Un fiscal del Supremo acusa a sus superiores de hacer «un 155 encubierto» en 'Tsunami'

Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y uno de los fiscales del Tribunal Supremo que se ha mostrado a favor de investigara Puigdemont por terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Demicràtic, ha cargado este miércoles contra sus superiores, a los que ha acusado de hacerles «un 155 encubierto».

Así se ha pronunciado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, en la que ha señalado que ayer, cuando acudió a la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo, un compañero le avisó de que sus superiores les iban aplicar el artículo 24, lo que se resume en que, al haber discrepancias entre los jefes, el caso se eleve y sea la teniente fiscal del Supremo la que al final elabore el informe definitivo.

«Cuando yo me entero de eso, ya sé que si el resultado de la votación no es favorable al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo, pues entonces va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba», asegura. Es decir, que antes de entrar a la reunión «ya se sabía que iba a haber discrepancia», y que por tanto, se iba a aplicar el 24.

«Generalmente, cuando en la sección hay discrepancias, el jefe acepta el criterio de la mayoría», explica el fiscal. No ha sido el caso en esta ocasión. «Es la primera vez que, desde que llevo en esta sección, desde 2006, que he visto que no ha sucedido así». No obstante, reconoce que «discrepancias de los jefes con nuestra sección se producen con relativa frecuencia», pero «en asuntos menores».

Asimismo, sobre el informe que redacte la teniente fiscal del Supremo, tiene claro que va a ser contrario a la posición de los 11 fiscales que se muestran a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo.

Sobre el cambio de opinión de Álvaro Redondo, que rectificó en 72 horas su informe sobre Puigdemont y eliminó los indicios de terrorismo, ha agradecido su «extensa» argumentación al respecto, «porque es un buen jurista», pero ha dejado clara su postura contraria. «Desde el punto de vista estrictamente penal, el asunto no es muy complejo. Queda claro lo que es terrorismo y por eso no compartimos el criterio».

En una reunión tensa, la mayoría de los 15 representantes del Ministerio Público abogaron este martes por elevar el caso Tsunami Democràtic al alto tribunal, como sostiene el juez instructor. Manuel García-Castellón propone imputar a una docena de personas, entre ellas el expresident catalán y el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, ambos aforados. La decisión llega horas después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desmintiera haber dado instrucciones a Álvaro Redondo, el fiscal encargado en el Supremo.

Entotal, 12 de los 15 asistentes aprecian delitos de terrorismo y 11 observan indicios para incriminar al expresidente catalán. Una opinión que choca con las conclusiones del fiscal en la Audiencia Nacional, que solo contempla desórdenes públicos.