Transparencia obliga al Gobierno a desvelar los informes con los que presionó a Ferrovial

La verdad sobre el caso Ferrovial está a punto de ver la luz. El Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrán que desvelar los informes con los que presionó a la constructora para evitar que trasladara su sede a los Países Bajos. Transparencia les insta a hacer públicos los documentos que elaboraron o dispusieron, tal y como solicitó un particular cuya petición fue inicialmente rechazada. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el órgano que regula la supervisión e inspección de los mercados de valores aún pueden evitarlo interponiendo un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Ferrovial anunció hace un año su decisión de operar desde los Países Bajos, un plan que fue respaldado por el 93% de su accionariado. La operación motivó un pulso con el Gobierno, que maniobró para que la empresa controlada por la familia Del Pino no trasladara su sede fiscal. Temía que otras compañías siguieran su ejemplo y se mudaran al extranjero, algo que no ocurrió. Para evitarlo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez amenazó con una batería de medidas y acusaciones.

El Gobierno acusó a los directivos de Ferrovial de ser poco patriotas y de querer sacar réditos fiscales. La compañía defendió que su intención era saltar al mercado de valores de Estados Unidos, ya que la legislación española no permite la cotización simultánea en Nueva York y Madrid. La injerencia de La Moncloa llegó hasta tal punto que el Ministerio de Economía, entonces liderado por Nadia Calviño, remitió una carta a la compañía a tres días de celebrarse la junta de accionistas.

Ferrovial traslada su sede

La misiva, avanzada por El País y firmada por el que fuera el número dos del departamento, Gonzalo García Andrés, aseguraba que los análisis efectuados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), la CNMV y el propio ministerio concluían que Ferrovial podía cotizar en Wall Street sin necesidad de trasladar su matriz. Ese mismo día, el 10 de abril, Isaac Ibáñez, abogado especialista en derecho de la UE y transparencia, solicitó al órgano regulador y al departamento de Calviño dichos informes.

Ibáñez demandó «cualquier informe o documento análogo» realizado tanto por el Ministerio de Economía como por la CNMV o por terceras instancias sobre la posibilidad de que las empresas españolas puedan cotizar en la bolsa americana desde España y las disponibilidades técnicas u obstáculos existentes. Ponía especial énfasis en aquellos documentos «emitidos o manejados en el caso de la decisión de Ferrovial de trasladar su domicilio», según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El departamento que ahora dirige Carlos Cuerpo no respondió a la demanda, así que Ibáñez interpuso el 12 de mayo una reclamación ante Transparencia, que ese mismo día trasladó el caso al Ministerio de Asuntos Económicos. Este respondió casi un mes más tarde que rechazaba la solicitud «por no versar sobre información pública» y que, aun en el caso de que se tratara de tal, también procedería a su inadmisión en virtud al artículo 18 de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Un extremo del que discrepa Transparencia, para quien un eventual informe sobre la problemática que pueda plantear la cotización de empresas españolas en Estados Unidos tiene «carácter de información pública». Por eso, el pasado 11 de enero instó al Ministerio de Economía a remitir la información requerida por Ibáñez en un plazo máximo de 10 días hábiles. El organismo también dio un tirón de orejas al departamento que ahora dirige Cuerpo por no responder al solicitante en el plazo legalmente establecido.

Información pública

La CNMV también tendrá que desvelar los informes solicitados por el abogado, aunque inicialmente denegó hacerlo. Se amparó en el artículo 233 de una ley que había entrado en vigor apenas unas semanas antes que restringe la divulgación de la información que obra en poder del órgano regulador durante el ejercicio de sus funciones. Ibáñez interpuso entonces una reclamación en Transparencia manifestando que «parece evidente que lo solicitado nada tiene que ver» con lo dispuesto en el artículo que esgrimió el órgano regulador.

«Dichos informes tienen un alcance genérico. Así se desprende de la carta que el 10 de abril remitió el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa al consejero delegado de Ferrovial. Es de evidente interés público la publicidad de los documentos solicitados», insistía Ibáñez en su solicitud, a la que ha tenido acceso este diario.

El abogado esgrimió que «en ningún caso» podía considerarse que la documentación solicitada tenga un carácter auxiliar o de apoyo, pues su finalidad es «la de identificar obstáculos o indicios de su existencia para la admisión o negociación directa de las acciones de una sociedad española» que busca cotizar en Estados Unidos. Transparencia trasladó la reclamación a la CNMV el 3 de mayo, que contestó un mes más tarde, otra vez de forma negativa porque la solicitud «sigue adoleciendo de un elevado grado de indeterminación».

Ibáñez reiteró ante Transparencia todo lo expuesto el 11 de junio. En su escrito tildó la declaración de la CNMV como «un fútil intento de negar el acceso a la información solicitada, de evidente interés público». El organismo reconoce que los parámetros expuestos evidencian que «no cabe entender que un documento elaborado por la CNMV en el ejercicio de su función asesora al Gobierno (…) tenga un carácter auxiliar» que la ser un informe solicitado por el ministerio «su contenido no puede considerarse en modo alguno irrelevante para la fundamentación de la decisión» que tomó el Ejecutivo.

«Devolver hasta el último euro»

«Dada la especial trascendencia para la economía española de la cuestión de fondo y la intensidad del debate público generado en relación con la operación que se ha dado lugar a la solicitud del informe, resulta indudable que el conocimiento por la ciudadanía del criterio técnico del organismo regulador reviste un claro interés público y sirve a los fines de la transparencia pública al permitir un mejor escrutinio ciudadano de las decisiones que le afectan», subraya Transparencia para instar a la CNM a remitir la información.

Desde que Ferrovial anunció su decisión de trasladar su sede a los Países Bajos se sucedieron continuos ataques y presiones por parte del Gobierno. No solo de Calviño y Sánchez, también de sus socios de coalición. La líder de Podemos y entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aseguró se trataba de «una empresa pirata» que tenía que «devolver hasta el último euro» recibido del Estado. Su formación fue una de las que registraron un arsenal legislativo para que la compañía dirigida por Rafael del Pino devolviera las subvenciones, ayudas ERTE y créditos ICO recibidos en la última década.

«Se han apuntado cuatro razones para justificar el traslado de la sede social de Ferrovial: la financiación, la fiscalidad, la seguridad jurídica y la cotización en Estados Unidos. La propia compañía ya no enfatiza la primera y a estas alturas niega la segunda (…) Todo apunta a que la razón no es, en realidad, la seguridad jurídica, perfectamente garantizada, sino la discrepancia de determinadas reformas, que es algo muy distinto», llegó a acusarles Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMV y marido de la actual vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.