El Consejo de Estado alerta sobre el elevado número de consultas con carácter de urgencia
Valerio ha evitado pronunciarse sobre la ley de amnistía porque el órgano «solo se manifiesta sobre sus dictámenes»
Magdalena Valerio presenta la Memoria del Consejo de Estado 2022. | Gabriel Luengas (Europa Press)
El mundo actual se caracteriza por su estado fluido y volátil. El filósofo polaco Zygmunt Bauman lo denominó sociedad líquida. El Consejo de Estado, el órgano consultivo supremo de España, tampoco escapa a esa realidad. Su presidenta, Magdalena Valerio, ha alertado este martes, durante la presentación de la Memoria 2022, del elevado número de consultas con carácter de urgencia que reciben. En el ejercicio pasado, 122, las mismas que un año antes. La exministra socialista ha evitado pronunciarse sobre la ley de amnistía que tramita el Congreso porque la institución que lidera «solo se manifiesta sobre sus dictámenes».
La memoria, que se publica con carácter anual desde 1980, evidencia el aumento de la actividad del Consejo en 2022. Un crecimiento sostenido en el tiempo durante los últimos cinco años (a excepción de 2020). En el pasado ejercicio, el órgano recibió 2.118 consultas, aunque 775 fueron reclamaciones covid. La mayoría, 2055, procedieron del Gobierno; otras 60 de las comunidades autónomas y tres del Banco de España. La cifra total supone un crecimiento del 162%, ya que el año anterior se recibieron 1.303 consultas.
Valerio ha puesto el énfasis en la elevada cifra de los dictámenes de urgencia, 122. Aunque solo suponen un 5,7% del total, obliga a sus miembros y letrados a «elaborar los informes a toda máquina». La primera ministra de Trabajo de Pedro Sánchez reconoce que en el Consejo de Estado se trabaja todo el año, «da igual que sea verano o Navidad». La institución, con un presupuesto cercano a los 14 millones de euros, emplea a 140 personas, incluidos los consejeros, que pueden ser permanentes, natos o electivos.
El Consejo y la amnistía
«En los últimos años (…) se ha intensificado la petición urgente de los dictámenes. En 2022 se constata una vez más el elevado empleo de esta técnica sin responder en muchas ocasiones a una suficiente y razonada motivación de urgencia», sostiene el Consejo de Estado en su última memoria, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. E insiste: «En último extremo, es el Pleno el órgano que termina sufriendo esta dinámica, al eludirse su pronunciamiento en determinados supuestos de plazos de urgencia especial».
El artículo 19 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado (LOCE) establece que cuando en la orden de remisión de los expedientes se haga constar la urgencia del dictamen, el plazo máximo para su despacho será de 15 días, salvo que el Gobierno o su presidente fijen otro. Si el plazo fijado fuese inferior a 10 días, la consulta será despachada por la Comisión Permanente, aun siendo competencia del Pleno, sin perjuicio de que el Gobierno pueda requerir ulteriormente el dictamen de este último.
«El Consejo de Estado respeta los plazos. Si nos llega una consulta de urgencia podemos opinar lo que opinemos, pero cumplimos en tiempo y forma», ha reconocido Valerio. La normativa marca en dos meses el plazo ordinario para la emisión de dictámenes cuando estos no son urgentes. Pueden solicitarlos los titulares de los ministerios y de determinados organismos estatales (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de la Competencia), además de los presidentes de las Comunidades Autónomas.
De las 122 consultas urgentes, 20 fueron declaradas como de urgencia especial. La última memoria del Consejo de Estado recuerda que la urgencia es una regla excepcional dentro del procedimiento consultivo, por lo que «conviene que su empleo se halle motivado en la orden de remisión o en la Memoria de análisis de impacto normativo (Main), y preferiblemente en ambas». En ciertas ocasiones, estas razones no se explicitan.
Las conclusiones del Consejo de Estado no son vinculantes, aunque a pesar de ello más del 98% de los dictámenes emitidos el año pasado fueron secundados, ha subrayado Valerio. A la presidenta no le constan resoluciones sobre la ley de amnistía aprobada en 1977. Ha preferido no pronunciarse sobre la norma que se tramita el Congreso para beneficiar a los encausados del procés porque «solo se manifiesta respecto a los dictámenes del órgano en cumplimiento del artículo 107 de la Constitución».
Acuerdos políticos
«No tenemos nada que decir sobre acuerdos políticos que se ha traducido en proposición de ley», ha subrayado Valerio. Una fórmula que no requiere que se pida opinión al Consejo de Estado, aunque sus consejeros podrían solicitar realizar una moción al respecto. De momento, y según ha podido conocer este diario, ningún miembro lo ha pedido. Sus componentes entienden que no es una competencia suya y rechazan seguir los pasos de asociaciones judiciales y otras instituciones que han salido en tromba contra la ley de amnistía.
Valerio ha resaltado que el Consejo de Estado solo habla por sus dictámenes y que «no se mueve por apetencias, sino para dar salida, respuesta a las solicitudes de dictámenes que se nos solicitan». La memoria, ha reconocido durante una rueda de prensa, es un necesario «ejercicio de autoevaluación». De las consultas recibidas, se despacharon en Comisión Permanente 2.075 expedientes, de los cuales 1.929 fueron objeto de dictamen a fondo.
