Un grupo de fiscales acusa a García Ortiz de reinterpretar el reglamento en su beneficio
Consideran que, en virtud de la normativa, debe convocar a los fiscales de Sala cuando surge una discrepancia
El fiscal general este miércoles en Barcelona. | Toni Albir (EFE)
La tormenta que desencadenó la junta de fiscales del martes sigue activa. No solo eso, amenaza con convertirse en un huracán. Representantes del Ministerio Público acusan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de reinterpretar el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al dejar en manos de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, el informe que fijará la posición de la institución sobre si se debe investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en Tsunami Democràtic. Creen que, según ese precepto, debería oírse a todos los fiscales jefe.
Una amplia mayoría los miembros de aquella junta de fiscales apreciaron delitos de terrorismo y observaron indicios para incriminar a Puigdemont, rechazando así el informe de Álvaro Redondo, que los rebajaba a meros desórdenes públicos. Los representantes del Ministerio Público apoyaron con su decisión la exposición razonada que emitió en noviembre el juez instructor, Manuel García-Castellón, que solicitó al Supremo que continuara la investigación.
Entre los pocos apoyos que obtuvo Redondo, el de Joaquín Sánchez-Covisa, uno de los fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Supremo. Las diferencias de criterio con el otro fiscal jefe, Fidel Cadena, abocó a una decisión salomónica. El Ministerio Público, una profesión totalmente jerarquizada, dispone de fórmulas para contrarrestar esas discrepancias. García Ortiz optó por pasar la pelota a Sánchez Conde, que es la encargada de redactar el nuevo informe. Así lo decidieron los cuatro fiscales jefe de Penal del Supremo.
Revuelta de fiscales
Un buen número de fiscales considera que se trata de una solución «equivocada» porque supone «reinterpretar el reglamento en su beneficio». El artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su segundo apartado, establece que los fiscales adscritos a las secciones de la Fiscalía del Supremo deben celebrar juntas de sección presididas por el fiscal de Sala. En los casos que estén en contra de la opinión de la mayoría «resolverá el fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal o la junta de fiscales de Sala según el ámbito propio de sus respectivas funciones».
«Esa redacción significa que García Ortiz debe reunir a todos los fiscales jefe de Sala: los del Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional», indica un fiscal con décadas de experiencia que prefiere mantener el anonimato. Otro compañero alega que ese artículo concreto alude a que sean los fiscales de la máxima categoría de las tres que existen en la carrera los que deban resolver el conflicto: «El precepto es claro: se debe oír al Consejo Fiscal o a la junta de fiscales de Sala. Esto es, todos los jefes».
Los fiscales discrepantes consideran que dejar en manos de Sánchez Conde la redacción del informe final sobre Tsunami supone realizar una lectura torticera del reglamento. Algunos sostienen que el precepto utilizado se ha usado muy poco (no recuerdan siquiera un precedente), pero advierten de que la junta de fiscales celebrada el martes puede suponer un quebradero de cabeza para García Ortiz, ya que los fiscales jefe están estudiando si actuó conforme al Estatuto por el que debe regirse.
«En caso de no ser así, los fiscales de Sala reclamarán ser oídos. Lo harán mediante un escrito a García Ortiz, pero si no son atendidos pueden interponer un recurso. Se puede liar parda», admite otro fiscal con una dilata carrera. Considera que solicitar el informe final a Sánchez Conde supone pervertir el reglamento, ya que se debería dar voz a los fiscales jefe. «Es lo que marca el artículo 24. De esa decisión se deduce que todo está controlado para exonerar a Puigdemont».
Una estrategia diseñada
Asistentes a la junta de fiscales del pasado martes sugieren que se trata de una estrategia perfectamente diseñada para que el informe final dependiera directamente de García Ortiz. O de una subalterna. Concretamente, la persona que le amadrinó hace unos meses, cuando volvió a ser nombrado fiscal general del Estado a pesar de ser la primera vez en la historia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazaba la idoneidad de un candidato.
Sánchez Conde fue ascendida a teniente fiscal del Supremo por Dolores Delgado en mayo de 2022. Pertenece, como ella, a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), por lo que muchos compañeros creen que defenderá las tesis de Redondo para declinar que se investigue a Puigdemont, como ya sostiene el fiscal encargado de la Audiencia Nacional. Una decisión diferente sorprendería a los fiscales consultados. No se le ha delimitado un plazo para entregar el informe, pero todas las partes coinciden en que estará listo en cuestión de días.
«De su elección se deduce que está todo controlado», insiste otro miembro del Ministerio Público. García Ortiz ha negado este miércoles desde Barcelona que la institución esté maniobrando para salvar a Puigdemont. Ha insistido en la necesidad de unificar criterios después de que el fiscal en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, concluyera que faltan indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo.
El fiscal general ha pedido que dejen trabajar a Sánchez Conde después de que su intervención haya levantado sospechas de algunos miembros de la junta. Entre los fiscales más críticos se encuentra Salvador Viada, que votó a favor de investigar a Puigdemont. Considera inaceptable que el informe definitivo quede en manos de la teniente fiscal del Supremo, número dos de García Ortiz. No obstante, su dictamen no es vinculante: la última palabra la tiene la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo.
«Un 155 encubierto»
Durante una entrevista en Onda Cero, Viada ha cargado contra García Ortiz por hacer «un 155 encubierto» a la decisión mayoritaria de la junta de fiscales. Ha relatado que, antes de la reunión, que se extendió casi cuatro horas, un compañero le avisó de que existía la intención de aplicar el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. «Ya se sabía que iba a haber discrepancias» y que se iba a activar dicho precepto para casos de discrepancias. Estaba lloviendo sobre mojado.
La polémica se originó a principios de semana, cuando una información periodística reveló que Redondo preparó dos informes distintos y que optó por dar un giro a sus planteamientos tras reunirse con el fiscal general. Un escenario que ambos descartan. Según El Mundo, el fiscal del Supremo aseguraba en un primer informe que las actuaciones de Tsunami tenían encaje como delito de terrorismo. Se retractó apenas 72 horas después, tras una reunión con García Ortiz el día 30.
En un nuevo informe concluyó que no se vislumbra un delito de terrorismo en los actos organizados por la plataforma como respuesta a la sentencia del procés en octubre de 2019 y que se trataban de meros desórdenes públicos. Redondo justificó en la junta de fiscales su cambio de criterio argumentando que el primer informe era «un borrador interno» sin ningún valor procesal y que mudó su parecer al trabajar sobre el texto. La explicación no ha convencido a la mayoría de sus colegas.
