El Consejo Fiscal ampara a los fiscales del 'procés' pero se abstiene sobre la amnistía
Todos los miembros del órganos consultivos se han adherido a la declaración institucional de Álvaro García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | J. J. Guillén (EFE)
La mayoría del Consejo Fiscal había pedido proteger a los fiscales del procés frente a las acusaciones de lawfare. En su reunión de este miércoles, el órgano consultivo ha otorgado por unanimidad el amparo a todos los compañeros que actuaron o actúan en los procedimientos derivados del proceso independentista de Cataluña. Todos sus miembros se han adherido a la declaración institucional que ha leído el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En cambio, el jefe del Ministerio Público ha declinado la propuesta de algunos vocales para pronunciarse sobra la ley de amnistía que tramita el Congreso.
«El fiscal general del Estado, como viene reiterando en sucesivas comparecencias institucionales, manifiesta de manera inequívoca, como corresponde a la más alta representación de esta institución, su apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluidos, por supuesto, cualquiera de los fiscales que han intervenido en las diversas causas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña», ha afirmado García Ortiz, según ha podido saber THE OBJECTIVE.
En opinión del jefe de los fiscales, la defensa del Estado de derecho es «una función prioritaria de los fiscales en nuestra labor diaria ante los tribunales de justicia». Y ha continuado: «El sometimiento al ordenamiento jurídico y el respeto de las instituciones públicas son la base de nuestra convivencia y del sistema democrático. De ahí la importancia de la lealtad institucional como elemento vertebrador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es el mejor modelo de convivencia, como así ha sido desde hace más de 45 años».
Solidaridad de los fiscales
El orden del día del Consejo Fiscal incluía el análisis de la solicitud formulada por los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), a la que luego se sumó el único miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Los vocales proponían aprobar un respaldo expreso a la actuación de sus compañeros durante el procés conforme a la legalidad vigente y «sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política».
En su escrito, los vocales de la AF señalaban que con ocasión de la publicación del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para una ley de amnistía «se ha puesto en entredicho la adecuación a los principios constitucionales de los fiscales que han intervenido y aún siguen interviniendo en los procesos judiciales afectados por tal proposición».
Las protestas de los fiscales se intensificaron tras el ataque de la portavoz de Junts per Cataluña la semana pasada en el Congreso. Míriam Nogueras acusó a jueces y periodistas de actuar contra el independentismo catalán en el debate que abrió el procedimiento para aprobar la ley de amnistía.
La dirigente catalana también pidió una nueva comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña, supuestamente orquestada por el Gobierno de Mariano Rajoy para perjudicar a los soberanistas. Atacó a los magistrados Manuel Marchena, Carmen Lamela, Carlos Lesmes y Pablo Llarena, a los que tildó de «indecentes». E insistió: «En un país normal serían cesados y juzgados de inmediato».
Nogueras contra los jueces
Las mayoría de asociaciones de jueces y fiscales respondieron de inmediato a los ataques. Cuatro organizaciones suscribieron un comunicado conjunto para mostrar su repulsa. «El normal funcionamiento de la justicia, a través de su sistema de recursos, es garantía para la ciudadanía de un poder judicial sometido a la ley y garante de sus derechos», afirmaba el texto.
La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) también emitió una nota para condenar el señalamiento de Junts, aunque en solitario. No faltó la condena del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, que llegó a cancelar una reunión con el nuevo ministro de Justicia ante el descontento mostrado por los jueces del Alto Tribunal porque el Gobierno no les defendió de los ataques.
Nogueras ha vuelto a cargar este miércoles en el Congreso contra «la injerencia de la cúpula judicial» en el poder legislativo. Sus palabras hacen referencia al CGPJ, ya que la portavoz de Junts considera que Guilarte le ha llamado al orden por su intervención de la semana pasada, cuando tildó de «indecentes» a algunos magistrados.
«Han asumido como propias atribuciones que no le corresponden a un presidente interino del CGPJ, que no puede llamar al orden a una diputada. Ninguna ley le atribuye la vigilancia al legislativo. La injerencia de la cúpula judicial no tiene precedentes», ha afirmado Nogueras durante su intervención en la comparecencia del presidente del Gobierno. En esta ocasión, no ha mencionado a jueces ni fiscales, pero ha pedido a Pedro Sánchez que frene «la judicialización de la política».
Aunque no figuraba en el orden del día del Consejo Fiscal, algunos vocales han planteado en ruegos y preguntas pronunciarse sobre la ley de amnistía que se tramita en la Cámara Baja, presentada por el PSOE. García Ortiz ha manifestado que un comunicado conjunto excedería las competencias del órgano. Además, ha recordado que los miembros el Ministerio Fiscal podrían deber intervenir más adelante, en la eventual aplicación de la norma.
