La jefa de una ONG afín al Gobierno se apropió de inmuebles pagados con dinero público
La presidenta de Apramp, que recibe 3,3 millones de euros anuales en subvenciones, se defiende: «Yo he aportado más de lo que me he apropiado»
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habla con la presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Nieto (1d). | Europa Press
Preside una asociación que tutela a mujeres víctimas de la trata de personas y defiende la propuesta de ley del PSOE para abolir la prostitución. Su ONG es destinataria de una media de 3,3 millones de euros anuales en subvenciones públicas y privadas desde 2018, según un informe policial. Sin embargo, en 2016 se adjudicó cuatro inmuebles en Madrid que pertenecían a la asociación que lidera y que habrían sido comprados años antes con dinero público.
Según documentos judiciales, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la fundadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), Rocío Nieto, se apropió por vía judicial de los cuatro inmuebles del madrileño barrio de Lavapiés. Lo hizo a través de un procedimiento monitorio y en concepto de una presunta deuda de casi 724.000 euros reclamada a otra ONG que dirigió hasta entonces, la Asociación Centro de Día APRAM (sin P).
Los inmuebles pasaron a su propiedad mediante una suerte de acuerdo judicial amistoso, en el que además de la deuda antes mencionada exigía a su asociación (sin ánimo de lucro) el pago de otros 250.000 euros en concepto de «intereses y costas presupuestadas». Es decir, se hizo con los inmuebles en el centro de Madrid que la ONG habría adquirido con subvenciones, por una supuesta deuda que ascendía a casi un millón de euros en total incluyendo las costas e intereses.
Como establece la ley, y tal y como demuestran los documentos obtenidos por este diario, al hacerlo a través de un proceso monitorio, el Juzgado de Primera Instancia número 59 de Madrid dictó el 1 de diciembre de 2016 una ejecución de los inmuebles en su favor debido a que la asociación APRAM, de la que Rocío Nieto era su presidenta, no presentó objeciones ni alegaciones en un plazo de 20 días desde que se efectuó la reclamación por vía judicial.
Los cuatro inmuebles ubicados en la calle Mesón de Paredes de Madrid, que sirvieron durante años como oficinas para APRAM y como centro de día para prostitutas que buscaban ayuda y reinserción social, pasaron a formar parte del patrimonio de la líder de una ONG que se sitúa entre las más firmes defensoras de abolir la prostitución. Además, se le concedieron los 250.000 euros en concepto de costas que exigía en el procedimiento, y que superan el máximo contemplado por la ley: un tercio sobre la cantidad reclamada.
«He aportado más de lo que me he apropiado»
En conversación con THE OBJECTIVE, Rocío Nieto explica que esos inmuebles habían sido utilizados por APRAM durante años. Pero, debido a la «conflictividad» del barrio, se habían abandonado ocho años antes de que pasaran a su titularidad. «Yo aporté de mis bienes particulares el dinero necesario para que APRAM pudiera funcionar en sus inicios», indica en declaraciones a este medio.
«En cuanto la Comunidad de Madrid nos dio otros pisos para poder continuar con nuestra labor, y antes de que el Ministerio de Asuntos Sociales nos cediera nuestra actual sede en la Plaza del Ángel de Madrid, nos fuimos de Lavapiés porque el ambiente no era el más adecuado. Muchas de las chicas que venían a recibir ayuda psicológica al centro de día eran transexuales y sufrían todo tipo de insultos y vejaciones», señala Nieto, de 79 años.
Añade que, durante los ocho años en los que esos inmuebles de Lavapiés estuvieron cerrados, pagó de su bolsillo todos los gastos originados en concepto impuestos, agua, luz y reparaciones. «Se metieron ‘okupas’ y yo estuve costeando todo. Luego se sacaron a subasta pública esos inmuebles y como nadie los quiso comprar, por recomendación de mi abogado, creímos que esa era la mejor opción para recuperar todo lo que yo había aportado para mantenerlos», agrega.
La presidenta de APRAMP asegura que sus abogados tienen pruebas y facturas que acreditan todos los gastos que dice haber asumido durante esos ocho años en que los inmuebles estuvieron ocupados. A pesar de prometer que los haría llegar a este diario, no ha dado muestra de los documentos. «Yo he aportado a APRAMP mucho más de lo que he apropiado de APRAMP», subraya.
10 millones en patrimonio…
Nieto se ha visto en el foco mediático después de darse a conocer un informe policial en el que se cifra en 10 millones de euros el patrimonio que acumula en propiedades. Como adelantó El Debate, diez de esos inmuebles están a su nombre como persona física y otros siete a nombre de sociedades mercantiles de la que es administradora.
La propiedad más valorada es un chalet ubicado en el distrito madrileño de Aravaca. Tasada en 3,5 millones de euros, la vivienda consta de 1.600 metros cuadrados en una finca de 2.491 metros cuadrados. Fue adquirida el 15 de octubre de 2018 y a día de hoy está libre de cargas hipotecarias, según consta en el Registro de la Propiedad.
….y 13,4 millones en subvenciones
Según el mencionado informe policial, al que también ha tenido acceso este diario, Nieto fue directora de APRAMP entre 1984 y 2016. Ese año, en el que se llevó a cabo de la ejecución del embargo reclamado sobre los cuatro inmuebles de APRAM en Lavapiés. Desde entonces, Nieto es la presidenta de esa asociación, dirigida por su hija. Entre 2018 y 2021, según el mencionado informe policial, APRAMP ha recibido en total 13,4 millones de euros en subvenciones públicas. Una media de 3,3 millones de euros al año.
Sobre su elevado patrimonio, Rocío Nieto señala a este diario que sus padres le dejaron en 1969 en herencia un extenso número de propiedades y sociedades. Niega rotundamente haber utilizado a la asociación que preside para hacer crecer sus bienes. Asevera que las recientes noticias sobre su situación financiera están haciendo «mucho daño» a APRAMP y apunta a que las informaciones referidas están impulsadas por el «lobby proxeneta» como consecuencia de su apoyo a la abolición de la prostitución. «Estamos sufriendo muchas amenazas», añade.
Según su Memoria Anual de 2021, APRAMP realiza actividades en seis provincias españolas: Madrid, Asturias, Salamanca, Almería, Murcia y Badajoz. A través de sus unidades móviles y centros de acogida, en los que facilita información y apoyo jurídico, social, sanitario y psicológico, el pasado año atendió a 9.899 prostitutas. Una media de 27 mujeres al día. A todas ellas se les ofreció una primera información y asesoramiento, y se les entregó una tarjeda de la entidad con el teléfono 24 horas para emergencias.
Mujeres tuteladas
Un total de 121 de esas mujeres demandaron un piso de protección tutelado por APRAMP y financiado con subvenciones públicas. De ellas, 72 lo recibieron. Solo en la Comunidad Valenciana hay 10.000 mujeres dedicadas a la prostitución, según un reciente informe del Instituto Valenciano de las Mujeres presentado por la consejera socialista Gabriela Bravo, una de las principales impulsoras de la abolición en España.
A nivel nacional no existen datos fiables y recientes sobre el sector. En 2006, un informe financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales cifraba en 150.000 el número de mujeres dedicadas a la prostitución en España. Como contó este diario, el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha encargado la realización de un estudio para la «estimación del número de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual y en situación de prostitución» en nuestro país. A este documento irá destinada una suma de 101.887,96 euros.
