El informe de la teniente fiscal abre una vía para poder investigar a Puigdemont por terrorismo
Sánchez Conde no descarta el delito, pero advierte de que por el momento no existen pruebas suficientes
Carles Puigdemont comparece en el Parlamento Europeo bajo la atenta mirada de Sánchez el pasado diciembre. | Ronald Wittek (EFE)
El delito de terrorismo persigue a Carles Puigdemont como un fantasma. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, rechaza investigar al expresidente catalán en Tsunami Democràtic, pero no cierra el caso. Se inclina porque la Audiencia Nacional siga investigándolo, ya que no descarta que cometiera dicho ilícito penal u otro diferente, sino que los indicios para imputarle son insuficientes por el momento. Si el líder independentista acaba imputado no podría beneficiarse de la ley de amnistía con su actual redacción. La norma encara su recta definitiva, después de que Junts votara en contra y forzara a una nueva negociación en el Congreso.
Tras una intensa polémica, Sánchez Conde remitió el informe definitivo de la Fiscalía el pasado jueves a la Sala Segunda del Supremo, cuyos magistrados tendrán la última palabra. El documento da respuesta a la exposición razonada que remitió el juez que instruye el caso Tsunami en la Audiencia Nacional. Manuel García-Castellón solicitó en noviembre imputar a Puigdemont y al parlamentario de ERC Rubén Wagensberg, ambos aforados, por delitos de terrorismo, pero la teniente fiscal del alto tribunal considera que, de momento, esa acusación carece de indicios.
La sombra del terrorismo sobrevuela el informe de Sánchez Conde, aunque evita nombrarlo en un complicado ejercicio de contorsionismo. La teniente fiscal descarta en su informe, que no es vinculante, que el Supremo tenga competencia para instruir el caso Tsunami y solicita devolverlo a la Audiencia Nacional «a fin de agotar la investigación». Esa posición deja abierta una vía para que el expresidente catalán pueda ser acusado en el futuro por el delito que le imputa García-Castellón.
El papel de Puigdemont
La número dos de Álvaro García Ortiz aboga por seguir investigando. No descarta que las actuaciones de Puigdemont estén relacionadas con un delito de terrorismo, pero indica que faltan indicios. Si el caso avanza y se encuentran, el expresidente catalán podría acabar imputado. «A juicio del Ministerio Fiscal, en este momento procesal no existen indicios que permitan afirmar que participase en la fundación o planificación de las acciones de Tsunami Democràtic», subraya el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Es la tesis central del informe, que da un tirón de orejas a García-Castellón al afirmar que «la exposición razonada no ha venido precedida de una investigación suficiente para tener acreditado que Tsunami Democràtic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».
Sánchez Conde sostiene en su dictamen, de 31 páginas, que el delito que imputa García-Castellón a Puigdemont es haber formado parte de la plataforma que organizó las protestas, algunas de ellas violentas, tras las sentencia del procés en octubre de 2019. La teniente fiscal reconoce que la naturaleza de esta organización requiere la integración de «una pluralidad de partícipes», pero destaca que a los investigados, aforados o no, no se les achaca su participación directa ni «que incitasen o planificasen dichos gravísimos incidentes».
«Respecto de esta organización nada se especifica en la exposición razonada, desconociéndose todo de la misma, su estructura, sus integrantes, la jerarquía o línea de mando existente, el reparto de funciones. Todo ello imposibilita o cuanto menos dificulta individualizar los hechos atribuidos a cada uno de los investigados ya sean aforados o no, en cuanto a su encuadre en la susodicha organización», subraya Sánchez Conde en su informe, donde tampoco descarta que Tsunami fuese un grupo terrorista.
«Líder absoluto»
La teniente fiscal reconoce que ese escenario comporta «una enorme dificultad para llegar a conclusión alguna con relación a la conexidad de los hechos y la inescindibilidad de la causa para, entre otras finalidades, evitar el conocimiento incompleto de lo acaecido y la posibilidad de fallos contradictorios». Para aumentar la inquietud de Puigdemont, el informe destaca la gravedad de unos delitos que no especifica y que «son susceptibles de ser subsumidos en diversos tipos penales».
«La naturaleza delictiva de las acciones ejecutadas bajo el paraguas o cobertura de Tsunami Democràtic no puede ser puesta en duda y ha quedado constatada», añade Sánchez Conde. Su tesis no coincide con la que defendieron la mayoría de los miembros de la Junta de fiscales celebrada el 6 de febrero, que consideran que la plataforma es una organización terrorista y que Puigdemont fue «su líder absoluto». El expresidente catalán tacha estas acusaciones de «delirantes y manipuladas».
Los miembros de la Junta de fiscales tumbaron el informe redactado por Álvaro Redondo, que exoneraba a Puigdemont. Las discrepancias de los dos fiscales jefes, Fidel Cadena (que actuó en el juicio del procés) y Joaquín Sánchez-Covisa, derivó el caso a la superior jerárquica, Sánchez Conde, algo que soliviantó a varios fiscales, que alertaron de una estrategia para que el informe dependiera directamente del fiscal general.
Sus sospechas se basaban en que la intervención de la teniente fiscal buscaba «salvar» al expresidente catalán y dificultar que la causa se elevara al Supremo. Una vez que han visto el informe, algunos de ellos se han sorprendido de los argumentos de Sánchez Conde, que abre la puerta a investigar a Puigdemont por terrorismo en el futuro. Así lo indican varios abogados penalistas consultados, que reconocen que, en los términos actuales, la ley de amnistía no garantiza que el líder de Junts pueda beneficiarse.
El nerviosismo también se han instalado en el entorno de Puigdemont, que considera que el informe de Sánchez Conde no le exonera definitivamente del delito de terrorismo. La oposición política considera que detrás de esa sensación se esconden las presiones para que se modifiquen diferentes cuestiones de la redacción de la norma, que Junts votó en contra en el Congreso el pasado 30 de enero para ampliar el plazo de la negociación.
