'Okupan' la casa de vacaciones en Ibiza de un juez de enlace del Reino Unido en España
La familia Robinson iba a pasar la Semana Santa en su segunda residencia, cuando al llegar vieron que la cerradura había sido cambiada. Un mes después, la Justicia no ha procedido al desalojo
Foto de archivo de una vivienda okupada en Madrid. | Europa Press
Marc Robinson es un fiscal británico con raíces en España. Entre 2011 y 2019 sirvió como magistrado de enlace del Reino Unido en nuestro país y tiene una segunda residencia en Ibiza. El inmueble, heredado por su esposa y alojamiento habitual de la familia Robinson en época de vacaciones, se encuentra okupado desde hace unas semanas sin que la Justicia ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan podido desalojar hasta el momento a las personas que se han metido a vivir en el inmueble.
El vía crucis de la familia Robinson con la okupación comenzó en plena Semana Santa, según consta en documentos policiales y judiciales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La mujer del fiscal británico y sus hijas llegaron en la noche del pasado 4 de abril a Ibiza para disfrutar de unas vacaciones que se acabaron convirtiendo en una pesadilla. Al llegar a su vivienda habitual de vacaciones, en la localidad de San Antonio de Portmany y alrededor de las 23.30 horas, comprobaron que «las luces del inmueble estaban encendidas y al intentar abrir la puerta la llave no entraba en la cerradura».
Acto seguido, la señora Robinson llamó a la Policía Local y a la Guardia Civil. «Personándose ambas patrullas se entrevistaron con el ocupante del inmueble. Este manifestó que no tenía dónde vivir y que por eso ocupó la vivienda junto a su mujer y sus dos hijos», indica un atestado de la Guardia Civil. En el mismo documento policial se atestigua que una vecina y amiga de la señora Robinson dio fe ante los investigadores de que, nada más irse ambas patrullas, ella pudo ver cómo en el jardín del chalet había al menos otros cuatro hombres. Es decir, en total en la vivienda habría seis hombres, una mujer y dos niños pequeños. No serían solo una familia.
‘Vía crucis’ por la ocupación
Casi un mes después, los Robinson ven desde Reino Unido con inquietud y estupor los escasos avances judiciales y policiales para poder recuperar su vivienda. Los ocupantes siguen ahí. Poco han sabido de las dos vías judiciales que han abierto para intentar recuperar su hogar. Durante sus fallidas vacaciones de Semana Santa en Ibiza por culpa de los okupas que han invadido su casa, la señora Robinson puso una querella por un delito de usurpación de su inmueble ante los juzgados de Instrucción de Ibiza que aún no ha sido admitida a trámite.
También presentó un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza solicitando como medida cautelar el urgente «desalojo del inmueble ocupado, así como su debida restitución a su propietario evitando de esta manera la continuidad de la acción delictiva». Pero a pesar de ser solicitada esta medida con carácter urgente, la Justicia aún no se ha pronunciado sobre la aplicación de esta medida cautelar.
Desesperación familiar
«El atestado policial no ha llegado aún al juzgado y todavía no se han abierto las diligencias previas para expulsarlos de nuestra casa. La Guardia Civil nos dijo que ellos no podían hacer nada porque cuando llegaron solo había un hombre, una mujer y dos niños a los que no pueden echar sin orden judicial porque dicen que son una familia y no tienen dónde vivir. Pero sabemos que hay más gente en la casa y para la policía debería ser fácil comprobarlo. No comprendemos cómo es posible que exista una laguna legal así respecto a la okupación en España», indica Sophie Robinson en conversación con este diario.
Ante la impotencia sufrida en Ibiza y las dificultades de poder recuperar su vivienda rápidamente por vía policial y judicial, la esposa del que fuese durante ocho años magistrado de enlace del Reino Unido en España admite que ya han contactado con una empresa de desokupación. «Se encuentran en la isla hablando con la gente que ha usurpado nuestra casa. Queremos que se vayan cuanto antes. Parece que han estado vendiendo artículos que son nuestros. Por ejemplo, tenemos certeza de que una bicicleta de alta gama que teníamos en la vivienda ya no está. Cuando logremos entrar veremos si también tenemos que ponerles una denuncia por robo o por daños», añade la esposa del fiscal.
