Una grieta en un laudo por las renovables puede obligar a España a pagar otros 140 millones

La suiza EBL (Genossenschart Elektra Baselland) se aferra a Bo G H Nilsson. La empresa va a esgrimir el voto particular de este juez de arbitraje sueco para recurrir la última sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que exonera a España de pagar una indemnización de 140 millones de euros por los recortes a las primas de las renovables en 2013. Contra este laudo cabe recurso de apelación y hasta la anulación del proceso, como ha solicitado en varias ocasiones la Abogacía del Estado.

El organismo dependiente del Banco Mundial dictó el laudo el 11 de enero, pero Nilsson emitió una opinión divergente que puede dar un giro al guion. Las fuentes del sector consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que el recurso puede, incluso, obligar a España a desembolsar la compensación que solicita la compañía suiza.

Las empresas perjudicadas han conseguido 26 victorias en el Ciadi, más de la mitad de los procesos que se elevaron ante este tribunal. No obstante, aún queda una docena de laudos por dirimir. España ha sido condenada por el momento a abonar 1.600 millones de euros (más intereses de demora), pero el Gobierno se niega a hacer frente a los pagos. Esa posición ha llevado a muchas compañías a elevar las cuestiones a tribunales ordinarios, que ya han abierto la puerta a embargar activos españoles en esos territorios.

El último laudo

«La sentencia del laudo de EBL es, a priori, una buena noticia para España. Pero se trata de una victoria parcial. Contra el proceso cabe recurso y el voto particular abre una grieta que puede cambiarlo todo», advierten fuentes del sector de las renovables. De momento se desconocen los motivos que alega Nilsson. Los detalles se conocerán dentro de unas semanas. Es la fórmula habitual, ya que cuando se emite sentencia los pormenores, entre ellos el montante de la operación, se detallan pasado algún tiempo.

La compañía suiza registró el caso ante el Ciadi a finales de 2018 junto con su socio español Tubo Sol PE2. Desde entonces, ambas empresas, defendidas por el despacho Allen & Overy, han tratado sin éxito de conseguir una compensación económica del Estado por el recorte de las primas a las renovables. El origen de la disputa se remonta a 2012, cuando la empresa decidió utilizar las ayudas al sector para construir en Murcia el proyecto Puerto Errado II, una de las mayores plantas termosolares del mundo.

El tribunal concluyó el procedimiento el 12 de diciembre. Un mes después se dictó la sentencia, que incluyó un voto particular de Nilsson. Fuentes financieras subrayan la preocupación que existe en el Gobierno con respecto a los laudos de las renovables. La inquietud se acentuó a principios del año pasado, cuando algunos fondos enviaron cartas a las grandes agencias crediticias para que penalizasen a España por acumular una deuda millonaria.

Las resoluciones favorables a las compañías ascienden a 26 y el montante con el que nuestro país debe indemnizarlas a 1.600 millones, a los que habría que sumar los gastos de demoras y la cantidad dedicada a los abogados. Otra docena de casos siguen aún esperando resolución, por lo que la cuantía podría aumentar considerablemente. Nuestro país se resiste a abonar las indemnizaciones, lo que supone que comparta el liderato con Venezuela como el país con más laudos pendientes de pago.

Embarga de activos

La negativa del Gobierno a pagar llevó a algunas empresas a elevar la cuestión a los tribunales ordinarios. Reino Unido y Australia decidieron embargar activos españoles para contrarrestar los impagos. Entre los inmuebles más relevantes destaca el Instituto Cervantes de Reino Unido o la sede del Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres. A eso hay que añadir el daño a la reputación del país.

El origen de la situación se remonta a 2007, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. Las compañías alegaban que la reforma legislativa del gobierno del PP reducía la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables.

Ese escenario propició que los inversores acudiesen a la corte de arbitraje internacional para denunciar. Desde entonces se han presentado 52 arbitrajes por los que los perjudicados pedían reclamaciones por valor de 10.000 millones. Para no pagar, el Gobierno apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria al entender que las cláusulas de arbitrajes internacionales son incompatibles con el derecho de la UE.

La Comisión Europea anunció en julio su intención de abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo multilateral que ofrece seguridad jurídica a los inversores del sector energético. No obstante, los países miembros de la UE han asumido en los últimos años numerosas indemnizaciones similares a las que ahora se reclaman a España. Polonia zanjó el expediente Achmea desembolsando casi 4.000 millones de euros; Alemania pagó 1.365 millones para saldar el caso Vattenfall y Rumanía desembolsó unos 200 por el caso Micula.