La Audiencia Nacional reactiva un caso contra ETA que la Fiscalía paralizó hace cuatro años
La Sala de lo Penal acepta dar impulso procesal a la causa en la que se pide juzgar por lesa humanidad a los exjefes etarras ‘Josu Ternera’, ‘Txeroki’, ‘Ata’ y ‘Gurbitz’
Josu Ternera a su salida de una cárcel francesa. | Europa Press
La Audiencia Nacional ha acordado dar impulso procesal a la causa en la que se pide juzgar a la cúpula de ETA por delitos de lesa humanidad. Un procedimiento que se encontraba paralizado desde abril de 2019 por petición de la Fiscalía, a la espera de que Francia acceda a extraditar temporalmente a tres exjefes etarras que, junto a José Antonio Urrutikoetxea (Josu Ternera), se encuentran procesados por crímenes de lesa humanidad, como presuntos responsables de todos los asesinatos cometidos por ETA desde 2004.
En una providencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los magistrados de la Sección Segunda han solicitado al Ministerio que informe sobre el estado en el que se encuentra la petición de entrega temporal o definitiva de los procesados Garikoitz Aspiazu Txeroki, Mikel Carrera Sarobe Ata y Aitzol Iriondo Yarza Gurbitz. La Audiencia Nacional responde así a un escrito interpuesto por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) en enero de 2021.
La asociación presidida por Daniel Portero pedía dar impulso a la causa y que sea «solicitada la entrega temporal o definitiva de los procesados a las autoridades judiciales francesas». En el escrito, que ha tardado dos años en ser contestado, DyJ alertaba de que «las dilaciones» para subsanar el defecto procesal por el que la Fiscalía solicitó dejar en suspenso la causa son «gravemente perjudiciales» para las víctimas.
La cúpula de ETA
El Ministerio Fiscal, mediante un informe fechado el 25 de junio de 2018, solicitó que la causa quedara en suspenso hasta conocerse la posición de las autoridades francesas respecto a la entrega temporal o definitiva de los exjefes etarras procesados por la Audiencia Nacional para ser juzgados por lesa humanidad, salvo el entonces huido Josu Ternera. La Audiencia Nacional accedió a la petición solicitada por la Fiscalía el 1 de abril de 2019 y la causa se encuentra en suspenso desde entonces.
La Sala de lo Penal reitera así la petición que hizo al Ministerio Fiscal hace un año, con el fin de poder solicitar a las autoridades galas la entrega de los exjefes etarras que se encuentran cumpliendo condena en Francia. El que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, Juan Pablo González, procesó a los tres dirigentes, junto al entonces prófugo Josu Ternera, pero archivó la causa para Aitor Elizaran.
Las pesquisas se iniciaron en julio de 2015 a partir de las querellas presentadas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas de ETA. Unos años más tarde, en 2018, la magistrada Carmen Lamela concluyó el sumario y procesó a Ata, Gurbitz, y Txeroki por crímenes de lesa humanidad, proponiendo juzgarles por los asesinatos cometidos desde 2004.
Lesa humanidad
El magistrado González recogió en su auto siete atentados mortales cometidos por ETA desde el año 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal, y les imputó un total de 25 delitos de asesinato terrorista por un total de siete atentados mortales. Entre ellos, el que acabó con la vida de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio en la T-4 de Barajas, en diciembre 2006.
También atribuyó a la cúpula de la banda el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco en Mondrágón (Guipúzcoa), así como los atentados que acabaron con la vida del guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Álava) y del brigada Luis Conde en Santoña (Cantabria), todos ellos perpetrados en 2008. A ellos se suman los asesinatos del empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Guipúzcoa), el del policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Vizcaya), en junio de 2009, y el de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calviá (Baleares) en julio de 2009.
El juez instructor atribuyó siete delitos de asesinato a Ata, seis a Iriondo, cinco a Txeroki, cinco a Elizaran y dos a Josu Ternera. Este último «estuvo al frente del ‘aparato político’» de la banda terrorista entre 2005 y 2007 junto al fallecido Francisco Javier López Peña, Thierry. El magistrado también impuso a los exjefes de ETA fianzas millonarias en concepto de responsabilidad civil.
En su auto expuso que, en todos estos atentados, los máximos dirigentes de los aparatos político y militar de ETA «tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado». Les imputó el delito de lesa humanidad, contemplado en el artículo 607 del Código Penal, al entender que estos atentados se cometieron «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella».
