¿Se pueden suspender las elecciones en Melilla por sospechas de fraude en el voto por correo?
Los expertos explican que la Junta Electoral tiene competencias, pero descartan que vaya a aplazar el proceso porque supondría anular un derecho fundamental
Grande-Marlaska el domingo, durante su visita a Melilla. | Ilies Amar (Europa Press)
La decisión de la Junta Electoral obró el milagro. Las largas colas para votar por correo en Melilla desaparecieron cuando la entidad judicial acordó que los votantes debían identificarse para depositar la papeleta ante las sospechas de fraude. Una medida disuasoria para la mayoría de quienes solicitaron esa fórmula que no termina de despejar las suspicacias. Los ciudadanos se preguntan si pueden suspenderse las elecciones del 28 de mayo. La ley electoral no dice nada al respecto, aunque los expertos consultados por THE OBJECTIVE lo descartan porque supondría anular un derecho fundamental «sin indicios clarísimos».
La policía investiga a decenas de personas en Melilla por la compra de voto por vía postal. El sistema prevé que el censado se identifique a la hora de solicitar el voto y de recogerlo, pero no cuando va a depositar la papeleta, por lo que puede hacerlo cualquiera en su nombre. Una laguna que estaría aprovechando la trama para convencer a los más vulnerables para comprarles su voto por una cantidad que oscila en los 100 y los 150 euros.
Este escenario ha llevado a Coalición por Melilla, uno de los partidos sobre los que se centran las pesquisas, a solicitar que se aplacen los comicios. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que regula los procesos electorales, no contempla la posibilidad de suspender las elecciones. Tampoco lo hacen las normas regionales, por lo que existe un vacío legal. No obstante, existe un precedente: el aplazamiento de las elecciones gallegas y vascas en 2020 por la pandemia del coronavirus.
El caso de Melilla
Los expertos sostienen que se trató de «un caso extraordinario» y que no guarda similitud alguna con Melilla. «La ley no dice nada. La Junta Electoral cuenta con competencias y puede decidir, pero deben existir indicios clarísimos. Se ha abierto una investigación, pero no se va a resolver hasta después de las elecciones, por lo que creo poco probable que se anulen. Sin fundamentos no puedes cercenar un derecho fundamental. El sistema es garantista», explica Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en el CES Cardenal Cisneros.
«Siempre debe existir una situación de orden público que lo justifique. Este no sería el caso», insiste Baldomero Oliver, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. En su opinión, las autonómicas del País Vasco y Galicia modificaron la fecha prevista por «una razón de salud pública». En esta ocasión, reconoce, la Junta Electoral ha detenido el presunto fraude al requerir mayores garantías a la hora de depositar el voto por correo.
Javier Tajadura sostiene que no existen mecanismos para suspender las elecciones. «Con la pandemia ya se suspendieron sin previsión legal. Fue un caso de fuerza mayor, único, que ahora no existe». El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco deja abierta la puerta para posibles recursos a las elecciones. «Si se demuestra fraude manifiesto, se podrían anular impugnando los resultados y repitiendo el proceso, pero es algo que nunca ha sucedido».
«Se pueden suspender las elecciones. La Junta Electoral tiene competencias para ello. Se ha hecho en otras ocasiones, cuando se ha impedido que voten ciertas mesas. Para hacerlo hay que tener evidencias de que el voto real no va a reflejar con fiabilidad la voluntad de los ciudadanos», afirma Joaquín Pablo Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. El jurista revela que, en el caso de Melilla, la actuación de las autoridades parece haber devuelto las aguas a su cauce.
Identificarse para votar
La Junta Electoral de Zona obligó el miércoles a que todos los solicitantes de voto por correo en Melilla, 11.707 personas (más del 20% del censo), tuvieran que identificarse en la última fase del proceso. El día siguiente, la Junta Electoral Central amplió la obligación a los melillenses que fuesen a depositar la papeleta en cualquier oficina postal de España. De momento, Correos solo ha validado un millar de los votos solicitados a través del servicio postal, apenas un 10%.
«Se han tomado las medidas necesarias. Se está garantizando el ejercicio del voto por correo. No va a haber ningún tipo de fraude ni en Melilla ni en ningún sitio de España», afirmó el domingo Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior, que visitó Melilla para arropar a la candidata del PSOE en la ciudad autónoma, anunció que el Gobierno estudia reformar la ley electoral para exigir la identificación del votante que recurra al servicio postal en cada paso del proceso.
Los expertos celebran cualquier medida que pueda mejorarlo. «Es una laguna. La situación que hemos visto en Melilla demuestra que es una exigencia necesaria», subraya Tajadura. No obstante, el cambio de la normativa tardará, por lo que algunos partidos han recetado sus propias soluciones para que el voto por correo no repercuta en los comicios. El PSOE propuso que el voto por correo se depositara en una urna diferente (la ley prevé que se añadan en la misma al final de la votación), mientras que Vox planteó anularlo por supuesto fraude.
«Que no haya voto por correo sería una decisión muy poco garantista. Dejaría sin voto a mucha gente y no soportaría el principio de proporcionalidad que requiere el Tribunal Supremo, por lo que podría recurrirse», señala Fernandes. En su opinión, la Loreg ya prevé un marco penal para quien compre votos, aunque «la pena es insuficiente», de seis meses a tres años de prisión o multa de 12 a 24 meses.
Oliver y Urías sostienen que pueden anularse mesas concretas, pero no promover diferencias en las urnas porque eso supondría identificar al elector, que tiene derecho al voto secreto. En ese caso, los electores podrían impugnar la votación. «No hay posibilidad de medidas preventivas. El voto por correo se computa o no se computa. Si no está anulado vale lo mismo y debe ir en la misma urna», concluye Tajadura.
