El TC admite el recurso contra la reforma del PP que busca dilatar la amnistía en el Senado

A la estrategia del PP para dilatar la amnistía le salen grietas. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE contra la reforma del Reglamento del Senado. Los populares utilizaron su mayoría absoluta en la Cámara Alta para modificar los artículos 133 y 182 en un pleno celebrado el pasado noviembre. El portavoz socialista, Juan Espadas, se ha mostrado satisfecho con una decisión que frena «el uso y abuso» de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

La reforma permite que la Mesa del Senado decida de forma autónoma sobre la tramitación de urgencia de las proposiciones de ley, aun cuando hayan sido tramitadas por el procedimiento de urgencia en el Congreso. Los recurrentes alegan que los artículos modificados podrían vulnerar el artículo 90.3 de la Constitución, que limita a 2o días naturales el plazo que tiene la Cámara Alta para vetar o enmendar proyectos declarados urgentes.

Los socialistas también sostienen que la tramitación de la reforma habría prescindido de los trámites esenciales previstos en el Reglamento del Senado, lo que determinaría su invalidez. Como ya adelantó THE OBJECTIVE, el Pleno del Constitucional, con mayoría progresista, ha respaldado la ponencia redactada por el magistrado Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia de Pedro Sánchez. La cuestión ahora es saber cuándo estudiará la corte de garantías el fondo del asunto, ya que la iniciativa llegará en unas semanas al Senado.

La estrategia del PP

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, considera que la reforma del PP supone «un incumplimiento palmario» del artículo 90.3 de la Constitución. Le pide «que tome nota» mientras espera que el proceso que ha iniciado el Constitucional finalice declarando inconstitucional el cambio en el reglamento. «Rechazamos que el PP utilice la Cámara territorial para bloquear la tramitación de las leyes», ha subrayado el dirigente andaluz.

Los populares utilizaron su mayoría absoluta en la Cámara Alta para modificar los plazos de tramitación de las proposiciones de ley. Tras la reforma del Reglamento propuesta por el PP en noviembre, la Cámara Alta puede decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita por el procedimiento de urgencia (un plazo de 20 días) o de forma ordinaria, lo que demoraría su aprobación durante dos meses.

El retraso puede ser incluso mayor si entre medias existen «vacaciones parlamentarias», como sucede en enero. En esta ocasión, tras el acuerdo entre socialistas y Junts como telón de fondo, la Mesa del Congreso llegó en diciembre a un pacto con la anuencia de PSOE y Sumar para habilitar los cauces necesarios para continuar el proceso. La tramitación de enmiendas parciales finaliza hoy mismo, por lo que todo hace indicar que la ley de amnistía llegará al Senado a finales de enero.

Los socialistas sostienen que los cambios del Reglamento del Senado vulneran sus derechos porque la modificación de los populares supone «una modificación de la Constitución encubierta». Los cambios fueron aprobados en noviembre a instancias del PP y con el respaldo de Vox y UPN. El artículo 133 se modificó con el objetivo de facultar a la Mesa de la Cámara Alta para decidir si una proposición de ley procedente del Congreso debe hacerse por la vía de urgencia, en apenas 20 días, o de forma ordinaria, lo que alargaría los plazos dos meses.

«Una imposición»

Hasta este cambio, la Mesa del Senado no podía calificar las proposiciones de ley, por lo que debía plegarse a la fórmula asignada. El PSOE y sus socios de investidura rechazaron la medida al considerar que el cambio estaba ejecutando «por la puerta de atrás». El senador socialista Manuel Fajardo afeó la modificación impuesta por los populares porque nunca antes habían iniciado un cambio de tal envergadura a pesar de que había tenido mayoría absoluta en la Cámara Alta en otras ocasiones.

El PP también modificó el artículo 182 para obligar tanto al presidente del Gobierno como al resto de miembros a comparecer en la Cámara Alta cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores. La iniciativa se incluyó después de que cuatro ministros rechazaran acudir al Pleno a principios de noviembre para explicar distintos temas alegando que esa obligación no estaba recogida en el Reglamento.

Tras la decisión del Constitucional se iniciará un procedimiento que puede durar meses. La duda es si el fallo sobre el fondo del asunto llegará antes o después de que la ley de amnistía desembarque en el Senado, lo que está previsto para finales de enero, después de que se cierre el periodo de enmiendas y sea enviada a la comisión. En caso de que la resolución se demore, la ley de amnistía quedará congelada en el Senado durante dos meses, como pretendía el PP. Eso supondría que la iniciativa volvería al Congreso para su aprobación definitiva en abril.