La Junta reprocha a Griñán que no pida perdón ni devuelva el dinero para conseguir el indulto
Los servicios jurídicos alegan ante la Audiencia de Sevilla que aún no ha recuperado la cantidad defraudada por los ERE
La Junta de Andalucía exige a José Antonio Griñán que pidan perdón y devuelva la cantidad defraudada. Sus servicios jurídicos han presentado este martes los informes que habían requerido la Audiencia Provincial de Sevilla por el indulto solicitado por el expresidente andaluz y otros siete condenados por el caso ERE. El letrado alega que la administración autonómica aún no ha sido resarcida con la cantidad que se menoscabó a las arcas públicas. El Gobierno regional presentó en agosto una denuncia de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas, aunque considera poco probable recuperar el dinero porque muchos encausados se están declarando insolventes.
El letrado de la Junta ha presentado los textos poco antes de las 14.00 horas. El contenido regatea posicionarse sobre el indulto a Griñán y al resto de condenados, cuya última palabra compete al Gobierno. Aunque los informes emitidos por la administración autonómica no son vinculantes, complica la medida de gracia, ya que indica con claridad que aún no ha recuperado las cantidades defraudadas, que ascienden a 680 millones de euros.
La Audiencia Provincial de Sevilla solicitó la semana pasada a la Junta de Andalucía que, como parte perjudicada, emitiera su parecer sobre el indulto que habían solicitado el expresidente andaluz y otros siete condenados por el caso ERE. Como adelantó este diario, la institución regional iba a argumentar que aún no había sido resarcida. El abogado, a través de un recurso de súplica, considera que no debe pronunciarse sobre la solicitud porque no es perjudicada en este caso ni está personada en la causa.
Recurso de Griñán
En el recurso, el abogado de Griñán solicitó este lunes a la Audiencia de Sevilla que rectificara su decisión de pedir a la Junta un pronunciamiento sobre los indultos porque la administración andaluza no es perjudicada y subraya que tampoco se le reprocha en la condena al expresidente que haya incurrido en perjuicio ni se le reclama responsabilidad civil. El texto también tilda de «improcedente» que tanto la Audiencia Provincial como la Fiscalía apoyen la decisión de que la Junta se pronuncie.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado que no es partidario de los indultos «y menos aún de condenados por corrupción». No obstante, considera que un juez puede aplazar un ingreso en prisión, como ha ocurrido con Griñán. El viernes, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, adelantó que la Junta de Andalucía iba a seguir peleando «hasta el último euro». El dirigente del PP reiteró que la petición que hizo la Audiencia de Sevilla era «un tema estrictamente jurídico» y lo desligó de la política.
Sanz insistió en la necesidad de recuperar el dinero esquilmado a los andaluces y aseguró que continuaría exigiendo que se depuraran responsabilidades. La sentencia de los ERE eleva a 680 millones de euros el agujero que sufrió esta región por las ayudas concedidas de forma fraudulenta a diversas empresas por sus expedientes de regulación de empleo. El letrado de la Junta de Andalucía ha explicado a la Audiencia de Sevilla que el 7 de agosto se presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por presunta responsabilidad contable, aunque por apenas un 10% del total de la cantidad.
«Hay debilidades en la petición (de indulto)», ha remarcado este martes el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en alusión a que no ha existido arrepentimiento ni devolución de las cantidades defraudadas ni por parte de Griñán ni del resto de condenados. El dirigente popular se ha mostrado pesimista respecto a recuperar el dinero, ya que muchos de los encausados se están declarando insolventes.
Regatea la prisión por enfermedad
Griñán, de 77 años, fue condenado por la Audiencia de Sevilla a seis años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos en noviembre de 2019 en el caso ERE. El Tribunal Supremo ratificó la sanción en julio de 2022. El expresidente andaluz reveló ese diciembre que padecía un cáncer de próstata diagnosticado «de alto riesgo», lo que le impedía tratarse en la cárcel. Es el único condenado que no ha ingresado en prisión, ya que el tribunal sancionador decidió en junio suspender la pena durante cinco años.
Para entonces, el exdirigente socialista ya había solicitado el indulto. Como parte del trámite, la Audiencia de Sevilla pidió al letrado de la Junta de Andalucía a través de una providencia que expresara su opinión sobre la medida de gracia. El informe se ha presentado este martes antes el tribunal sancionador, que debe remitir sus conclusiones al Ministerio de Justicia, a quien compete la decisión.
Los informes de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía contradice la versión que dieron en 2016, cuando aún gobernaba el PSOE. Entonces afirmaron que no existió una trama criminal ni se creó un procedimiento específico para eludir controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE. Desaconsejaba, por tanto, acusar a Griñán, Manuel Chaves (su predecesor), y al resto de antiguos altos cargos procesados, para los que la Fiscalía solicitaba penas de prisión e inhabilitación.
El expresidente andaluz solicitó la medida de gracias después de que el Supremo ratificara la sentencia en julio de 2022. Era un requisito necesario para comenzar los trámites. El Gobierno reconoció el pasado octubre que tramitaba el indulto para el exdirigente socialista y otros ocho condenados por el caso ERE, pero advirtió de que hacerlo no significaba que se fuese a conceder, ya que era el trámite habitual. El departamento que entonces lideraba Pilar Llop dirigió nueve oficios a la Audiencia de Sevilla para solicitarle un informe sobre la petición.