EEUU prioriza el mayor pleito por el impago a las renovables para sentar jurisprudencia
La corte del distrito de Columbia solicita suspender el resto de procedimientos hasta resolver el caso de NextEra
Aerogeneradores en un parque eólico de Indiana, en EEUU. | Kyle Mazza (Zuma Press)
El laudo de NextEra será una prioridad para la justicia de EEUU. La Corte del Distrito de Columbia ha emitido un informe en el que considera prioritario resolver el mayor caso de impago por la retirada de ayudas a las renovables en España hace una década. El tribunal reconoce que es la mejor fórmula para abordar el resto de procedimientos pendientes, ya que las empresas continúan solicitando indemnizaciones para paliar los daños económicos que sufrieron tras el cambio legal. Por el momento, los organismos internacionales han obligado a repararlas con 1.300 millones de euros tras 25 sentencias condenatorias.
El tribunal del distrito de Columbia, ubicado en Washington, manifiesta en el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que en la actualidad existen cuatro procedimientos abiertos contra España por la retirada de primas a las renovables. Son los casos de NextEra, 9REN, Blasket Renewable Investments y, el último en llegar, el de Antin, que se desvinculó hace unos años de esa deuda, que adquirió el fondo estadounidense Centerbridge.
La acumulación de casos ha llevado a los miembros de la Corte del Distrito de Columbia a replantearse su estrategia. La prioridad será resolver la primera causa que llegó, la de NextEra. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, condenó a España a indemnizarle con más de 300 millones de euros, aunque nuestro país se niega a abonar esa cantidad, como el resto de pagos, por lo que muchas compañías han acudido a la justicia ordinaria. Eso abre la puerta a embargos de activos españoles en terceros países, como ya ha ocurrido en Reino Unido y Australia.
Deuda por las renovables
NextEra invirtió alrededor de 750 millones de euros en España después de que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables en 2007. Las ayudas suponían que los inversores consiguieran una gran rentabilidad con sus proyectos. Gracias a esa fórmula se captaron 70.000 millones de capital foráneo.
Seis años más tarde, Mariano Rajoy eliminó las primas de manera retroactiva y las empresas comenzaron a solicitar indemnizaciones para paliar sus pérdidas. Una de ellas fue NextEra, que exigió una reparación de más de 500 millones de euros, aunque finalmente el Ciadi lo dejó en 300. España sigue sin abonarlos una década después.
El tribunal de Columbia considera prioritario cerrar el caso de NextEra antes de seguir adelante con otras peticiones. Reconoce que los procedimientos en marcha pueden generar «decisiones contradictorias» pese a contar con las mismas cuestiones jurisdiccionales y así se lo hacen saber a España en un informe fechado el pasado 23 de septiembre. Fuentes de las compañías afectadas por la retirada de ayudas a las renovables valoran de forma positiva la decisión porque supondrá sentar jurisprudencia.
«Solicitan dejar en suspenso todos los procedimientos en marcha y darle prioridad al laudo de NextEra. Al admitir un nuevo procedimiento, el de Antin, la justicia de EEUU considera que se le empieza a amontonar el trabajo y cree necesario centrarse en un caso que puede arrastrar al resto», reconoce un portavoz de las empresas que persiguen una indemnización a la que se niega España a pesar de estar obligado a adoptar las resoluciones internacionales como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía.
Nuevos procedimientos judiciales
Una decisión amparada por la propia Comisión Europea, que considera ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales entre países miembros por ser contrarios al derecho comunitario y aboga por resolverlos en sus tribunales. De hecho, el Ejecutivo comunitario solicitó este mismo verano que la UE abandonara el Tratado de la Carta de la Energía, que se firmó en 1991 para incrementar las inversiones en materia de energía de las compañías occidentales en los países de la URSS y Europa Oriental al final de la Guerra Fría.
España acumula 51 procedimientos en instancias internacionales. De los que se han resuelto hasta ahora, 25 han sido favorables para las empresas. Las indemnizaciones reconocidas se acercan a los 1.300 millones de euros, después de que hace unas semanas el Ciadi condenara a nuestro país a una nueva indemnización a favor de Canepa Green Energy, vinculado a Azora. A esa cantidad hay que sumarle otros 250 millones en condenas en costas, intereses de demora y honorarios de abogados.
La apuesta de Rodríguez Zapatero por las energías renovables se han convertido en una auténtica pesadilla para España, que a las sentencias condenatorias en el Ciadi suma procesos en tribunales de Reino Unido, Australia y EEUU. En los dos primeros países han decidido embargar activos españoles si no se satisfacen las indemnizaciones. En las próximas semanas, las compañías perjudicadas iniciarán nuevos procedimientos judiciales en Israel y Suiza que podrían suponer nuevas confiscaciones.
