El juez que investiga los casos 'Voloh' y 'Negreira' recibe un falso paquete bomba
El objeto contenía un temporizador eléctrico sobre un bolsa que simulaba ser una carga explosiva
Imagen del falso paquete bomba. | EL MUNDO
El magistrado del Juzgado Número 1 de Instrucción de Barcelona, Joaquín Aguirre, recibió el pasado jueves un falso paquete bomba en la sede judicial en la que trabaja. El juez Aguirre se encuentra investigando dos causas sensibles en Cataluña: el caso Voloh, en la que se busca esclarecer una posible relación entre el independentismo catalán y Rusia, en la que los separatistas intentaban lograr el apoyo de este país para alcanzar la independencia; y el caso Negreira, en la que se indaga posibles pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral, José María Enríquez Negreira.
Según ha adelantado El Mundo y ha confirmado THE OBJECTIVE, el falso paquete bomba, interceptado por los Mossos d’Esquadra, contenía un temporizador eléctrico sobre un bolsa que simulaba ser una carga explosiva. Fuentes judiciales han informado a Europa Press que los Mossos d’Esquadra han presentado una denuncia al respecto y que está pendiente de repartirse a un juzgado que se encargue de la investigación.
El juez Aguirre ha sido el blanco del independentismo catalán desde que comenzó la instrucción de la causa, ya que consideran que ejerce un papel que se extralimita a sus funciones. El juez mantiene que Puigdemont y su entorno tuvieron contactos con altos cargos del Kremlin con el objetivo de impulsar una alianza estratégica para desestabilizar a la UE. Además, apunta a que varios miembros del entorno del expresident se acercaron a individuos de nacionalidad alemana e italiana relacionados con la extrema derecha.
De hecho, el propio Puigdemont acusó al juez Aguirre de reabrir una «causa delirante» cuando decidió prorrogar seis meses más la instrucción de la trama rusa del procés que se investiga como parte del caso Voloh. En la causa además del expresidente fugado también están siendo investigados su jefe de oficina, Josep Lluís Alay; la exresponsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas, y el informático Jaume Cabaní, entre otros.
El magistrado alargó la investigación sobre los contactos entre el entorno de Puigdemont y Rusia «dada la extraordinaria complejidad de la causa y la abundante documentación por revisar». El escrito se conoció apenas 24 horas antes de que se produzca votase la ley de amnistía en el Pleno del Congreso, algo que enardeció a los independentistas. La investigación trata de desentrañar el papel que desempeñó Rusia para desestabilizar la UE.
Aguirre puso el énfasis en la reuniones que habría tenido Puigdemont y su entorno con emisarios del Kremlin en otoño de 2017, justo antes de que estallara el procés. El juez consideró «procesalmente necesario» que las fuerzas de seguridad del Estado investiguen «el soporte que pudo haber dado Rusia al proceso de independencia de Cataluña a cambio de unas concretas prestaciones en pago por tal ayuda». Entre ellas, realizar una legislación favorable para la proliferación de la criptomoneda.
El entorno de Puidemont
El magistrado solicitó en el auto que se comprobase la veracidad de la información extraída de las escuchas telefónicas, una decisión que tomó en contra del criterio de la Fiscalía. Aguirre pone el foco en los datos extraídos del terminal de Terradellas, detenido en mayo de 2018 en la Operación Estela, que investiga el fraude de subvenciones públicas. Una detención que, según subrayó el juez, le dejó «marcado e inutilizado como contacto», por lo que fue sustituido por Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont.
«Los contactos con altas estancias del Kremlin se llevaron a cabo tanto antes de la supuesta declaración de independencia como después de ella, cuando Terradellas no era el punto de contacto ruso», insistió en el auto. En el escrito, de apenas ocho páginas, Aguirre sostuvo que los contactos entre los emisarios de Putin y los independentistas existieron antes y después de octubre de 2017.
El auto insistía en que, al examinar los mensajes cruzados entre Terradellas y un emisario ruso a principios de 2018, «se puede observar que los contactos debían ser de muy alto nivel dado que se intuye que Terradellas sabe que va a comenzar la invasión de Ucrania por Rusia». En otro mensaje, el empresario catalán que asesoraba a Puigdemont corroboró la existencia de Nikolay Sadovnikov, el presunto enviado del Kremlim, «ya que dice conocer que los servicios de inteligencia lo han fotografiado entrando en el Palau de la Generalitat el 27 de octubre de 2017», día que el Parlamento de Cataluña votó la resolución unilateral de independencia.
Los chats también confirmaron los viajes de Terradellas a Moscú para tratar con altos cargos del Kremlin, indicaba el auto. Se mencionaba también la pretensión de que le acompañe una personalidad catalana que no se especifica, a fin de explicarle los ofrecimientos que hace Rusia a Cataluña.
Legislar sobre las criptomonedas
Los investigadores tienen en su poder diferentes mensajes entre Terradellas y el empresario catalán Jordi Sardá, con fuertes vínculos en Rusia. En esas comunicaciones, recogidas en el auto, se mencionaba la llegada de importantes cantidades de dinero ruso para financiar el procés. El juez cree que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar «una legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos» y concluye que Putin tenía interés en el procés por su propósito de «desestabilizar la UE».
Así lo corroborarían las escuchas a David Madí, antiguo asesor del expresident Artur Mas, y el empresario de Xavier Vendrell, considerado como uno de los máximos dirigentes de Tsunami Democràtic. En una de las conversaciones, Vendrell dice a Madí que el propio líder de Junts le había informado de sus intenciones: «Puigdemont me habló mucho de la criptomoneda (…) tenemos que ir para aquí».
El auto insistía en que los líderes independentistas estaban diseñando el Banco Central Catalán para garantizar la soberanía monetaria y financiera de un Estado independiente. De hecho, la exconsejera catalana Elsa Artadi ya declaró ante al juez que Puigdemont le encargó hablar de criptomonedas con emisarios rusos antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Tuvo varias reuniones con unos interlocutores que, aseguró, estaban preocupados por la financiación de una república independiente y ofrecieron pagar la deuda pública a cambio de una legislación sobre este tipo de divisas.
El comité europeo que investiga la injerencia de Rusia y otras potencias extranjeras para desestabilizar a la UE ya alertó a finales de 2022 al Parlamento Europeo de las maniobras de Putin para influir en Cataluña durante el otoño de 2017 y en los años posteriores. Nicolás de Pedro, profesor emérito del Institute for Statecraft de Londres, detalló en un informe al que tuvo acceso este diario, el nivel al que estuvo involucrado el Kremlin en la cuestión independentista, así como los contactos estrechos de emisarios rusos con Puigdemont y otros mandatarios nacionalistas.
