Los abogados del turno de oficio claman por el «derecho al descanso» y más remuneración
El 27 de abril 14 asociaciones y un sindicato se concentran frente al Congreso para solicitar la actualización de los baremos y denunciar retrasos en los pagos
Protesta de los abogados del turno de oficio. | Emilio Naranjo (EFE)
Eric Blanco no tiene horarios ni días de descanso. Este abogado del turno de oficio recibe llamadas a cualquier hora y cualquier día por 300 euros de media al mes. Asegura que «esta profesión es vocacional» y que debe dedicarse a otra actividad para sobrevivir. Junto a colegas de toda España ha decidido dar un paso adelante. El malestar ha cristalizado en un movimiento que, entre otras cosas, reclama una remuneración digna, la actualización de los baremos y el derecho a la conciliación. El jueves 27 de abril 14 asociaciones y un sindicato realizaran una concentración para protestar frente al Congreso.
«Somos precarios y estamos mal pagados». Blanco explica a THE OBJECTIVE que le lleva meses preparar la defensa de quienes tienen menos recursos, pero que tanta dedicación no le compensa. «Las administraciones abonan una miseria por un trabajo que puede durar años. Labores de 3.000 euros que se hacen por 300. Y nadie paga los gastos ni los desplazamientos», denuncia este abogado del turno de oficio que presta servicio en Cataluña.
La retribución varía según la comunidad autónoma. La mayoría tienen las competencias transferidas. Por eso una de sus propuestas es que se equiparen los pagos. «Solicitamos que se adopten las medidas necesarias y cuantas modificaciones normativas procedan en aras de combatir la infrafinanciación del turno de oficio», recoge el documento de 12 reivindicaciones al que ha tenido acceso este diario.
Sin derecho a huelga
El grueso de las asociaciones que acudirán a la concentración del 27 de abril proceden de Andalucía. Es la región que menos paga por cada procedimiento, 102 euros de media. Una cifra muy alejada de los 285 euros que reciben los letrados del turno de oficio en País Vasco, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en 2021. Cuantías incluso más bajas que las del año anterior, por eso otra de sus reclamaciones es que se actualicen los baremos conforme al IPC.
«Es un movimiento espontáneo e independiente», revela Miguel Ángel González de Miguel, portavoz de la plataforma que ha convocado la concentración, Abogacía y Turno de Oficio. Sostiene que esta decisión es consecuencia del maltrato que llevan décadas sufriendo en silencio. «La gota que ha colmado el vaso ha sido la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Hemos estado tres meses sin actividad y, por tanto, sin cobrar».
González de Miguel afirma que esta protesta supone «un hecho histórico». Se han reunido con representantes de PSOE, PP, Vox o Ciudadanos, pero es la primera vez que se unen para cambiar la situación. A diferencia de los LAJ, no pueden convocar huelgas porque se enfrentarían a responsabilidades civiles, penales e incluso disciplinarias. La tutela judicial es un derecho fundamental. Piden que se modifique el artículo 30 de la ley de asistencia jurídica gratuita para cobrar todas las gestiones, aunque la administración deniegue la resolución con posterioridad.
«La justicia gratuita no es tan fácil. Necesita un expediente de asistencia. Una vez que se da luz verde, se cobra al final del procedimiento, que requiere meses de trabajo. Si no se reconoce la asistencia, no cobramos nada», lamenta Alicia Vega, presidenta de la Confederación Española de Abogados de Turno de Oficio (CEAT). En su opinión, en el escenario actual no se cumple el precepto constitucional de que todos somos iguales ante la ley: «Eso depende del lugar donde vivas».
Una partida presupuestaria
Los abogados del turno de oficio solicitan que, para facilitar el acceso de los justiciables a la asistencia jurídica gratuita, se tome como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en lugar del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). «De mantenerse la situación actual se impedirá el acceso a muchas personas con rentas bajas vulnerando su derecho a tutela judicial efectiva reconocido en nuestra Constitución».
Otra de sus peticiones pasa porque todas las administraciones habiliten partidas presupuestarias. Y que se modifique la normativa para garantizar el derecho de estos profesionales a la desconexión digital, al descanso y a la conciliación. Es una actividad dura: en 2021 se dieron de baja 1.700 profesionales, un descenso del 3,5%. «No se nos permite disfrutar de los permisos de maternidad y se dificultan nuestras solicitudes para ausentarnos de una vista o un juicio», asegura el documento.
Blanco se queja de que ni siquiera pueden estar de baja médica. «El proceso continúa y pueden pedirnos responsabilidades». El movimiento surgió desde la base, por iniciativa de los propios letrados. Comenzó hace año y medio en Andalucía y, poco a poco, comenzaron a organizarse grupos de WhatsApp en el resto de regiones. Durante meses han ido lanzando propuestas. Blanco se encargó de recoger las de sus colegas en Cataluña.
«Nos costó cinco o seis días consensuarlas. Se hizo una negociación con afiliados de todos los territorios», reconoce González de Miguel, portavoz de Abogacía y Turno de Oficio. En nuestro país existen unos 44.000 profesionales. El año pasado atendieron casi dos millones de causas de manera gratuita, un 20% más que en 2020. La retribución media por cada asunto apenas llegó a los 148 euros, cinco menos que un año antes, según informes del CGAE.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró este jueves en el Foro Justicia del Colegio de la Abogacía de Madrid que el Gobierno va a subir los baremos, como piden los abogados del turno de oficio. «Habla desde el desconocimiento o lanza una promesa electoral. Eso solo se puede hacer con una ley marco. O si las comunidades devuelven las competencias», subraya González de Miguel.
El Tribunal Supremo estableció en 2019 que el servicio de asistencia jurídica que prestan los abogados del turno de oficio no está sometido a las normas de competencia, ya que no existe libertad de contratación de un letrado ni libertad para fijar los honorarios porque son las administraciones las que sufragan los gastos. Los profesionales sospechan que la futura ley de Derecho de Defensa, que recoge la tutela judicial efectiva, tampoco solucionará sus problemas.
