Los sanitarios recurren al TC para poner fin al «gueto sanitario de Marlaska» en prisiones
Solicitan amparo y denuncian el «abandono» de la sanidad penitenciaria por parte del Gobierno. Dos tercios de la plazas de médicos en las cárceles están sin cubrir
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta los resultados del estudio sobre reincidencia durante su visita al Centro Penitenciario de Burgos. | Europa Press
Los médicos y enfermeros de prisiones han recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar poner fin al «gueto sanitario» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las cárceles españolas. Piden que, en cumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003, se traspase la gestión de la sanidad penitenciaria al Ministerio de Sanidad.
«Veinte años después, el mandato sigue sin cumplirse y estos servicios continúan integrados en el Ministerio del Interior, que los tiene abandonados porque dos tercios de las plazas de médicos están sin cubrir, dejando a los internos sin asistencia médica», indica en declaraciones a THE OBJECTIVE el abogado Juan de la Cruz Ferrer, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y socio de López Rodó & Cruz Ferrer.
Se trata del despacho que representa al colectivo de médicos y enfermeros de prisiones en su batalla por garantizar el derecho a la asistencia sanitaria de los 45.000 reclusos que albergan las prisiones de toda España. Lamentan que «de nada han servido las constantes denuncias de los informes anuales del Defensor del Pueblo por casos de fallecimientos o lesiones graves de reclusos al no disponer de médico la prisión» en la que se encontraban recluidos.
Asistencia sanitaria en prisión
«Según la Constitución, estas personas están privadas de libertad, pero no de su derecho a la asistencia sanitaria que, con demasiada frecuencia, les resulta imprescindible para conservar su integridad física y su vida», asevera De la Cruz, autor del recurso de amparo presentado recientemente al TC después de que el Tribunal Supremo inadmitiese el recurso de casación presentado por ellos.
En su recurso ante la corte de garantías, los médicos y enfermeros de prisiones recuerdan que la Asociación Médica Mundial exige que los reclusos sometidos a aislamiento tengan derecho a ser atendidos por un médico que no dependa de los jefes de la prisión, para garantizar su independencia profesional en situaciones que pueden ser gravemente perjudiciales para los reclusos.
«Esta es la cuestión esencial que decidió la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: salvar a la asistencia sanitaria penitenciaria de la connivencia con la Administración Penitenciaria y dotarla de absoluta autonomía. Sin duda, un avance en la protección de derechos fundamentales convertido en papel mojado», subraya De la Cruz.
«El gueto sanitario de Marlaska»
«El Ministerio del Interior prefiere mantener bajo su dominio este servicio, que constituye el único gueto sanitario, al margen del resto de los servicios de salud en España. La única explicación de esta voluntad de poder, por lo que se deduce de los casos denunciados por el Defensor del Pueblo, es que de vez en cuando en las prisiones se producen ‘situaciones incómodas’ y los de Interior prefieren gestionarlas sin que queden cabos sueltos. Lo que diga la Constitución, la Ley o el Defensor del Pueblo da igual», añade el letrado.
Antes de acudir al TC, el colectivo que representa a la mayoría de médicos y enfermeros de prisiones de España presentó una reclamación ante el Ministerio del Interior recordando que la ley establece desde hace dos décadas el traspaso de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad. La reclamación fue inadmitida. Recurrieron ante la Audiencia Nacional, pero los jueces también dieron la razón al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.
Ante el posterior portazo del Tribunal Supremo, acuden ahora al TC y tienen claro que trasladarán su batalla ante la Justicia europea en caso de ser necesario. Los médicos consideran que el traspaso de la gestión sanitaria de las prisiones al Ministerio de Sanidad se podría «hacer mañana mismo» porque el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) ya gestiona los servicios de salud en Ceuta y Melilla. Y añaden que «no hay dificultad alguna más que la pura y dura voluntad política de Interior de mantener sus más rancias competencias y la escasa voluntad de los jueces para someter el poder al Derecho».
«Si el Tribunal Constitucional no lo remedia en el recurso de amparo que ya se ha presentado, nos vamos a encontrar, una vez más por desgracia, con alguna condena contundente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino de España, por vulnerar derechos fundamentales y libertades públicas tan esenciales como el derecho a la vida y a la protección de la salud de los internos en las prisiones, la independencia profesional de los médicos frente a los gestores penitenciarios, y el derecho a la imparcialidad y a la tutela judicial de unos jueces, que no pueden inventarse sobre la marcha argumentos para salvar a la Administración», concluye el abogado Juan de la Cruz Ferrer.
