La Fiscalía pide absolver a Irene Montero pese a llamar maltratador al exmarido de María Sevilla
Entiende, en el proceso abierto por el Tribunal Supremo, que la ministra no vulneró el derecho al honor de Rafael Marcos porque no se refirió a él por su nombre
La ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero. | Europa Press
La Fiscalía se adhiere a la Abogacía del Estado y pide absolver a Irene Montero en el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra la ministra de Igualdad por llamar maltratador al exmarido de María Sevilla, la mujer indultada el pasado mes de mayo por el Gobierno pese a haber sido condenada por secuestrar al hijo de ambos. En sendos escritos remitidos a la Sala Primera del Alto Tribunal, el Ministerio Público y los abogados del Estado consideran que la ministra no incurrió en una intromisión ilegítima al derecho al honor de Rafael Marcos porque no se refirió a él con nombre y apellidos, según informan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.
El Tribunal Supremo admitió a trámite el pasado mes de noviembre una demanda interpuesta por Marcos contra Irene Montero. Solicita 85.000 euros de indemnización a la ministra por unas declaraciones en las que, de forma implícita, le acusaba de ser un maltratador, a pesar de no tener ningún antecedente penal ni condena por violencia de género contra su expareja ni su hijo. Marcos, cuyo hijo fue sustraído durante dos años por María Sevilla, contraatacó y demandó a la ministra por intromisión ilegítima al derecho al honor ante el Alto Tribunal. La Sala Primera admitió a trámite la demanda y acordó continuar el procedimiento por los trámites de juicio ordinario, emplazando a la Fiscalía a ser parte del proceso.
Casi cinco meses después, añaden fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo ha fijado la celebración de una audiencia previa entre las partes para el próximo 10 de mayo. En sus escritos de contestación a la demanda, tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado (que representa a Irene Montero en el procedimiento) piden la absolución de la ministra de Igualdad porque, en las declaraciones donde supuestamente la ministra se refirió al padre del hijo de María Sevilla como un maltratador, «no se identificó en concreto al demandante».
Las declaraciones de Irene Montero
En aquellas declaraciones, efectuadas durante la inauguración del Instituto de las Mujeres, Irene Montero celebró el indulto parcial a María Sevilla concedido un día antes. Un perdón que la ministra calificó como «una victoria de todo el movimiento feminista» y una muestra del compromiso del Gobierno de coalición en la defensa de «todas las madres protectoras» que «sufren injustamente la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo precisamente es protegerse a sí mismas y a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores».
Rafael Marcos interpuso su demanda contra Irene Montero ante el Tribunal Supremo por tratarse de unas declaraciones realizadas en el ejercicio de su cargo como ministra del Gobierno. La Sala de lo Civil del Alto Tribunal consideró que la demanda cumplía con los requisitos para ser admitida a trámite y declaró procedente sustanciar el proceso por las reglas del juicio ordinario. En su resolución del pasado mes de noviembre, el Supremo emplazaba a Irene Monero y a la Fiscalía para que contestasen a la demanda interpuesta por Rafael Marcos en el plazo de veinte días hábiles.
Además de reclamar 85.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, el exmarido de María Sevilla exige a Irene Montero una rectificación pública que contenga reconocimiento expreso de la «incerteza» de las declaraciones efectuadas el 25 de mayo en las que celebraba el indulto a María Sevilla y se refería a Marcos, sin mencionarle directamente, como un maltratador.
Sustracción de menores
En el transcurso de un juicio por la custodia del menor, Sevilla aseguró que su padre le golpeaba y que incluso había cometido abusos sexuales en su contra, algo que quedaría completamente desestimado al no probarse. Tras perder el caso por la custodia del menor, la expresidenta de Infancia Libre se llevó al pequeño y lo mantuvo durante dos años oculto para evitar que su padre pudiese verle o dar con su paradero.
Tras ser detenida por la Policía Nacional, la mujer fue condenada en 2021 por sustracción de menores a dos años y cuatro meses de prisión, además de cuatro años sin poder ejercer la patria potestad. Sin embargo, en un decreto publicado en mayo en el BOE, el Gobierno le concedió un indulto parcial y le devolvió la patria potestad.
Durante el tiempo que tuvo retenido al menor, según la Policía, María Sevilla prohibió que el pequeño saliera a la calle, salvo unos pocos minutos al atardecer, no le escolarizó, no le suministró las vacunas necesarias para niños de su edad y recibía una fuerte educación evangélica. Además, según relataría el propio menor a los agentes que detuvieron a la expresidenta de Infancia Libre, el pequeño tenía miedo a su madre e informó de que esta le golpeaba, le llamaba «el diablo» e incluso le tildaba de retrasado.
