Los fiscales del Supremo acuerdan investigar a Puigdemont por terrorismo en Tsunami
La junta de fiscales descarta el informe elaborado por Redondo, en el que contemplaba desórdenes públicos
Carles Puigdemont durante una comparencia en Bruselas. | Europa Press
La junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo lo tiene claro: hay que investigar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo. En una reunión tensa, la mayoría de los 15 representantes del Ministerio Público han abogado este martes por elevar el caso Tsunami Democràtic al alto tribunal, como sostiene el juez instructor. Manuel García-Castellón propone imputar a una docena de personas, entre ellas el expresident catalán y el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, ambos aforados. La decisión llega horas después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desmintiera haber dado instrucciones a Álvaro Redondo, el fiscal encargado en el Supremo.
En un clima de gran división interna, la junta de fiscales ha enmendado las conclusiones de Redondo, que en su informe rechazaba imputar a Puigdemont por un delito de terrorismo y, por tanto, elevar las actuaciones de Tsunami al Supremo, como solicitó García-Castellón. Según avanzan fuentes fiscales a THE OBJECTIVE, 12 de los 15 asistentes han apreciado delitos de terrorismo y 11 observan indicios para incriminar al expresidente catalán. Una opinión que choca con las conclusiones del fiscal en la Audiencia Nacional, que solo contempla desórdenes públicos.
Los representantes del Ministerio Público en el Supremo apoyan con esta decisión la exposición razonada que emitió García-Castellón en noviembre para que el alto tribunal continuara la investigación de Tsunami. Redondo queda fuera de la ecuación y no tendrá que realizar ningún nuevo informe. Será la teniente fiscal del Supremo quien resuelva las discrepancias entre los dos fiscales jefes de la junta. No obstante, la última palabra sobre si el alto tribunal asume la causa la tendrá la Sala de Admisiones.
El papel de Puigdemont
La reunión de este martes, que se ha extendido durante casi cuatro horas, se ha producido tras la polémica suscitada por las presuntas presiones que habría recibido el fiscal por parte de García Ortiz para que no apoyara la imputación de Puigdemont, extremo que ambos rechazan. Las informaciones periodistas revelan que Redondo preparó dos informes distintos y que optó por dar un giro a sus planteamientos.
El fiscal habría asegurado en un primer informe, fechado el 26 de enero, que las actuaciones de Tsunami y la presunta participación de Puigdemont tenían encaje como delito de terrorismo, por lo que instaba a abrir una causa en el Supremo. Sin embargo, según apunta El Mundo, el fiscal se retractó apenas 72 horas después, tras una reunión con García Ortiz el día 30.
En un nuevo informe concluyó que no se vislumbra un delito de terrorismo en los actos organizados por la plataforma como respuesta a la sentencia del procés en octubre de 2019 y que se trataban de meros desórdenes públicos. La opinión de Redondo coincide con la de Miguel Ángel Carballo, fiscal de Tsunami en la Audiencia Nacional, que días antes se pronunció en contra de implicar a Puigdemont en la causa ante la ausencia de indicios.
El fiscal del Supremo justifica su cambio de postura argumentando que el primer informe era «un borrador interno» y «un documento de trabajo, sin carácter de documento procesal». No obstante, El Mundo asegura que Redondo llegó a entregar el texto, de 63 páginas, a su superior, Fidel Cadena, que preside la junta de fiscales del Supremo junto a Joaquín Sánchez-Covisa. En un comunicado sin precedentes, García Ortiz ha negado rotundamente haber dado instrucciones a su subordinado.
Redondo rechaza presiones
Un escenario que también desmiente Redondo, que ha afirmado en una carta que no recibió «siquiera la mínima sugerencia». El fiscal del Supremo rechaza haber cambiado de opinión. Eso sí, reconoce que se reunió con García Ortiz el 30 de enero. Durante el encuentro, asegura que adelantó a García Ortiz el sentido de su decisión. «El fiscal general se dio por enterado verbalmente sin darme ninguna instrucción y no consideró necesario recibir, como le ofrecí y era totalmente procedente, siquiera una copia de dicho borrador», insiste en una misiva.
El juez García-Castellón, que instruye Tsunami en la Audiencia Nacional, elevó en noviembre una exposición razonada al Supremo para pedir que continuara la investigación por presuntos delitos de terrorismo contra Puigdemont y otras 11 personas. Ante la ausencia de otro fiscal, de baja, el caso recayó por reparto en Redondo, que debía pronunciarse sobre si el expresidente catalán, aforado por su condición de eurodiputado, tenía vinculación con la plataforma que organizó las protestas tras la sentencia del procés, alguna de ellas violentas.
Redondo, que lleva más de dos décadas como fiscal en el Supremo, forma parte de la mayoritaria Asociación de Fiscales. Se define como conservador y ha sido uno de los miembros del Ministerio Público más beligerantes con la política de García Ortiz. De hecho, se ha mostrado públicamente en contra de la ley de amnistía, aún en trámite parlamentario. Así se desprende de los cuatro artículos que ha escrito en La Razón, donde afirma que, desde el punto de vista jurídico, «no cabe duda de la inviabilidad constitucional». Antes ya se había opuesto a leyes como la de Memoria Democrática o la del aborto.
