PSOE y PP instan al TC a dar luz verde a la 'Marbella extremeña': «No es una cosa de ricos»
Hace siete meses que el Constitucional admitió a trámite tres recursos de amparo en los que se solicita paralizar el derribo del complejo urbanístico de Valdecañas
Foto aérea de la isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. | EFE
Dos alcaldes extremeños, uno del PSOE y otra del PP, vuelven a sumar fuerzas siete meses después de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiese a trámite tres recursos de amparo en los que se pide anular la demolición del complejo urbanístico de la isla de Valdecañas, en Cáceres. Un proyecto para la construcción de unas 800 viviendas unifamiliares, dos hoteles de cuatro estrellas, un club náutico y un campo de golf que se encuentra paralizado por la Justicia -desde el año 2011 de forma cautelar y desde 2014 por sentencia firme- como consecuencia de la batalla que libran en los tribunales dos organizaciones ecologistas contra los promotores del complejo y las autoridades locales desde hace quince años.
«No es de ricos ni de aves. Va de Estado de Derecho. El tema o caso, pues algunos quisieron convertirlo en caso Valdecañas, es decir, la urbanización de unos terrenos en la Extremadura vaciada, se ha querido presentar como cosas de ricos, llegando a calificarla como la Marbella extremeña, y barbaridades semejantes, residencias de lujo para famosos y políticos», indican los alcaldes de los municipios de Berrocalejo y El Gordo, el socialista Ángel Pedro Martínez y la popular Silvia Sarro, en un escrito conjunto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Como adelantó este diario, el pasado mes de noviembre el TC admitió a trámite tres recursos de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que en febrero de 2022 confirmó la demolición del complejo residencial y turístico Marina de Valdecañas, bautizada por los ecologistas como la ‘Marbella extremeña’. Dos de los recursos los presentaron los alcaldes de Berrocalejo y El Gordo, por un lado, y la Junta de Extremadura, por otro. Entre otras, aportaron pruebas del daño económico que la paralización de Valdecañas ha causado para los habitantes de ambos municipios. De él, según los alcaldes de PSOE y PP, dependen actualmente al menos 200 empleos directos en las regiones más vaciadas de población de Extremadura.
Tres recursos en el TC
En otro recurso de revisión inadmitido por el Supremo el pasado mes de mayo, además, los promotores de la isla de Valdecañas también aportaron un documento de la Junta de Extremadura que acreditaría que el lugar donde se inició la construcción del complejo, al contrario de lo que alegaban los ecologistas y dieron por cierto el TSJ de Extremadura y el Alto Tribunal, el embalse en el que se encuentra la isla de Valdecañas nunca fue declarado por la Junta extremeña como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Por el contrario, en sus recursos admitidos a trámite por el TC (para los que aún no hay fecha de resolución) la Junta extremeña, los alcaldes de PSOE y PP y los propietarios subrayaron que el proyecto había sido aprobado por gobierno autonómico en 2007 como Proyecto de Interés Regional.
«Quien califique a la Isla de Valdecañas, que por cierto no es ninguna isla, como complejo residencial de lujo, etcétera, es que, o no conoce el complejo o no conoce Marbella. ¿Dónde está el lujo de ciertas urbanizaciones de Marbella en Valdecañas? En ninguna parte», añaden en el texto los alcaldes de ambos municipios. «Se trata, y con una breve visita se comprueba, de una urbanización de clase media, con viviendas normales, y por cierto, muy integradas en el paisaje. Pero hay un campo de golf. ¡Ah! El golf es elitista entonces. ¿Seguro? El deporte del golf es practicado por muchos españoles y extranjeros, de todas las clases sociales, y es fuente de movimiento económico y de puestos de trabajo, en suma, de bienestar social y económico», añaden.
Con su recurso de amparo, los alcaldes de PSOE y PP en Berrocalejo y el Gordo intentan paralizar el derribo de las 183 viviendas unifamiliares ya construidas y dar luz verde a la ejecución del resto de las 585 casas proyectadas. No han podido ser construidas desde que el TSJ de Extremadura paralizó cautelarmente su construcción en 2011 -y de forma firme en 2014- al considerar que el embalse de Valdecañas era una ZEPA que formaba parte de la Red Natura 2000, como alegaban las dos organizaciones ecologistas recurrentes.
Daño «irreparable»
La Marina de Valdecañas, proyecto con el que se buscaba atraer a un turismo de alta calidad a menos de 200 kilómetros de Madrid, cuenta actualmente -además de las viviendas unifamiliares ya construidas- cuenta actualmente con un hotel de cuatro estrellas de los dos que contemplaba el proyecto original, un campo de golf, un puerto náutico e instalaciones deportivas. Todas ellas «se encuentran a pleno rendimiento» los fines de semana y en temporada alta, según el recurso de amparo interpuesto por los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo.
Ambos municipios advertían al TC del daño «irreparable, real y concreto» que la demolición de la Marina de Valdecañas puede ocasionar para el interés general de la región y alertaban de que podría fomentar la despoblación del área rural en la que se asientan ambas localidades, causando a sus vecinos una situación de indefensión jurídica amparada por el artículo 24 de la Constitución Española.
En su nuevo escrito, los alcaldes de PP y PSOE instan «a cualquier persona que se interese por Valdecañas, por favor, que la visite». «Que la conozca. Y que hable con la gente que trabaja allí, tanto directa como indirectamente, con los vecinos de los pueblos. Y concluirá en la barbaridad que supone para el Estado de Derecho y para los derechos de los extremeños, negarles su derecho a vivir donde quieren vivir», añaden.
«Estos pueblos fueron ya perjudicados con la construcción del embalse, tanto en el tema de economía, puesto que perdieron gran parte de sus recursos agrícolas, y en población, pues mucha gente tuvo que emigrar a otros territorios en busca de trabajo. Vivir de nuevo esta situación sería totalmente injusto, se pueden valorar otras muchas medidas antes de llegar al derribo. Debemos atender al sentido común», apostillan.
