El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, al frente de la investigación del Ministerio Público sobre el papel de la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ en las acciones y altercados posteriores a la sentencia del ‘procés’, ha señalado en un dictamen remitido al magistrado Manuel García Castellón que los hechos son «cuando menos» constitutivos de desórdenes públicos graves.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que señala que en la presente causa los delitos aún no han sido concretados «en su definición jurídica». Carballo, tras dejar esto claro, entiende que procede prorrogar la instrucción otros seis meses, tal y como acordó posteriormente el juez, porque hay «múltiples investigados» y es necesario realizar todavía «diversas diligencias de investigación» acordadas en el auto del magistrado por el que dirigía la investigación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Cabe recordar que tras ese auto del juez, Carballo recurrió directamente en apelación ante la Sala de lo Penal dado que entendía por un lado que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para instruir la causa y por otro que de lo investigado en cuatro años no se podía inferir «la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista que es lo que justificaría la competencia de la AN».

En ese informe, el fiscal indicaba asimismo que los indicios contra Puigdemont eran «insuficientes» y que los hechos recogidos en la causa no acreditaban la existencia de jerarquías, ni distribución de funciones entre los investigados, ni la existencia de un órgano directivo ni tampoco la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos, requisitos necesarios según al jurisprudencia del Supremo para valorar que hubo una organización criminal.

El Prat y la Junquera

Así, consideraba que los únicos hechos delictivos que se deducen de lo actuado en la causa serían los llevados a cabo en el aeropuerto del Prat y en el puesto fronterizo de la Junquera, constitutivos de desórdenes públicos graves, tras la derogación de la sedición.

En ese mismo informe de noviembre de 2023, recogido por Europa Press, el fiscal criticó severamente que el juez pretendiera indagar –como así ha hecho– en el fallecimiento –por infarto– de una persona el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat para conocer si su muerte es atribuible a los investigados. «A nuestro juicio (es) inverosímil desde el punto de vista de la imputación objetiva», resaltaba.

Para el fiscal, ‘Tsunami’ «no deja de ser más que un perfil de Twitter y en su fase más avanzada de los hechos, una ‘app’ diseñada para acceder a códigos QR que permitiera el conocimiento de comunicados emitidos por esa supuesta entidad». Carballo llegaba a definirlo como «banderín de enganche» para diversos colectivos y vuelve a incidir en que esto «es ajeno a la calificación jurídica de grupo u organización criminal».