Los letrados proponen a Justicia cuatro mediadores del CGPJ para evitar la huelga

Los letrados de la Justicia juegan su última bala. Han propuesto al departamento que dirige Pilar Llop cuatro mediadores para evitar la huelga indefinida prevista a partir del 24 de enero. Todos ellos son vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los trabajadores demandan al Gobierno que cumpla un pacto que incluía importantes mejoras salariales. El Ministerio de Justicia afirma que solo queda pendiente uno de los 11 acuerdos suscritos. Los afectados estiman que los paros paralizarán juicios y declaraciones, pero también supondrán un bloqueo económico de 32 millones de euros diarios.

El Comité de Huelga trasladó la propuesta a Justicia este miércoles «con el único fin de evitar en la medida de lo posible unos perjuicios irreparables para el servicio público». A escasos días de que comience la huelga, los letrados han pedido a Llop que acepte la intermediación de cuatro mediadores independientes para solucionar el conflicto. Para los letrados, se trata de «personas de reconocido prestigio del mundo judicial» que conocen la situación.

Los nombres que ofrecen los afectados son los de los miembros del CGPJ María Concepción Sáez Rodríguez, María Ángeles Carmona Vergara, Álvaro Cuesta Martínez y Gerardo Martínez Tristán. «El Comité de Huelga considera que cualquiera de ellos, o todos conjuntamente, son conocedores en profundidad de problema», afirman los letrados en una nota.

Sin acuerdo con Justicia

«Se pretende evitar así el perjuicio que supone la Administración de Justicia una huelga indefinida, con consecuencias imprevisibles e irreparables para los ciudadanos de este país», insiste el documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Los letrados lamentan que el Ministerio de Justicia no haya contestado «hasta ahora» al ofrecimiento.

Las tres asociaciones convocantes advierten de que la huelga acarreará un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno, pero también para los ciudadanos. Creen que demorará juicios, declaraciones de acusados, investigados y peritos en toda España. Pero no solo eso. «La consecuencia más grave es la económica», sostiene Juan José Yáñez, portavoz del Comité de Huelga.

Los paros previstos supondrán retrasar los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas o indemnizaciones, entre otras cosas) y al Tesoro Público (multas, depósitos o subastas), ya que estos funcionarios son los únicos que tienen acceso a los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales. Un informe cifra en 2.090 millones de euros el monto ingresado a través de estos profesionales solo en el primer trimestre del año pasado, lo que supone una media de 31,7 millones de euros diarios.

Los letrados sitúan el origen del conflicto con el Gobierno en «la falta de adecuación salarial» a favor de los más de 4.300 trabajadores de la Administración de Justicia. Una ley de 2009 les atribuye mayores funciones y responsabilidades, lo que según los damnificados provocó «un insoportable desequilibrio en las prestaciones» que recibían. Alcanzaron un pacto con el departamento de Llop en diciembre de 2021.

El Consejo de Ministros aprobó en febrero del año pasado un complemento específico de 195 euros al mes, según lo acordado en la Mesa Sectorial. Los letrados sostienen que no es suficiente porque siguen «sin desarrollarse debidamente la adecuación salarial». Desde el Ministerio de Justicia indican que han cumplido la mayoría de los acuerdos.

No es la primera vez que echan un pulso al Gobierno. Los letrados ya fueron a la huelga en enero y marzo del año pasado. Realizaron una nueva convocatoria en abril, pero la suspendieron tras los compromisos adoptados por Llop. Los paros se retomaron en noviembre y diciembre. Como el acuerdo persiste, los funcionarios amenazaron con convertirlos en indefinidos este 24 de enero.