El Gobierno oculta la información de los laudos condenatorios por las primas de las renovables

El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a facilitar información sobre los laudos internacionales que son objeto de impago. La deuda -reconocida- supera ya los 1.200 millones de euros, lo que ha supuesto que el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments haya declarado que España se encuentra en situación de «impago técnico», y logrando a posteriori que un tribunal británico embargara diversos bienes de nuestro país en Londres.

Esto es así porque José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2007 un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, el Ejecutivo de Mariano Rajoy modificó ese régimen perjudicando a las empresas que habían comenzado a recibir las ayudas, pues la normativa tenía carácter retroactivo. Las compañías denunciaron que se habían visto afectadas por la nueva normativa porque el nuevo escenario mermaba sus ingresos.

Las empresas demandaron a España ante el Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir los pleitos relativos a las inversiones internacionales. Se han resuelto una veintena de litigios a favor de las compañías, a las que el Estado deberá indemnizar con más de 1.200 millones de euros, a lo que habría que sumar otros 250 millones en concepto de sobrecostes judiciales e intereses financieros. El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a pagar esa deuda porque considera que las ayudas podrían ser contrarias al derecho de la UE.

Como eso es todo lo que sabemos, un particular solicitó -vía Portal de Transparencia- al Gobierno la copia de dichos laudos condenatorios, la copia de las órdenes de embargo contra los bienes del Estado en el exterior por dichos laudos, la relación de laudos y de embargos sufridos, la copia de todas las facturas de honorarios por gastos legales pagados por España a abogados en el extranjero, y la aclaración de si el ejecutante de los embargos «es o no es el fondo de inversión titular del derecho originario de las primas de las renovables». Toda esta información ha sido denegada.

En una extensa resolución, a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, la Abogacía General del Estado deniega los cinco puntos que reclama el solicitante remitiéndose a lo que este considera «argumentos poco creíbles». El principal es el que se remite al artículo 34.5 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, que dispone que «podrá hacerse público el laudo con el consentimiento de las partes o cuando una parte tenga la obligación jurídica de darlo a conocer para proteger o ejercer un derecho, y en la medida que así sea, o con motivo de un procedimiento legal ante un tribunal u otra autoridad competente».

La abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, también resalta que el Reglamento de Arbitraje del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo establece «con rotundidad la confidencialidad del procedimiento arbitral así como del laudo resultante» en su artículo 3, según el cual «salvo acuerdo en contrario de las partes, la CCE, el Tribunal Arbitral y cualquier secretaria/o administrativa/o del Tribunal Arbitral deberán mantener la confidencialidad del arbitraje y del laudo».

«De lo expuesto anteriormente resulta por lo tanto que los procedimientos arbitrales internacionales en los que se han adoptado los laudos condenatorios a España en materia de energías renovables se rigen por su normativa específica, previendo esta normativa reglas específicas sobre el acceso a la información en lo que al laudo y otras decisiones procesales que se adopten en los mismos se refiere», zanja la resolución.

«Oscuras maniobras»

El reclamante es el abogado Guillermo Rocafort, que también es profesor de Contratación en Derecho Internacional, así como experto en arbitrajes multinacionales y autor de varios libros de Economía y sobre los fondos buitre. Rocafort, en conversación con THE OBJECTIVE, opina que detrás de la «opacidad» del Gobierno en esta materia podrían estar «oscuras maniobras y un posible enriquecimiento ilícito por parte de especuladores y usureros, tanto españoles como extranjeros, que hagan de esos laudos condenatorios contra España un objeto de lucrativo negocio por la vía de su venta opaca a fondos buitre».

Al solicitante de la información le llama la atención la ausencia de aportación por parte del Ministerio de Justicia, así como que se utilicen «argumentos poco creíbles» por parte de la Abogacía del Estado que son «fácilmente desvirtuadles por parte de cualquiera que sepa algo de arbitrajes internacionales». En su opinión, no se quiere informar de los costes legales para España de estos arbitrajes, que «van a tener que ser pagados por el pueblo español, que merece una explicación y transparencia».

En definitiva, Rocafort tilda lo sucedido con las primas de «fiestón» que «ha costado una fortuna y que, sin haber sido invitados, vamos a pagar todos los españoles, a los que se les niega la factura y los documentos contractuales originales». «Detrás de las condenas contra España por este asunto se esconde la negligencia energética de Zapatero, que ha sido continuada de forma contumaz por Sánchez, y el tratar de ocultar los laudos es un intento de hurtar esta realidad a la opinión pública española, para que nunca sepa realmente lo que ha pasado ni tampoco el dinero público que nos ha costado», zanja. Recurrirá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.