Los sindicatos se rebelan contra el ministro Bolaños por discriminar a 33.000 funcionarios
CCOO y STAJ anuncian nuevas movilizaciones y califican de «traición» el acuerdo salarial alcanzado
Félix Bolaños, en el centro, con los representantes de CSIF y UGT. | Raúl Salgado (Moncloa)
La mayoría de sindicatos están en pie de guerra contra Félix Bolaños, pero también contra sus compañeros de CSIF y UGT. El motivo: el acuerdo que han alcanzado para subir el sueldo a los funcionarios de Justicia de las regiones de ámbito no transferido. Esa fórmula deja sin incremento a 33.000 trabajadores que desempeñan sus labores en territorios con competencias transferidas. CCOO ha calificado el pacto de «impresentable» y STAJ lo tilda de «traición». Ambos han anunciado nuevas movilizaciones a las que se podrían sumar las organizaciones sindicales de Galicia (CIG) y País Vasco (ELA).
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Bolaños, ha firmado este jueves el acuerdo con CSIF y UGT. El resto de sindicatos denuncia que el pacto deja fuera al 70% de estos funcionarios. La subida salarial será de entre 165 y 250 euros al mes, muy lejos los 450 euros que reclamaban. Eso sí, solo beneficiará a 12.000 empleados, aquellos que desarrollan su labor en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla.
El acuerdo también favorecerá a los funcionarios de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Registro Civil y los juzgados centrales. Todos los territorios que no tienen las funciones transferidas. Bolaños ha subrayado su relevancia porque «pone fin a un conflicto que llevaba tiempo bloqueado». Un extremo que niegan los sindicatos que no se han sumado al pacto, que consideran que el problema continúa y ya planean nuevas movilizaciones.
Bolaños cierra el conflicto
«Desde hoy todo el capital humano del sector se centrará en llevar a la práctica las importantes reformas aprobadas para transformar el servicio público de Justicia», aseguró Bolaños este jueves, tras rubricar el acuerdo con los representante de CSIF y UGT. Sin embargo, no ha explicado por qué solo beneficiará a los funcionarios que prestan servicio en las regiones de ámbito no transferido. Este diario ha preguntado sin éxito a miembros de su gabinete, que se circunscriben a las palabras del ministro.
La medida ha indignado a los sindicatos que se han opuesto al acuerdo porque Bolaños lo ha enmarcado dentro de las nuevas leyes de eficiencia de la Justicia, donde entran todos los funcionarios, independientemente del territorio donde trabajan. STAJ defiende que se trata de un cuerpo nacional, por lo que la subida debe ser igual para todos. El problema, sostienen en una nota a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, es que el ministro ha dejado «que cada ámbito se las apañe».
«Bolaños ha negado financiar a las regiones con competencias asumidas. El verdadero objeto es la transformación organizativa y tecnológica de la Administración de Justicia, y eso se va a desarrollar en todo el Estado, por lo que el incremento debe ser igual para todos», insiste José Luis Fernández Alaya, portavoz de STAJ. Las comunidades autónomas con competencias delegadas habían rechazado asumir el coste del aumento salarial. Algunas de ellas incluso solicitaban que el Gobierno se hiciera cargo por tratarse de un cuerpo nacional.
Fernández Alaya lamenta que CSIF y UGT hayan «traicionado» a más de 33.000 funcionarios de Justicia al firmar un acuerdo que «elimina de un plumazo cualquier aspiración de incremento salarial». El sindicato que representa se pregunta por qué estas dos organizaciones han aceptado «esta estrategia sucia del Ministerio de Justicia» y qué han obtenido a cambio «dejando a los compañeros literalmente tirados».
«Maniobras para dividir»
«La gente está muy enfadada», reconoce Fernández Alaya. El portavoz de STAJ ha avanzado nuevas protestas ante la sede del ministerio que preside Bolaños. La primera, la próxima semana. CCOO también participará en las movilizaciones para denunciar «la traición al personal de Justicia de toda España que ha supuesto el acuerdo alcanzado». El sindicato que dirige Unai Sordo considera que todas las reivindicaciones siguen vigentes, por lo que el conflicto continúa.
CCOO considera que CSIF y UGT han entrado «en bandeja de plata» a Bolaños una victoria ante la opinión pública. Denuncia que el Ministerio de Justicia utiliza «todo tipo de maniobras para intentar dividir a los sindicatos» y considera de «especial gravedad» que dos de los sindicatos convocantes de la huelga que comenzaron hace ahora un año «se hayan entregado a la calculada y perversa estrategia del ministerio».
«El acuerdo solo beneficia a los funcionarios de Justicia de ámbitos no transferidos para ahorrar dinero. De esa manera solucionan el conflicto a bajo coste. Es un atropello», lamenta Luis Calero, portavoz de CCOO. En su opinión, el Gobierno ha tomado «una decisión injusta y discriminatoria», aunque eso no implica que sea ilegal. STAJ, en cambio, estudia llevar el asunto a los tribunales. Considera que se ha vulnerado el principio de igualdad y el derecho a una negociación colectiva.
CCOO denuncia que el acuerdo es el resultado de «un auténtico chantaje al que han sucumbido CSIF y UGT». Desde su punto de vista, los dos sindicatos que han pactado con Bolaños «han malbaratado el esfuerzo económico y personal que soportaron miles de compañeros». Eso sí, el aumento será progresivo: a partir de la nómina de mayo se cobrará el 50% con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y a partir del próximo año se cobrará el total de lo acordado.
Meses de huelga
Los funcionarios de Justicia iniciaron el conflicto en abril del año pasado, aunque decidieron posponer los paros en junio ante la inminencia electoral. Reclamaban un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes «en concordancia» con el incremento retributivo pactado con los letrados de la Administración de Justicia.
El Gobierno se comprometió a subirles el sueldo cuando Pedro Sánchez fue investido. Las mesas de negociación comenzaron apenas dos meses después, el 10 de enero, aunque no incluían el incremento retributivo, por lo que algunos sindicatos consideran que se ha realizado «por la puerta de atrás».
