La Justicia ordena liquidar una ONG vinculada a Ábalos por no presentar cuentas desde 2016
Un Juzgado de Valencia estima la demanda interpuesta por el Gobierno de Ximo Puig para eliminar la fundación del Registro de Fundaciones
José Luis Ábalos en la presentación de un libro en septiembre. | Carlos Luján (Europa Press)
La Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) ya es historia. La Justicia ha ordenado a la Generalitat Valenciana liquidar la fundación vinculada al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos por no presentar sus cuentas desde 2016. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia ha estimado la demanda interpuesta por el Gobierno de Ximo Puig, que ya puede extinguir la sociedad y darle de baja del Registro de Fundaciones.
Fiadelso se fundó en 1992 en Valencia y entre sus patronos figuraban familiares y amigos de Ábalos. No obstante, en su web asegura ser «una organización independiente respecto de vínculos políticos o religiosos». La ONG usa como sede un local comercial del que el exministro de Transportes afirma ser copropietario. Durante un reciente juicio contra la periodista Cristina Seguí, el que fuese número tres del PSOE reconoció haber fundado la fundación y mantener vínculos personales con sus responsables.
La ONG recibió 4,9 millones de euros en subvenciones públicas entre 2004 y 2015 para llevar a cabo proyectos de cooperación internacional en Latinoamérica. En estos momentos se encontraba en vías de extinción por deficiencias en sus cuentas. El Gobierno valenciano dictó el 14 de julio una resolución en la que instaba a la Abogacía de la Generalitat a iniciar acciones legales para liquidar Fiadelso, que no había contestado los reiterados requerimientos para «cumplir con su obligación de rendir cuentas y presentar planes de actuación».
Los amigos de Ábalos
La oposición política lleva meses cercando a Puig. Dos senadores del Grupo Mixto, Ruth Goñi y Emilio Argüeso, registraron el 30 de diciembre 2021 en la Cámara Alta una pregunta para conocer en qué situación se encontraba el expediente administrativo que abrió la Generalitat a Fiadelso para que subsanara sus deficiencias contables. Tras un año en silencio, el Gobierno de Pedro Sánchez se declaró incompetente para entregar la auditoría solicitada.
No fueron los únicos que preguntaron por el caso. PP y Vox requirieron información de todas las comunicaciones, actuaciones e informes realizados por la Abogacía des Estado. Ambos partidos quieren saber a dónde han ido a parar los fondos. José Antonio Martínez Ortega, parlamentario no adscrito en las Cortes Valencianas y ex de Ciudadanos, también registró una batería de preguntas para establecer en qué punto se encontraba el procedimiento judicial iniciado para extinguir Fiadelso.
La Generalitat Valenciana respondió este martes a Martínez Ortega. La Administración autonómica, gobernada por una coalición entre PSOE, Unidas Podemos y Compromís, reconoce en el texto que Fiadelso incumplió sus obligaciones de rendición de cuentas y que tampoco presentó los necesarios planes de actuación.
«Ante la falta de presentación de la documentación requerida a la entidad, la opción que desde el centro directivo competente en materia de fundaciones se consideró procedente llevar a cabo la acción de extinción judicial», esgrime el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Demanda de la Generalitat
El procedimiento se sustenta en la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia, que ha estimado la demanda interpuesta por la Generalitat «tras el allanamiento de la entidad demandada». El fallo de la sentencia da vía libre para su extinción y acuerda eliminar del Registro de Fundaciones la organización de la que formó parte Ábalos entre 1992 y 1998, aunque muchos de sus familiares y amigos continuaron vinculados.
Entre los fundadores, junto a Ábalos, se encontraba el histórico abogado del PSOE José Luis Vera. Fue nombrado por Puig como jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra en 2015, liquidada el pasado verano por la Diputación de Valencia tras 33 años de existencia tras ser utilizado «demasiadas veces» como «icono de la perversión», según su último presidente, el socialista Toni Gaspar.
Vera es uno de los principales investigados por el caso Azud, la pieza que investiga la presunta financiación ilegal de los socialistas valencianos en las elecciones de 2007 y que tiene su epicentro en el Ayuntamiento de la capital, gobernado entonces por el PP. La supuesta trama adjudicaba contratos públicos mediante el pago de comisiones, según un informe de la Guardia Civil.
Otro de los patronos de Fiadelso, que aparece como presidente en su web, es Gustavo Casal. Vinculado al PSOE valenciano, es copropietario junto a Ábalos del local donde tiene su sede la organización que la Justicia ordena liquidar a propuesta de la Generalitat.
Los documentos a los que ha tenido acceso este diario acreditan que la ex mujer del antiguo ministro de Transportes, Carolina Perles, fue patrona de la ONG hasta 2019. Entre sus vocales se encuentra también uno de los discípulos de Ábalos y actual concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de la capital valenciana, Aarón Cano, y el exsuegro del ex número tres del PSOE.
