El Constitucional amenaza la estrategia del PP para dilatar la amnistía en el Senado
El Pleno decide la próxima semana si admite el recurso que presentó el PSOE contra la reforma del reglamento
El presidente del Senado durante el pleno del 8 de noviembre. | Gustavo Valiente (Europa Press)
La estrategia del PP para dilatar la amnistía puede quedarse en agua de borrajas. El Pleno del Tribunal Constitucional debatirá el próximo martes el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PSOE contra la reforma del Reglamento del Senado. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE esperan que el Pleno, con mayoría progresista, respalde la ponencia redactada por el magistrado Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia de Pedro Sánchez. La cuestión es si la corte de garantías entrará a estudiar el fondo del asunto antes de que la iniciativa que dejará sin efecto los delitos del procés llegue a la Cámara Alta.
Los populares utilizaron su mayoría absoluta en el Senado para modificar los plazos de tramitación de las proposiciones de ley. Tras la reforma del Reglamento propuesta por el PP en noviembre, la Cámara Alta puede decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita por el procedimiento de urgencia (un plazo de 20 días) o de forma ordinaria, lo que demoraría su aprobación durante dos meses.
El retraso puede ser incluso mayor si entre medias existen «vacaciones parlamentarias», como sucede en enero. En esta ocasión, con el acuerdo entre socialistas y Junts como telón de fondo, la Mesa del Congreso llegó en diciembre a un acuerdo con la anuencia de PSOE y Sumar para habilitar los cauces necesarios para continuar el proceso. La tramitación de enmiendas parciales finaliza el próximo martes, por lo que todo hace indicar que la ley de amnistía llegará al Senado a finales de enero.
La modificación del PP
El Constitucional también debatirá el martes el recurso del PSOE contra la reforma del Reglamento del Senado que abanderó el PP. Las fuentes consultadas esperan que el Pleno respalde la ponencia redactada por el magistrado Juan Carlos Campo, ya que el sector progresista cuenta con una mayoría de siete miembros frente a cuatro. Los socialistas sostienen que los cambios vulneran sus derechos porque la modificación de los populares supone «una modificación de la Constitución encubierta».
La ponencia de Campo apostará por admitir a trámite el recurso firmado por más de 50 senadores socialistas contra la reforma de los artículos 133 y 182 del Reglamento del Senado aprobada en noviembre a instancias del PP y con el respaldo de Vox y UPN. El artículo 133 se modificó con el objetivo de facultar a la Mesa de la Cámara Alta para decidir si una proposición de ley procedente del Congreso debe hacerse por la vía de urgencia, en apenas 20 días, o de forma ordinaria, lo que alargaría los plazos dos meses.
Hasta este cambio, la Mesa del Senado no podía calificar las proposiciones de ley, por lo que debía plegarse a la fórmula asignada. El PSOE y sus socios de investidura rechazaron la medida al considerar que el cambio estaba ejecutando «por la puerta de atrás». El senador socialista Manuel Fajardo afeó la modificación impuesta por los populares porque nunca antes habían iniciado un cambio de tal envergadura a pesar de que había tenido mayoría absoluta en la Cámara Alta en otras ocasiones.
El PP también modificó el artículo 182 para obligar tanto al presidente del Gobierno como al resto de miembros a comparecer en la Cámara Alta cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores. La iniciativa se incluyó después de que cuatro ministros rechazaran acudir al Pleno a principios de noviembre para explicar distintos temas alegando que esa obligación no estaba recogida en el Reglamento.
Aprobación definitiva en abril
Si el Pleno del Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE, se iniciará un procedimiento que puede durar meses. La duda es si el fallo sobre el fondo del asunto llegaría antes o después de que la ley de amnistía desembarque en el Senado, lo que está previsto para finales de enero, después de que se cierre el periodo de enmiendas (tanto a la totalidad como parciales) y sea enviada a la comisión pertinente.
En caso de que la resolución del Constitucional se demore, la ley de amnistía quedará congelada en el Senado durante dos meses, como pretendía el PP. Eso supondría que la iniciativa volvería al Congreso para su aprobación definitiva en abril. El Pleno del Constitucional también va a debatir otras cuestiones polémicas, como la sentencia del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, que lleva pendiente más de dos años.
El asunto ya se trató en octubre, pero María Luisa Segoviano decidió retirar la ponencia. La mayoría progresista estaba de acuerdo en amparar a Rodríguez, pero no existía unanimidad. La magistrada aludía a una decisión desproporcionada del Tribunal Supremo para desposeerle de su escaño. Segoviano volverá a dar la razón al exdiputado, pero ahora expondrá que se vulneró el principio de legalidad penal al imponer la inhabilitación del derecho al sufragio pasivo como pena accesoria de la condena principal, que finalmente fue una multa.
El Pleno del próximo martes también abordará la decisión adoptada por Meritxell Batet el 4 de febrero de 2021. La entonces presidenta del Congreso rechazó reclamar al Gobierno el dictamen elaborado por el Consejo de Estado sobre la concesión directa de fondos europeos por la crisis de la covid.
La ponencia, redactada por la magistrada progresista Laura Díez, rechazará la impugnación porque el Reglamento del Congreso solo exige que, cuando se vote la convalidación de un decreto-ley, esté publicado en el diario de la sede legislativa, por lo que Batet no estaba obligada a solicitar información adicional.
