Canarias utilizó un decreto derogado para 'salvar' al proveedor de mascarillas de Ábalos
El Gobierno canario se amparó en una ley derogada un mes antes, según la Fiscalía, para pagar 1,3 millones de euros a Soluciones de Gestión SL en 2021
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en una foto de archivo de 2021.
El Gobierno de Canarias se amparó en un Real Decreto-ley que había sido derogado un mes antes para justificar y ordenar, en junio de 2021, un último pago de 1,3 millones de euros al proveedor favorito de mascarillas del exministro José Luis Ábalos. Así figura en la última modificación del expediente público, consultado por THE OBJECTIVE, por el que el Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó un contrato de 6,87 millones de euros para el suministro de 2,75 millones de mascarillas FPP2 a la compañía zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.
En esa resolución, fechada el 4 de junio de 2021 y firmada por una ex alto cargo que se encuentra imputada por el caso mascarillas de Canarias, el SCS dio «validez» a «todos los actos administrativos» del contrato suscrito un año antes por Soluciones de Gestión SL y que había sido incumplido parcialmente por la empresa. La compañía zaragozana, como contó este diario, había entregado algo más de 833.700 mascarillas quirúrgicas haciéndolas pasar por NK95/FPP2. Al detectarse el pufo, fue perdonada a cambio de comprometerse a llevar a Canarias un nuevo envío con algo más de medio millón de mascarillas que sí cumplieran con la homologación requerida.
Precisamente ordenar el pago de 1,3 millones de euros por esas 550.000 mascarillas, que se entregaron finalmente en febrero de 2021 a un precio de 2,5 euros la unidad, era uno de los objetivos de esa resolución del 4 de junio de 2021, según consta en el portal de contrataciones del Estado. En ese texto, el SCS se ampara en el artículo 16 del Real Decreto 7/2020, de 12 de marzo, como fundamento de derecho para justificar el último pago y dar «validez» a todas las modificaciones de ese contrato con Soluciones de Gestión SL desde su inicio.
El problema es que esa disposición legal, según subrayaba la Fiscalía anticorrupción en su querella por el caso Mascarillas y confirma el Boletín Oficial del Estado (BOE), había sido derogada el 5 de mayo de 2021; es decir, un mes antes de que se volviera a modificar -por quinta y última ocasión- el contrato entre la sanidad canaria y el proveedor favorito de mascarillas de Ábalos.
El artículo y el decreto en cuestión habían permitido que las administraciones públicas, entre marzo de 2020 y mayo de 2021, pudieran aplicar la «tramitación de emergencia» (sin publicidad ni licitación previa) a cualquier contrato para hacer frente a la covid-19. Al quedar derogado, a partir del 5 de mayo de 2021, las administraciones perdían no solo la potestad de usar discrecionalmente la tramitación de emergencia para cualquier contrato relacionado con la covid-19, sino que además perdían el derecho a «realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista».
A pesar de todo y apenas un mes después de su derogación, en la última modificación del contrato por importe total de 6,87 millones de euros con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la directora general de Recursos Económicos del SCS aludió al artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020 para ordenar el pago de una factura por importe de 1,3 millones de euros que la compañía zaragozana había remitido en diciembre de 2020; dos meses antes de entregar las 550.000 mascarillas FPP2 que tuvo que enviar de nuevo para reponer parte de la remesa de unidades defectuosas que había entregado en el Hospital Universitario de Canarias en abril de 2020. El decreto que permitía pagar facturas por «actuaciones» previas a la ejecución del encargo, había sido derogado.
No es la única vez que el Servicio Canario de Salud se ha amparado en ese artículo, después de su derogación, para justificar modificaciones y presuntas irregularidades en otros contratos sanitarios que están siendo investigados por la Fiscalía Europea. En la querella que dio origen al caso mascarillas en Canarias, Anticorrupción ya señalaba que en julio de 2021 el director del SCS, Conrado Domínguez, también se amparó en «un artículo derogado dos meses antes» para «encubrir» las irregularidades detectadas en la adjudicación de un contrato por importe de 4 millones de euros a RR7, una empresa de coches que jamás entregó las mascarillas que se comprometió a suministrar al gobierno canario.
«El director del SCS fundamentó su decisión administrativa de modificar el contrato (con RR7) en la fecha de 16 de julio de 2021 al amparo jurídico de un artículo derogado dos meses antes, el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo», indica el Ministerio Público en su querella. Anticorrupción añade que la modificación del contrato con la empresa de coches RR7 tenía «la única motivación de encubrir todo el irregular procedimiento administrativo».
Nexo entre ‘Tito Berni’ y Sanidad
El ex número dos de la Sanidad canaria, Conrado Domínguez, y quien fuese su directora general de Recursos Económicos del SCS se encuentran imputados en el caso mascarillas canario por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Los dos están detrás de las tres adjudicaciones públicas del SCS por las que el proveedor favorito de mascarillas de Ábalos obtuvo un total de 12 millones de euros durante la pandemia.
El exdirector del SCS es, además, el exalto cargo de la Sanidad canaria al que la trama de Tito Berni contactó en varias ocasiones para intentar hacer negocios sanitarios. Su nombre aparece en informes policiales como uno de los políticos con los que mantuvo contactos y reuniones la trama de corrupción presuntamente liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
En su declaración ante la juez que instruye el caso Tito Berni, el empresario José Suárez Esteve (alias José Drones) admitió la existencia de una conversación de WhatsApp «con el director general de Sanidad de Canarias, Conrado, que estaba muy interesado en obtener drones para un proyecto» de i+D con el que supuestamente se pretendía transportar material sanitario y órganos entre Gran Canaria y Tenerife mediante el uso de aviones no tripulados.
Además, en los informes policiales del caso se incluyen conversaciones en las que se hace alusión a gestiones entre la trama encabezada por Tito Berni y Conrado Domínguez para intentar reducir una multa a uno de los empresarios ganaderos, Alberto Montesdeoca. También se menciona una presunta reunión con el exdirector del SCS para tratar un posible negocio de «máquinas expendedoras de vending» con la Consejería de Sanidad del gobierno autonómico de Canarias.
