La Justicia exige al Gobierno revelar cómo repartió Illa su megacontrato de 2.500 millones
El Ministerio de Sanidad sigue sin detallar cuatro años después quiénes fueron los beneficiarios de su mayor contrato
'Caso Koldo' | Archivo
Un juez de la Audiencia Nacional ha requerido al Gobierno una extensa lista de documentos y pruebas en relación a uno de los principales y más polémicos contratos de la pandemia: el acuerdo marco de 2.500 millones de euros que el ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente de esa cartera, puso en marcha a finales de 2020 con el supuesto propósito de acabar con las millonarias adjudicaciones a dedo de material sanitario. Un ‘megacontrato’ que acabó siendo un fiasco y del que a día de hoy es imposible saber exactamente cuánto dinero se acabó ejecutando ni tampoco cuáles fueron las cantidades percibidas por cada una de las empresas que resultaron seleccionadas. Entre ellas se encontraba la zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, utilizada presuntamente para el cobro de comisiones ilegales en el caso Koldo García, principal asesor durante la pandemia del ministro José Luis Ábalos.
Ante la opacidad de las adjudicaciones concedidas a través de aquel acuerdo marco, como adelantó este diario el pasado mes de diciembre, una de las empresas seleccionadas presentó una demanda que ha sido admitida por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional. Su titular ha dictado un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en el que admite las pruebas periciales y documentales presentadas por la compañía demandante, Kaelis World, para exigir 2,6 millones de euros en daños y perjuicios presuntamente cometidos por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas por el fiasco del acuerdo marco de 2.500 millones de euros puesto en marcha por Illa.
Se trata de un procedimiento judicial paralelo y distinto a la causa por la que el juez Ismael Moreno y la Fiscalía Anticorrupción investiga al exasesor personal de Ábalos y otras dos decenas de personas, entre empresarios y familiares de García Izaguirre, por el presunto cobro ilegal de comisiones en la venta de mascarillas. Como otras de las empresas que participaron en el acuerdo marco, Kaelis había realizado una fuerte inversión en stock y logística para cumplir con las exigencias del acuerdo marco.
Kaelis fue una de las compañías seleccionadas en uno de los distintos lotes que formaban el acuerdo marco de Illa pero, según su demanda, acabó perdiendo 2,6 millones de euros invertidos porque ninguna administración le acabó comprando sus productos a través del acuerdo marco puesto en marcha por Illa. En dos de los lotes de ese acuerdo marco también resultó seleccionada la UTE conformada por Soluciones de Gestión y Ferrovial Servicios, a pesar de que sus mascarillas tenían un precio seis veces superior al de otros competidores. Fuentes de Ferrovial afirman que esa UTE tampoco consiguió llevarse ningún contrato marco. Sanidad oculta hasta ahora los datos concretos. Según los cálculos de empresas del sector, apenas se ejecutó un 6% del total de los 2.500 millones de euros del acuerdo marco.
El juez pide cuentas a Sanidad
En el auto, al que ha tenido acceso este diario en exclusiva, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional exige al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) «que certifique el número de contratos de productos incluidos en los lotes 1 y 7 del Acuerdo marco de suministro de material necesario para hacer frente al covid-19 con miras al Sistema Nacional de Salud». Tras admitir parcialmente la demanda, el juez quiere tener datos concretos de cuánto dinero se acabó entregando a través del acuerdo marco convocado por Illa, quiénes fueron los beneficiarios y por qué se siguieron priorizando los contratos a dedo por delante de este megacontrato que buscaba acabar con la opacidad de las adjudicaciones para el suministro de material sanitario a las administraciones.
De ahí que otra de las principales pruebas que la Audiencia Nacional solicita al INGESA en este procedimiento contencioso-administrativo es que aclare cuánto stock de mascarillas se había almacenado en la Reserva Estratégica Nacional del Ministerio de Sanidad cuando se puso en marcha el megacontrato de 2.500 millones de euros. Esa reserva nacional es la que usó el Gobierno central para gestionar el reparto del material sanitario comprado a dedo al inicio de la pandemia a empresas desconocidas con sede social en china o a otras como la zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que se llevó 53 millones de euros en contratos de gobiernos del PSOE que ahora están bajo el foco de Anticorrupción en el caso Koldo.
Exceso de mascarillas a dedo
En su demanda, Kealis aportó documentos que acreditan que las comunidades autónomas le informaron de la razón por la que no les interesaba convocar licitaciones bajo las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco del Ministerio de Sanidad es porque no había escasez de mascarillas en aquellos momentos. E incluso, añade la demanda, alguna consejería autonómica llegó a reconocerles que el Ingesa, de forma sorprendente y a pesar de haber convocado el acuerdo marco, seguía suministrando a las regiones cantidades importantes y gratuitas de mascarillas.
El requerimiento enviado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas podría aclarar si el fiasco del megacontrato de Illa está relacionado -como reveló este diario- con el hecho de que, mientras estuvo en marcha el acuerdo marco mecanismo público para el suministro centralizado y regularizado de material sanitario, el propio Ingesa toleró que misteriosas empresas radicadas en China entregaran, con meses e incluso más de un año de retraso, decenas de millones de mascarillas que ese organismo había adjudicado a dedo durante el estallido de la pandemia a un precio muy superior al que marcaba el propio Ingesa como valor máximo unitario de mercado cuando el material sanitario llegó a España.
Mascarillas más caras
Un ejemplo es el caso de HongKong Travis Asia Limited, que recibió algo más de 200 millones de euros como adjudicataria dos de los 13 contratos -firmados el 28 de marzo y el 8 de abril de 2020- por los que hay tres exaltos cargos del Gobierno imputados (dos exdirectores generales de Sanidad y otra alto cargo del ministerio de Hacienda), investigados por presuntos delitos de malversación.
Según los expedientes de esos dos contratos, investigados por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid a raíz de una querella interpuesta por Vox, las cerca de 58 millones de mascarillas pagadas por adelantado y en dólares a la firma china en abril de 2020, no terminaron de llegar e España hasta un año después. Los dos últimos lotes, compuestos por poco más de 240.000 mascarillas FFP3, fueron entregados en mayo de 2021. Uno de ellos acabó en Asturias y el otro, en Canarias. Dos comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.
El Ingesa las pagó a 5,1 euros la unidad (IVA incluido), mientras el propio organismo de Sanidad establecía por quel entonces, en el Acuerdo Marco para las Comunidades Autónomas, un precio límite casi cinco veces inferior al que pagó por las mascarillas FFP3 de HongKong Travis Asia Limited. A esa y otras empresas se les pagó por adelantado. Por el contrario, a las sociedades que fueron admitidas para poder concursar desde finales de 2020 en las licitaciones públicas del Acuerdo Marco del Ingesa, como Kaelis, se les exigió cumplir con una serie de requisitos que se habían omitido en los contratos a dedo.
