Un informe alerta a Bruselas de que la amnistía colisiona con dos artículos del Tratado de la UE

Un informe alerta de que la amnistía al procés colisiona con dos artículos del Tratado de la UE. Su autor, el abogado español Isaac Ibáñez, lo ha trasladado a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, para que lo incorporen al dossier que preparan sobre la defensa del Estado de Derecho en Europa. El documento incluye declaraciones de expertos y doctrina jurídica. En su opinión, la motivación real es «satisfacer las ansias de poder de Pedro Sánchez y lograr su investidura como presidente del Gobierno con el imprescindible plácet del prófugo Carles Puigdemont».

Ibáñez cuenta con varios másteres y títulos de posgrado en Derecho Procesal Civil, Administración Concursal, Derecho Tributario y Derecho empresarial. Ha llevado con éxito ante la Comisión Europea procedimientos de infracción del Derecho comunitario que han supuesto la modificación de leyes y prácticas administrativas nacionales. Su intención con este informe, en el que relata todo lo relacionado con la amnistía, es brindar información a los comisarios Jourová y Reynders.

El abogado sostiene en el texto que la ley de amnistía que se negocia con el independentismo contradice el artículo 2 del Tratado de la UE, que establece que esta se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad y respeto de los derechos humanos, valores comunes en todos los Estados miembros en «una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».

Combatir la amnistía

El informe, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, también señala que la presumible amnistía choca con el artículo 19 de la ley comunitaria, que establece que los Estados miembros establecerán «las vías de recursos necesarias para garantizar la tutela efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión». Los expertos consultados por este diario reconocen que Europa solo se inmiscuirá en la amnistía en caso de que haya existido corrupción con dinero público procedente de Bruselas.

Los tribunales españoles tienen dos vías para combatirla. Si el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón considera que no respeta el Derecho comunitario, puede solicitar una cuestión prejudicial, por lo que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estaría obligado a comprobarlo. La otra fórmula es que el instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, o cualquier juez afectado por la amnistía, plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante la corte de garantías.

Las 37 páginas que conforman el documento que Ibáñez envió el pasado lunes a Juorová y Reynders se dividen en siete puntos, entre los que se incluyen menciones a artículos de prensa, declaraciones de juristas y una importante base jurídica. Entre ella, la declaración institucional que aprobó el pasado lunes un dividido Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que asegura que «la concesión de una amnistía en nuestro sistema constitucional constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y de la división de poderes».

El autor del texto considera que la medida de gracia no solo colisiona con dos artículos del Tratado de la UE, también vulnera media docena de preceptos de la Constitución, entre ellos los que hacen aluden a la prohibición de los indultos generales, la independencia judicial y la igualdad entre los españoles.

Los delitos del procés

El informe de Ibáñez incluye la carta que remitió la Asociación de Fiscales el pasado septiembre a Jourová y Reynders para que instaran a los partidos a eludir la amnistía o, en caso contrario, que iniciaran el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE para «constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte del Estado español de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado».

Ibañéz advierte a los comisarios de que Sánchez está pactando «como pago insoslayable para conseguir la investidura» una amnistía que «deje sin efecto alguno los graves delitos cometidos contra el orden constitucional» por el procés. El abogado se detiene en el documento remitido por Citizens Pro Europe, suscrito por 328 juristas y catedráticos, sobre las consecuencias de que se apruebe tal medida, «el ataque más grave a la democracia española desde el intento de golpe de Estado en 1981».

La tesis de este abogado es que la única motivación de la amnistía son «las ansias de poder de Pedro Sánchez» para lograr su investidura. Ibáñez incluye una vasta cantidad de declaraciones de expertos, todas en contra de la medida, para informar a Juorová y Reynders de las circunstancias que la rodean. Entre ellas incluye las palabras de la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, para quien «la única motivación que tiene la amnistía son siete votos a favor de la investidura».

El documento incorpora la crítica del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que califica la amnistía como «una necesidad» de Sánchez. En el mismo sentido se mostró, insiste Ibáñez, el expresidente Felipe González. El catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez lo califica como «abuso del derecho y desviación del poder». Sobre los motivos de la medida de gracia también se ha pronunciado el ex presidente del Tribunal Supremo y emérito del Constitucional Javier Delgado Barrios.

Alterar el orden constitucional

«La amnistía tiene una concreta y evidente finalidad: obtener los votos de Junts por Cataluña que el candidato necesita para alcanzar la investidura para la presidencia del Gobierno», afirmó Delgado Barrios. Unas palabras que incluye en su informe Ibáñez, para quien «la norma va dirigida a favorecer a un grupo de personas que han cometido gravísimos delitos, consistentes en un auténtico golpe de Estado, tratando de alterar el orden constitucional».

El informe elaborado por Ibáñez también recoge declaraciones en contra de la amnistía de prestigiosos constitucionalistas, como Agustín Ruiz Robledo y Tapia, para quien «la amnistía no es compatible con uno de los grandes principios de la Constitución: la división de poderes». O Javier Tajadura, que destaca que el constituyente debatió y rechazó expresamente la posibilidad de incluir que las Cortes pudieran conceder amnistías.

Ibañéz también repasa precedentes. En el documento que ha enviado a Jourová y Reynders destaca que no existe jurisprudencia porque «nunca se le ha presentado (al Tribunal Constitucional) una ley de amnistía posconstitucional». La prueba más evidente, asegura, es cuando en 1995 se decidió aprobar un nuevo Código Penal, que excluyó de las causas de extinción de la responsabilidad penal la amnistía que establece la normativa franquista de 1973.