La huelga de letrados bloquea el cobro de la pensión alimenticia de miles de familias
El Gobierno confía en acabar con los paros que comenzaron hace tres semanas. Ambas partes se reúnen este jueves para desbloquear el conflicto
La ministra de Justicia, Pilar Llop, este miércoles en el Congreso. | Eduardo Parra (Europa Press)
Los números no engañan. En los 18 días que llevan en huelga los letrados de la Justicia se han suspendido 152.000 juicios y se han dejado de entregar 560 millones de euros. Los paros han retrasado los pagos judiciales. Procuradores y abogados alertan de las dificultades que tienen miles de familias para cobrar la pensión alimenticia. Piden un plan urgente porque los servicios mínimos no atienden sus necesidades. El Gobierno confía en que la huelga finalice este jueves, tras la reunión que mantendrán las partes. Las posiciones continúan alejadas.
La huelga de letrados que comenzó el 24 de enero ha retrasado los pagos judiciales a particulares (pensiones alimentarias, deudas o indemnizaciones, entre otras cosas) y al Tesoro Público (multas, depósitos o subastas). Estos funcionarios son los únicos que tienen acceso a los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales. Las asociaciones que convocaron los paros cuantifican en 560 millones la cantidad pendiente de entrega, algo más de 31 millones por día.
Los procuradores y abogados consultados por THE OBJECTIVE en varias provincias critican que paguen justos por pecadores. «No es lo mismo cobrar las costas de un juicio o que una empresa reciba una indemnización millonaria que una persona deje de ingresar el dinero que recibe de su antigua pareja en concepto de pensión alimentaria. Muchos hogares no cuentan con más ingreso que ese», lamenta un abogado que opera en Madrid.
Los letrados se reúnen con el Gobierno
«Están jugando con la comida de la gente», sostiene una joven abogada que ejerce en la provincia de Barcelona. En su opinión, se pueden retener costas e indemnizaciones, pero «hay pagos que son vitales». Hace unos días, recordaba con los compañeros del juzgado de una localidad cercana a la Ciudad Condal que la letrada de Justicia de Mataró les había comentado que «ni siquiera pensaba realizar los pagos de las pensiones alimenticias».
La mujer se indignó por la escasa sensibilidad de la funcionaria, que tiene tres hijos. «Tiene derecho a hacer la huelga, pero si va a trabajar su deber es activar los pagos». Los profesionales sostienen que los servicios mínimos no son suficientes para atender las demandas básicas. El Ministerio de Justicia los fijó en el 10% en el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales y en el 20% en la Audiencia Nacional.
Juan José Yáñez, portavoz del Comité de Huelga, afirma que los los servicios mínimos se cumplen «a rajatabla». Sostiene que el porcentaje impuesto por el departamento que dirige Pilar Llop es «desproporcionado» porque supone que trabaje un tercio de los letrados. Y añade: «La denuncia que hacen algunos es porque esos servicios esenciales han sido mal elegidos. Se les ha pedido que ejerzan pocas funciones y entre ellas no está la de los pagos judiciales».
Los procuradores y abogados consultados por este diario hacen un llamamiento para que intervengan los poderes públicos. Tienen un plan. «Hay que priorizar los pagos de las pensiones alimenticias a menores de parejas divorciadas. Hay familias que no tienen otra fuente de ingresos. Es un asunto prioritario. La huelga de los letrados no la pueden sufrir los más vulnerables», insiste una abogada.
«Un asunto prioritario»
«Hay personas en paro sin pensión alimenticia para sus hijos. El único dinero que reciben es el de sus antiguas parejas. Para conseguirlo tuvieron que acudir al juzgado, que ahora les da la espalda. Hay que arreglarlo de forma urgente», apuntala otro abogado que ejerce en Málaga. El problema afecta a miles de familias, aunque no disponen de datos para cuantificar el problema.
El escenario puede dar un giro de 180 grados este jueves si las partes llegan a un acuerdo en la reunión que mantendrán a partir de las 17 horas en el ministerio. El Gobierno es optimista. El secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, tiene esperanzas en que acabe la huelga de letrados, aunque no ha trascendido la propuesta que les harán llegar ni si participará Llop en el encuentro.
Los letrados son más pesimistas. Su demanda principal es obtener «una adecuación salarial», ya que tras la última reforma se les encomendaron nuevas atribuciones que, en su opinión, no fueron acompañadas de una mejora económica. Rodríguez aseguraba este miércoles durante una visita a Talavera de la Reina (Toledo) que el Gobierno ha aprobado 10 de las 11 reivindicaciones del sector. Todas excepto la exigencia de cobrar el 85% del sueldo que reciben jueces y fiscales.
«La reunión es una buena señal. Sentarnos a negociar era nuestro objetivo, pero han tardado 18 días en recibirnos», se queja Yáñez. El portavoz del Comité de Huelga indica que hicieron numerosas peticiones para reunirse con el Ministerio de Justicia entre abril y septiembre.
Interpelación a Llop
Los letrados ya fueron a la huelga en enero y marzo, pero desconvocaron los paros previstos a final de año. El secretario de Estado discrepa de esa versión y asegura que el año pasado el Gobierno mantuvo 35 reuniones con este colectivo, que integra a 4.300 trabajadores.
La ministra de Justicia afirmó este miércoles en el Congreso, tras una interpelación urgente del PP, que está «en condiciones» de tener «un diálogo honesto» con los letrados. No obstante, criticó que la pregunta se produzca un día antes de que Gobierno y asociaciones convocantes de la huelga se reúnan. Llop ha acusado a los populares de instrumentalizar los paros en su beneficio partidista.
El conflicto entre el Ejecutivo y los letrados de Justicia tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades» atribuidas por la ley 13/2009 que, según los convocantes, ha provocado «un insoportable desequilibrio». Señalan como detonante el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales, aunque sigue «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial». Un extremo que rechaza el ministerio.
El departamento que dirige Llop afirma que «solo queda pendiente la revisión del sistema de productividad y el complemente de la carrera profesional». Explican que el salario de los letrados oscila entre los 37.697 y los 58.979 euros, el doble del salario medio en España y que esas cantidades supone «entre un 79% y un 143% más de lo que cobra cualquier otro funcionario de la Administración General del Estado en esos mismos niveles».
