El Constitucional avala que Campo y Díez decidan sobre la eutanasia y la sedición
Inadmite las recusaciones contra el exministro y la antigua cargo de Moncloa porque PP y Ciudadanos presentaron los recursos fuera de plazo
El magistrado Juan Carlos Campo. | Alberto Ortega (Europa Press)
Juan Carlos Campo y Laura Díez podrán decidir en el Tribunal Constitucional sobre asuntos tan polémicos como la ley de la eutanasia, la ley Celaá, el uso del catalán en las aulas de Cataluña o la modificación del Código Penal que derogó la sedición y modificó la sedición. El Pleno de la corte de garantías ha inadmitido este martes las recusaciones que pesaban sobre el exministro de Justicia del PSOE y la antigua alto cargo de Moncloa. Fueron promovidas por el PP y Ciudadanos, pero los magistrados sostienen que lo hicieron fuera de plazo.
El Constitucional también ha avalado su participación en otros tres asuntos: el régimen aplicable a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones (que le impide hacer nombramientos discrecionales y mantiene colapsado órganos como el Tribunal Supremo), el Estatuto de los Trabajadores dedicados al reparto en el ámbito de las plataformas digitales y las medidas a adoptar tras el fin del estado de alarma.
Los autos explican que la composición del Pleno es «pública, notoria e invariable» desde el momento en que los magistrados toman posesión de su cargo. Campo y Díez tomaron posesión el 9 de enero, fecha en la que se inicia el plazo para promover su recusación de los asuntos en los que se tenga conocimiento. Los miembros del Constitucional afirman que ese plazo es de 10 días, por lo que finalizó el 23 de enero. PP y Ciudadanos presentaros sus escritos de recusación el día 31, una semana después de la fecha límite.
La decisión del Constitucional
Las recusaciones de PP y Ciudadanos se fundamentan en la condición de Campo como diputado y como ministro de Justicia, cargo que desempeñó entre enero de 2020 y julio de 2021. A la magistrada Díez la afean que fuese directora general de Asuntos Constitucionales y coordinación jurídica del Ministerio de la Presidencia entre febrero de 2020 y abril de 2022.
El Pleno del Constitucional también ha inadmitido la recusación contra el exministro socialista en el recurso de amparo dirigido contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 12 de diciembre y el acuerdo del presidente de la comisión del día siguiente sobre la admisión a trámite de enmiendas parciales a una proposición de ley orgánica. El auto afirma que no se trata de resoluciones dictadas por la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, pareja sentimental de Campo.
Los magistrados sostienen que el escrito de recusación tampoco aduce una intervención concreta de Batet en las resoluciones impugnadas. El Pleno de Constitucional también ha acordado inadmitir las recusaciones de Vox contra el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Campo, Díez y María Luisa Segoviano en el recurso de inconstitucionalidad contra la ley orgánica que modifica los delitos de sedición, pero que también transpone varias directivas europeas.
Los miembros del Constitucional consideran, recogiendo su doctrina jurisprudencial, que de tramitarse dicha recusación supondría «una paralización inaceptable» de las funciones del tribunal ante la que debe salvaguardar el ejercicio de su propia jurisdicción.
Abstenciones
Respecto al escrito de abstención presentado por el magistrado Campo, el Pleno ha dictado un auto por el que acuerda estimar justificada la abstención recogida en el art. 219.13 Ley Orgánica del Poder Judicial: «Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».
Campo y Díez ya se abstuvieron, en una decisión avalada por el Constitucional, de las deliberaciones de los recursos contra la denominada ley del sí es sí y la votación de la reforma laboral, en el caso del exministro, y de un recurso relacionado con la cuota del 25% de castellano en las aulas castellanas en el caso de la exdirigente de Moncloa.
