El Gobierno concede cinco indultos especiales, pero obvia a Griñán y al delator de la Gürtel
Los beneficiados son personas con condenas menores, en su mayoría con un año de prisión o multa, que cometieron delitos como robo o estafa entre 2016 y 2021
José Antonio Griñán acude a un juicio del 'caso ERE' en 2018. | Eduardo Briones (Europa Press)
La Semana Santa es época de perdón. En España, las cofradías solicitan cada año el indulto para presos. La selección debe ser deliberada por el Consejo de Ministros, aunque el encargado de concederlo es el Rey. El Gobierno ha aprobado en esta ocasión la remisión del castigo de cinco condenados a penas leves. En estas deliberaciones se excluyen personas con sanciones más elevadas, como las del caso ERE. Entre ellas se encuentra el expresidente andaluz José Antonio Griñán, que sigue esperando la medida de gracia. Lo mismo que el exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, delator de la trama Gürtel.
En nuestro país son numerosas las organizaciones que conceden la medida de gracia tras el beneplácito de las autoridades. Entre ellas, las cofradías del Jesús Nazareno de Ponferrada (León), Santísimo Ecce Homo de Gandía (Valencia), Nuestra Señora de La Soledad y Descendimiento del Señor (Granada), Santo Cristo del Perdón (León) y Nuestro Padre Jesús El Rico (Málaga).
El indulto en España está regulado en una ley de 1870 y existen ciertas limitaciones para otorgarlo. No pueden beneficiarse las personas que aún no dispongan de una sentencia firme, los reincidentes o quienes «no estuvieren a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena». Esto es, que se encuentren en paradero desconocido o se hayan marchado fuera del país.
Delitos menores
Las concesiones que se realizan en Semana Santa suelen ser de casos leves, personas con condenas pequeñas. En esta ocasión, tal y como publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, los beneficiados son cinco personas con penas menores, en su mayoría de un año de prisión, multa o inhabilitación que cometieron delitos como robo o estafa entre 2016 y 2021.
El Gobierno concede esta medida de gracia al considerar que «concurren razones de justicia y equidad». Cuatro de los cinco indultos se han concedido con la vista puesta en la Pascua, según confirman fuentes gubernamentales a Europa Press. La condición es que no vuelvan a cometer el delito en un plazo específico fijado para cada caso.
La medida se adopta a propuesta del Ministerio de Justicia y después de que se hayan tomado en consideración los pertinentes informes del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, según precisan los reales decretos emitidos. Que los beneficiados sean personas con sanciones leves deja fuera de la ecuación a los condenados por el caso ERE, todos por encima de los seis años de prisión.
Los nueve sancionados por este sistema de ayudas irregulares a empresas que desarrolló la Junta de Andalucía durante más de una década, cuyo fraude superó los 680 millones de euros, han solicitado el indulto, pero por el momento el Gobierno no se ha pronunciado al respecto.
Dos de los nueve condenados siguen sin ingresar en prisión al esgrimir que padecen una enfermedad grave. Es la circunstancia en la que se encuentran tanto Griñán como el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. En ambos casos la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado recabar informes médicos y penitenciarios sobre si sus dolencias pueden ser tratadas en prisión, algo que los documentos avalan.
La pelota ahora está en el tejado del tribunal. En caso de que ejecute la entrada en la cárcel, solo los incidentes de nulidad interpuestos en el Tribunal Supremo o un indulto podría librarles de las rejas, aunque el Gobierno no parece muy proclive a concederles la medida de gracia, especialmente en periodo electoral.
Año y medio de espera
Otro de los que espera el indulto parcial es José Luis Peñas. El exconcejal del PP en la localidad madrileña de Majadahonda fue el delator de la trama Gürtel y, desde entonces, colabora con la investigación. Su defensa solicitó la medida de gracia hace año y medio. La Fiscalía apoyó esta solución en octubre de 2021.
En su informe, el Ministerio Público advertía de que la pena de inhabilitación absoluta le haría perder su trabajo como ordenanza en el Ayuntamiento de Madrid, lo que supondría para él «una aflicción desmedida e innecesaria». El Tribunal Supremo avaló el indulto un mes más tarde al entender que, sin su denuncia, nunca se habría podido destapar este caso de corrupción.
