas sintéticas», añade el fiscal en sus conclusiones preliminares.
Armas de guerra
Tras la incautación del camión cargado de cocaína en Málaga y la detención de 16 de los acusados –13 holandeses, un francés, un esloveno y un español, considerado uno de los distribuidores más conocido de la zona-, las autoridades procedieron al registro de varias naves, inmuebles y vehículos pertenecientes a la misma presunta organización criminal.
En esos registros, además de diferentes cantidades de dinero en efectivo, joyas, relojes de alta gama, precursores y drogas sintéticas, fueron halladas varias armas de guerra. Entre ellas, tres subfusiles Vz61 marca Skorpion, dos subfusiles modelo EVO y un fusil Kalashnikov modelo AK-47, además de diferentes revólveres y pistolas con sus correspondientes cargadores y municiones. También se hallaron cuatro granadas de mano, dos de las cuales «estaban montadas y en condición de ser utilizadas».
