'Ley del solo sí es sí': 4.400 presos verán revisada su condena por delitos sexuales

Al menos 4.400 presos verán revisadas sus condenas por delitos contra la libertad sexual como consecuencia de la conocida como ley del solo sí es sí. Son datos extraídos del avance de un informe que preparan vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que está basado en las estadísticas recabadas hasta el momento por el órgano de gobierno de los jueces para medir el impacto de la polémica ley que ha provocado un nuevo conflicto en el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

De acuerdo a los datos del CGPJ recogidos en el avance del informe, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, a los más de 400 casos que ya han sido revisados por distintos tribunales de toda España hay que sumar otros al menos 4.000 procedimientos pendientes. Son datos preliminares, ya que no todas las Audiencias Provinciales han remitido al CGPJ la información solicitada. «La magnitud del desastre es enorme y su aplicación goteará durante meses, o incluso años en el caso de los procedimientos pendientes de enjuiciar», indica el vocal del CGPJ José María Macías, coautor del mencionado avance.

«Vamos a necesitar tiempo para ser precisos, porque no todos los juzgados y audiencias han remitido información. Ahora se les está pidiendo la información de manera sistemática. Hasta el momento, lo que tenemos contabilizado es que hay al menos 4.000 presos por delitos contra la libertad sexual cuyas condenas se tienen que someter a revisión, a reserva de su resultado», añade Macías.

En este sentido, el Pleno del CGPJ ha acordado solicita a los tribunales superiores de justicia y a las audiencias provinciales de toda España una relación de todas las resoluciones que se hayan dictado en aplicación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual o ley del sí es sí.

La decisión del órgano de gobierno de los jueces tiene como finalidad «hacer un análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente». Esto, debido a que algunas audiencias provinciales no están haciendo públicas las rebajas de penas por delitos sexuales que están acordando en aplicación de la polémica ley, el consejo de jueces no tiene un recuento oficial. 

Irene Montero culpa a los jueces

A pesar de las cifras preliminares y de que el propio PSOE ha registrado una nueva propuesta en el Congreso para enmendar los efectos «indeseados» de la ley del solo sí es sí, la ministra de Igualdad, Irene Montero, insistía este jueves en culpar de la rebaja de condenas a «una minoría de jueces». Eludiendo la autocrítica a su reforma estrella, la ministra también ha evitado pedir disculpas a las víctimas de los condenados que se han visto beneficiados por la ley.

Ya el pasado mes de noviembre, tras conocerse los primeros casos de rebajas de condenas por delitos sexuales como consecuencia de la entrada en vigor del solo sí es sí, el CGPJ recordó que en febrero de 2021 avisó al Gobierno de las posibles consecuencias y defectos del Anteproyecto de Ley. Entre otras, una catarata de rebajas en condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior.

Así lo recogía el CGPJ en su informe preceptivo, pero no vinculante, hace casi dos años. En 150 páginas, el órgano de gobierno de los jueces desgranaba su parecer sobre una de las reformas estrella del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero. Una norma que ha provocado una nueva crisis entre los socios del Gobierno de coalición, ante la decisión del PSOE de registrar una iniciativa en el Congreso para modificar la ley estrella de la ‘número dos’ de Podemos.

Críticas del CGPJ a Igualdad

En su informe, el CGPJ criticaba que Igualdad en su anteproyecto «no ofrece una justificación de los nuevos umbrales de pena previstos» y añadía que «la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente», en referencia a la anterior.

El órgano de gobierno de los jueces explicaba que en el tipo básico de agresión sexual se establecía una pena de 1 a 4 años mientras que la anterior lo marcaba en la horquilla de 1 a 5 años. En caso de violación, el anteproyecto prevé una pena de prisión de 4 a 10 años mientras que antes se penaba de 6 a 12 años y en el caso de abusos sexuales con penetración con penas de 4 a 10 años.

Igual ocurre con los tipos agravados en agresión sexual que con la reforma van de 2 a 6 años mientras que antes la horquilla era de 5 a 10 años. En cuanto al tipo agravado de violación pasa de una horquilla de 12 a 15 a una pena de 7 a 12 años. Sin embargo, el Gobierno no atendió a las recomendaciones del CGPJ y sacó adelante la ley estrella de Irene Montero.