Bolaños responde a Bruselas que la amnistía depende del Congreso y no se ha registrado

El Gobierno ha respondido rápido a «las serias preocupaciones» con las que observa Bruselas una amnistía. Horas después de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, solicitara por carta información «detallada» sobre la medida que negocian PSOE y Junts para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez, su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha salido al paso para recordar que la proposición de ley aún no se ha registrado y que esta compete al Congreso de los Diputados.

Bolaños ha respondido a Reynders con otra misiva en la que destaca que la iniciativa de una ley de amnistía no corresponde al Gobierno, que continúa en funciones, sino a los grupos parlamentarios. Le recuerda que la proposición de ley aún no se ha registrado, por lo que le sorprende la petición. La carta del comisario de Justicia ha extrañado al Gobierno, que considera una injerencia que Europa pregunte por una cuestión que no existe y que compete a España.

Pese a la sorpresa que ha causado, el ministro ha explicado a Reynders la situación. «En caso de registrarse una proposición de ley de amnistía, tenga la seguridad de que le explicaremos a usted y a la vicepresidenta (Vera) Jourova todos los detalles, así como la posición de nuestro Gobierno», ha insistido Bolaños en la carta, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Preocupación por la amnistía

«Le agradezco de nuevo el interés mostrado por estas cuestiones, así como la colaboración permanente entre la Comisión Europea y el Gobierno de España en materia de refuerzo del Estado de derecho, que ha contribuido a que nuestro país se sitúe de manera sistemática en la parte destacada de los principales indicadores internacionales de referencia en esta materia», le ha recordado al comisario de Justicia en la misiva, adelantada por El País.

Una situación que han conseguido, insiste, pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva cinco años caducado y no se renueva, como pide la UE. Culpa de ello al PP, que según el ministro ha puesto 28 excusas. Además, conmina al comisario a una reunión que «sirva para impulsar» la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Con tono de reproche, Bolaños le ha afeado haberse enterado «por los medios de comunicación» de su carta pidiendo más información sobre la ley de amnistía, que busca «la definitiva superación de una grave crisis institucional, política y social que se vivió en Cataluña».

En la misiva, dirigida a Bolaños y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, el comisario solicita que se le facilite información «más detallada» sobre «el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista». El texto reitera la preocupación que existe en Bruselas desde que los vocales conservadores del CGPJ lograran aprobar una declaración institucional sobre la posible ley de amnistía. Algo que ha indignado a los socialistas, que consideran una injerencia de los jueces.

El comisario europeo no duda en advertir al Gobierno de que supervisará la amnistía para garantizar que no violen los derechos fundamentales de los españoles. «La Comisión sigue comprometida con el seguimiento y la defensa de los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de Derecho».

Debate público

Hasta ahora, el comisario de Justicia había mostrado sus reservas en pronunciarse sobre la amnistía hasta que no existiera, al menos, un borrador. Sin embargo, este miércoles Reynders se ha lanzado al ruedo con una carta en la que reconoce que «si bien no existe ninguna propuesta formal por el momento, se ha convertido en un debate público y se han puesto en contacto con la Comisión Europea un gran número de ciudadanos».

No es la primera vez que el Ejecutivo comunitario solicita información de este tipo a un Estado miembro. Sin ir más lejos, el pasado mayo Bruselas también exigió datos a Polonia por la llamada ley Tusk, por la que se creaba un comité especial para analizar las injerencias rusas en el país entre 2007 y 2022. La oposición criticó que la norma parecía hecha a medida para perseguir al ex primer ministro Donald Tusk. No obstante, en aquella ocasión ya se había aprobado el texto en el Parlamento.