España duplica su deuda por las renovables hasta los 1.300 millones en solo un año
El segundo informe de Lavranos mantiene a España como el país con más incumplimientos junto a Venezuela
Aerogeneradores en un parque de energía eólica. | Patrick Pleul (EFE)
España es, junto a Venezuela, el país con más laudos pendientes de pago. Un total de 15. Encabezan por segundo año consecutivo el ranking que establece el Índice de Cumplimiento de Sentencias Internacionales, elaborado por NL Consulting, la compañía que dirige Nikos Lavranos, experto en arbitrajes. En nuestro caso, todos los fallos están vinculados con la retirada de primas a las energías renovables. La deuda alcanza los 1.300 millones de euros, el doble que hace un año, una cifra que solo superan el país sudamericano y Rusia, que debe abonar 60.100 millones en indemnizaciones.
La cantidad que adeuda España puede aumentar considerablemente en los próximos meses, ya que el II Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, solo incluye sentencias firmes. Además de las 15 que incluye existen otras 10 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entidad vinculada al Banco Mundial que se encarga de dirimir disputas de inversión entre Estados y empresas.
La publicación de Lavranos, con carácter anual, advierte de que España ha duplicado la cifra que adeuda respecto al año anterior, cuando reconocía impagos por valor de 638 millones de euros. El informe destaca que el número total de arbitrajes que se han realizado en todo el mundo alcanza los 1.257 procesos, de los que han finalizado 890 (el 70%). Otros 343 expedientes (el 27%) siguen su curso, mientras se desconoce la situación de otros 24 procedimientos (apenas el 3%).
El tercer país con mayor deuda
De los 890 casos cerrados, cuatro de cada 10 se han saltado a favor de los gobiernos denunciados, mientras que el 28% han concluido con una victoria de los inversores. La tendencia en el caso de España es inversa, destacan los afectados por los impagos a las renovables. Otro 19% de los expedientes se zanjaron con un acuerdo entre las partes, el 14% de los arbitrajes fueron discontinuados y un 3% de los procesos acabaron con una decisión neutral para ambas partes.
El problema es que de los 890 procedimientos resueltos solo 60 han derivado en una sentencia definitiva (apenas el 6,7%). El resto, la gran mayoría, aún pueden ser apelados. La lista de países que han incurrido en escenarios de morosidad se limita a 14. España y Venezuela cuentan con el mayor número de laudos pendientes (15), por delante de Rusia (9), Ucrania (4), Argentina (3) o Kirguistán (otros 3).
El mayor monto es el que adeuda Rusia, 60.100 millones. Le siguen, muy lejos, Venezuela (7.100) y España (1.300, a los que habría que añadir otros 250 millones en condenas en costas, intereses de demora y honorarios de abogados). «Esa clasificación puede cambiar en cualquier momento, ya que hay países con procedimientos millonarios pendientes», afirma un portavoz de las empresas perjudicadas.
En cuanto a las causas relacionadas con el Tratado de la Carta de la Energía, nuestro país es el que cuenta con más casos abiertos, 51, de los que 25 han sido resueltos favorablemente para las empresas. El conflicto se remonta a 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios.
Embargos internacionales
La negativa de España a pagar llevó a algunas empresas a elevar la cuestión a los tribunales ordinarios. Reino Unido y Australia decidieron embargar activos españoles para contrarrestar los impagos. La justicia británica ha autorizado el embargo cautelar del derecho a cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige (valorado en 900 millones de euros), la sede londinense del Instituto Cervantes, la Escuela Internacional Vicente Cañada, una cuenta bancaria estatal y una oficina para la promoción económica del Gobierno de Cataluña.
Las compañías perjudicadas ya han anunciado que iniciarán nuevos procedimientos en Israel y Suiza, lo que podría suponer más incautaciones. Un portavoz de las empresas afectadas por los impagos a las renovables explica a este diario que no se trata solo de la deuda. En su opinión también afecta a la imagen internacional de España. Un asunto que se refleja, asegura, en la caída de un 23% de la inversión extranjera este año en nuestro país.
Para no pagar la deuda, el Gobierno español apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria al entender que las cláusulas de arbitrajes internacionales son incompatibles con el derecho de la UE. La Comisión Europea anunció en julio su intención de abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo multilateral que ofrece seguridad jurídica a los inversores del sector energético.
Los países miembros de la UE han asumido en los últimos años numerosas indemnizaciones similares a las que ahora se reclaman a España. Polonia zanjó el expediente Achmea desembolsando casi 4.000 millones de euros; Alemania pagó 1.365 millones para saldar el caso Vattenfall y Rumanía desembolsó unos 200 por el caso Micula.
