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El Constitucional corrige al Supremo y da la razón al exdiputado Alberto Rodríguez

El antiguo secretario de Organización de Podemos perdió su escaño tras la sentencia emitida por el Alto Tribunal

El Constitucional corrige al Supremo y da la razón al exdiputado Alberto Rodríguez

Alberto Rodríguez en un mitin de Sumar celebrado el pasado julio en La Laguna. | Europa Press

El Tribunal Constitucional da la razón al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. El Pleno de la corte de garantías ha anulado este martes la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo que supuso que perdiera su escaño en el Congreso. Considera que el fallo del Alto Tribunal no debió castigarle con una pena de prisión, lo que acarreó que la presidenta de la Cámara Baja le retirara el acta, sino con una multa. La sentencia, que llevaba pendiente más de dos años, ha sido apoyada por la mayoría progresista (siete votos contra cuatro).

El Constitucional entiende que durante el proceso judicial se vulneraron los derechos fundamentales de Rodríguez, que fue condenado por el Supremo a un mes y 15 días de prisión por dar una patada a un policía durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014. La sentencia conllevó la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Finalmente, el castigo de cárcel fue sustituido por una multa.

El magistrado progresista Ramón Sáez ha anunciado un voto concurrente: está de acuerdo con el fallo pero mantiene argumentos distintos. Los cuatro representantes conservadores han anunciado un voto particular conjunto. El asunto ya se trató en octubre, pero María Luisa Segoviano decidió retirar la ponencia. La mayoría progresista estaba de acuerdo en amparar a Rodríguez, pero no existía unanimidad. La magistrada aludía a una decisión desproporcionada del Supremo. Ahora expone que se vulneró el principio de legalidad penal al imponer la inhabilitación del derecho al sufragio pasivo como pena accesoria de la condena principal.

El escaño de Rodríguez

No obstante, la sentencia incide en que no puede hacerse «ningún reproche constitucional» a la interpretación de la condena «ni desde la exigencia formal de que se expongan argumentadamente los criterios interpretativos de la normativa penal aplicable al caso ni desde el soporte metodológico seguido en esta interpretación». El Constitucional sostiene que esta se fundamenta ampliamente en diversos criterios que son plenamente admitidos y reconocidos por la comunidad jurídica.

La sentencia argumenta que la la comisión de un delito sancionado puede conllevar consecuencias jurídicas accesorias, sean o no de prisión. La entonces presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, retiró el acta a Rodríguez en octubre de 2021 tras una polémica interpretación de la sentencia del Supremo. Rodríguez también impugnó ese acuerdo de la Cámara Baja, pero el Constitucional no ha entrado en ese asunto, que queda pendiente.

El dirigente canario, que fue secretario de Organización de Podemos, fue apartado de su acta el 21 de octubre de 2021, por lo que el escaño quedó vacío 585 días. Rodríguez, que esperó sin éxito una cautelar del Constitucional para recuperar el escaño, calificó la decisión de «profundamente antidemocrática» porque trataba de evitar «que se escucharan voces diferentes en el Congreso». Su formación anunció una querella contra Batet por prevaricación, aunque nunca llegó a presentarla.

Tras dejar el partido, Rodríguez denunció públicamente podía haber hecho más por él. Aunque se apeó del proyecto de Podemos, no abandonó la política. En octubre de 2022 anunció un nuevo partido, Proyecto Drago, con la intención de presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo.

Candidato de Sumar

El exdiputado de la formación morada es actualmente concejal en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, donde Drago obtuvo dos ediles. En las pasadas generales fue cabeza de lista de Sumar por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero no obtuvo el escaño que le hubiese devuelto al Congreso.

En caso de conseguir el acta, anunció su intención de dimitir a los 585 días, exactamente el tiempo que estuvo ausente en la legislatura pasada tras ser expulsado de la Cámara Baja por la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo que ahora enmienda el Constitucional. En ese caso, su puesto habría sido ocupado por Carmen Pestano, segunda en la lista de Sumar al Congreso en las generales del 23 de julio.

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